La sanidad postergada (Crítica a la actuación del Gobierno en este ámbito), de Carlos Ponte en La Nueva España
El Gobierno de coalición PSOE e IU, después de tres años de legislatura, ha representado una decepción para los que demandábamos - seguramente una amplia mayoría- políticas de consolidación y mejora del sistema sanitario público. Un sentimiento de frustración que se ha venido a sumar a las expectativas incumplidas de una gestión más democrática y accesible generadas con el todavía reciente traspaso de las competencias sanitarias.
Cierto es que las encuestas del barómetro sanitario colocan al sistema sanitario de Asturias en un lugar privilegiado en cuanto a la satisfacción de los usuarios, pero no se debe confundir el aprecio de la ciudadanía por la red pública, con probada capacidad asistencial, con el ejercicio de la responsabilidad de gestión o con la voluntad y la capacidad para afrontar las deficiencias reales del sistema sanitario y los problemas que existen en la salud de los asturianos, como ha desvelado un reciente informe del Ministerio de Sanidad y Consumo.
No resulta fácil hacer la crítica de la autoridad sanitaria en Asturias (Consejería, direcciones generales, Sespa) porque somos conscientes de que las cosas van peor, o mucho peor, en otras comunidades autónomas (Valencia, Madrid o La Rioja) en donde se promueven desde el PP políticas contrarias a los intereses del sector público (léase «bien común») mientras que Asturias, como es obvio, no se han seguido este tipo de estrategias. Tampoco es una crítica grata por su indefectible personalización, aunque ha de quedar claro, en todo caso, que la amonestación a los directivos sanitarios es política, no prejuzga el esfuerzo individual y no pretende cargar sobre sus espaldas toda la responsabilidad de cuestiones que, en su mayoría, vienen de atrás y tienen actores e implicaciones diversas. Nadie, pues, reclama fórmulas mágicas o soluciones inmediatas.
Lo que se reclamaba de un Gobierno de coalición de izquierdas era trabajar con rigor en las listas de espera y no continuar con el recurso perverso de las peonadas; era derogar el gerencialismo estéril y apostar por el buen gobierno de las instituciones; era abrir el sistema sanitario, en fin, a la participación comunitaria en vez de poner en marcha un nuevo simulacro de los consejos de salud.
Se confiaba en que un Gobierno de izquierdas tuviera otra perspectiva, otra visión de la salud comprometida con la prevención, la promoción y el autocuidado; contraria al consumo individual y acrítico de recursos sanitarios o a la ciega hegemonía de la cura. Pero, la realidad es que el plan integrado de salud, que debería de ser la referencia y el eje de las políticas de salud, ha sido un mero tramite rápidamente confinado a un cajón.
Después de tres años, ningún síntoma apunta en la dirección esperada. La autoridad sanitaria, cada día más desdibujada, ha retrocedido en cuestiones como la posibilidad de establecer la dedicación exclusiva en el sistema público o en los programas y la organización de la salud pública.
La política del Gobierno en el ámbito sanitario se ha limitado al control del gasto desde una orientación típicamente de «ajuste económico»: congelar inversiones y adoptar medidas de ahorro, en general, cicaterías como no cubrir las sustituciones... En realidad, políticas carentes de eficacia y de racionalidad que no permiten saber que se gasta en lo necesario y no en lo innecesario, que no apoyan la evaluación de las tecnologías para indicar sólo las coste-efectivas, que no favorecen los genéricos y el uso racional de los medicamentos, y, en suma, que no controlan a la farmacia y la tecnología, como principales causantes y beneficiarios del incremento de los costes...
Cierto es que sí se han dado pasos hacia el nuevo Hospital Central (la gran promesa electoral del PSOE), pero su desarrollo es incierto, con conflictos entre los propios equipos directivos, sin la energía y los apoyos que demanda una estructura hospitalaria que pretende ser referencia dentro y fuera de nuestro medio. Al paso que vamos, el nuevo Hospital se regirá por el reglamento vigente 15/87. Esto es, un nuevo edificio en una vieja atención especializada.
Otro proyecto en marcha, con gran alarde publicitario, es un nuevo plan informático, subcontratado con una empresa privada. Una importante inversión económica que no es posible evaluar a estas alturas y del que, pese a su importancia, no podemos olvidar que es tan solo un instrumento de comunicación al servicio del sistema sanitario. Cabe mencionar, asimismo, el compromiso de construir un nuevo hospital en Mieres. Visto desde la planificación sanitaria es un error, lo lógico sería reforzar Villa como hospital único de las Cuencas y crear en Mieres un centro de consultas especializadas con el dimensionamiento que se estime, incluso de referencia regional. Si el objetivo (totalmente legítimo) es mantener empleo y actividad laboral en la comarca, sería más razonable, por poner un ejemplo, derivar los servicios centrales del Sespa y de la Consejería a Mieres. Es mucho más sensato convertir a Mieres en la capital administrativa de la sanidad de Asturias que construir un nuevo hospital. Estamos, por tanto, ante un buen ejemplo de cómo la presión política y social -con la inexistencia de cauces de participación como telón de fondo- niegan la evidencia demográfica y la racionalidad en la planificación y el ordenamiento de los recursos sanitarios.
Queda un año de legislatura y aunque lo habitual es que este período se dedique a la política de gestos y de renovación de las promesas electorales, no debemos de dejar pasar el último tren de la legislatura. El Gobierno está a tiempo de invertir en salud. Todavía se puede reconvertir el Hospital del Oriente en un hospital público a todos los efectos, iniciar el debate sobre la tan esperada y necesaria ley de ordenación de los servicios sanitarios, poner en marcha las incompatibilidades o reforzar los equipos de Atención Primaria (la pieza angular del sistema sanitario) con mas recursos y más capacidad de resolución.
El no-hacer de estos tres años ha tenido profundos efectos desmovilizadores sobre todo el sector sanitario, la pasividad ha caído como un espeso manto sobre políticos, sindicatos, profesionales..., pero hay que advertir que bajo esta quietud aparente suelen emerger conflictos y estallidos imprevistos. El caso de la radioterapia es un buen ejemplo y la consecuencia lógica del olor a cloroformo que impregna a todo el sistema sanitario. Son tiempos en los que como decía el conejo de Alicia en el país de las maravillas: «vamos tan despacio que si no corremos mucho, lo fácil es quedarse atrás».
Carlos Ponte firma esta escrito junto con Consolación Arranz, Carmen Antuña, Benito Otero, Manuel Matallanas, María Antonia Candás y Félix Ayo en nombre de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias.
