La cuenta atrás ya ha empezado. En poco menos de un mes, en concreto el próximo 20 de junio, prescriben los más de 2.500 millones de euros que debería haber ingresado el Estado en concepto de impuestos procedentes de la afloración de dinero negro, afloración que se produjo principalmente entre el primer y el tercer trimestre de 2001.

Según los cálculos realizado por los Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) a partir de datos del Banco de España, el dinero negro aflorado hasta diciembre de 2001 ascendió a 10.970 millones de euros, “lo que podría suponer un impago de impuestos de 2.534 millones de euros, sin incluir en el cálculo los correspondientes intereses de demora ni las sanciones”, explica José María Mollinedo, vicepresidente de GESTHA.

“La falta de medidas al respecto por parte de la Agencia Tributaria implica una política de ojos vendados y supone conceder la exención fiscal de hecho a todos aquellos que blanquearon dinero con la entrada del euro. Lo que nosotros pedimos a las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda es que nos habiliten para que podamos iniciar inmediatamente las inspecciones de los contribuyentes que presentan más riesgo, especialmente aquellos que blanquearon dinero negro en el sector inmobiliario”, comenta Mollinedo.

De hecho, y aunque tan sólo queda un mes para que prescriban los pagos, la Ley Tributaria permite interrumpir este plazo durante todo un año para realizar inspecciones. De ahí que los técnicos de Hacienda hayan solicitado en reiteradas ocasiones a la Administración la posibilidad de seleccionar a los contribuyentes que tengan mayor riesgo de impago para inspeccionar sus declaraciones. Por el momento, el silencio ha sido la respuesta recibida por GETSHA ante esta petición.

La AEAT se cruza de brazos

Por otra parte, los técnicos de Hacienda también ponen de manifiesto la ineficacia de las actuaciones de la Agencia Tributaria para controlar el blanqueo de dinero negro. “A principios de 2001 decidió no estrechar el cerco sobre el blanqueo. Cristóbal Montoro prefirió facilitar lo máximo posible la introducción de la moneda única y la salida de la antigua”, comentan.

Y añaden que “quienes poseían millones de pesetas en billetes B, pudieron hacer el cambio al ‘euro negro’ paulatinamente, de forma espaciada en el tiempo si iban a la misma sucursal o acudiendo a distintas entidades, de tal manera que Hacienda no pudo detectarlo”. La cantidad máxima para que la entidad no pidiera un justificante de quien realizaba el cambio era de 2,5 millones de pesetas hasta el 1 de julio de 2002, cuando la peseta ya no se podía canjear sin dejar rastro.

Tampoco funcionó el Plan de Control de 2002, ya que en la Memoria de la Agencia Tributaria de ese año no consta el importe descubierto en operaciones de colocación de dinero oculto con motivo de la entrada en vigor de la divisa europea, mientras que en la Memoria de 2003, simplemente figura que, gracias a un equipo de "estudios" de investigación del fraude, "se han elaborado informes y se han realizado investigaciones y estudios sobre Inversiones importantes en inmuebles de segunda mano con anterioridad a la entrada del euro".