La noticia de la anulación del nombramiento del magistrado Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN), provocó anteayer algo parecido a un maremoto judicial en un océano ya de por sí bastante acostumbrado a las catástrofes, naturales y de las otras, de todo tipo. Que el pleno de la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Supremo, formado por 33 magistrados, votara por unanimidad en tal sentido, no deja de ser un hito en la Historia judicial española. ¿Y qué ha hecho de malo Bermúdez para que incluso los magistrados conservadores que le auparon al cargo le hayan abandonado en este trance?

Conviene aclarar que la anulación del nombramiento es consecuencia del recurso interpuesto en su día contra el mismo por otro magistrado de la AN que también aspiraba el cargo, José Ricardo de Prada, quien argumentó con solidez bastante que él mismo y algún otro candidato contaban con méritos preferentes sobre los de Bermúdez para presidir la Sala, sala determinante, por cierto, en la lucha antiterrorista, cuestión que ha dado pie a algunas interpretaciones en clave política de esta anulación.

Fuentes conocedoras de las interioridades del paquebote judicial indican, sin embargo, que más que una cuestión política se trata de un “ajuste de cuentas” entre clanes o poderes judiciales. En efecto, parece que en los últimos tiempos se habían venido produciendo una serie de nombramientos efectuados por el CGPJ –tal que el relativo a la presidencia de la Sala Segunda, donde por carambola salió Juan Saavedra Ruiz, como consecuencia de las discrepancias existentes entre vocales progresistas y conservadores en el seno del Consejo-, que habían ido creando un ambiente de profundo malestar en el Supremo, un “ya está bien: vamos a marcar nuestro territorio, para demostrarles a estos vocales del CGPJ que no pueden hacer cualquier cosa que se les antoje”.

Desde este punto de vista, Gómez Bermúdez habría pagado los platos rotos de ese clima de enfrentamiento entre ambas instituciones judiciales. La anulación de su nombramiento no parece que vaya a tener muchas consecuencias prácticas. La sentencia (cuando se redacte, porque lo del lunes fue deliberación y toma del acuerdo) retrotrae las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la selección de aspirantes, lo que quiere decir que el Consejo actual, integrado por los mismos vocales que en su día eligieron a Gómez Bermúdez, va a tener que volver a optar entre los mismos concursantes (Baltasar Garzón, Alfonso Guevara, Ricardo de Prada y Gómez Bermúdez) que compitieron en su día.

Y entra dentro de la lógica que se repita la misma votación que dio lugar a la elección de Bermúdez, puesto que no se ha producido ningún cambio entre los vocales del CGPJ. Máxime cuando, de acuerdo con una fuente judicial, “Bermúdez ha demostrado ser un tío eficaz, que ha puesto cierto orden en una Sala que Siro García había dejado manga por hombro”.

Otras fuentes, sin embargo, no estaban tan seguras de que las cosas vayan a producirse así. “Es cierto que Gómez Bermúdez tiene una clara connotación conservadora, porque fueron vocales nombrados por el PP quienes lo apoyaron (frente a un Garzón al que respaldaban los socialistas), pero ¿regresarán los del PP a la disciplina de voto o volverán dejarlo solo? ¿Por qué lo hicieron el lunes? ¿Solo porque la Sala Tercera del Supremo quería ponerle las peras a cuarto al CGPJ, a cuenta de sus discrecionalidades? Habrá que verlo”.

Lo que, en todo caso, un nuevo nombramiento a favor del magistrado Gómez Bermúdez llevaría aparejado es la necesidad de afinar mucho más a la hora de justificar esa reelección, cosa que antaño no hizo el CGPJ, es decir, obligará a motivarla adecuadamente. “De lo que se trata ahora es de vestir mejor el muñeco”, señalan las fuentes. ¿Serán suficientes los nuevos ropajes para evitar la irrupción en la carrera del inevitable juez campeador Garzón?