Sindicatos y SEPI han acordado un plan de supervivencia provisional de los cuatro astilleros españoles de inminente privatización, incluido el gijonés Izar-La Constructora. Es el acuerdo que salvaguarda la liquidación del sector.

Veamos el calendario de la desaparición. A los tres años, las empresas adjudicatarias de la privatización de cada astillero podrán reducir las plantillas con las que ahora se encuentren. A los cinco, podrán comerciar con los terrenos de las factorías, todas en privilegiada primera línea costera, como es el caso de Gijón.

Hasta dentro de diez años, la SEPI ofrecerá una colocación alternativa o indemnización a cada trabajador que sufra un despido colectivo o un despido individual improcedente. Los trabajadores de 52 años que sean despedidos podrán prejubilarse, y también los de 50, tras permanecer dos años en el paro.

Como ustedes pueden comprobar, queda todo apañadito para la desaparición del sector naval civil español. De hecho, estos plazos y condiciones pactadas por sindicatos y SEPI son lo más parecido que hemos visto, pero en pésimo, a los planes de la minería, aunque sin fondos mineros -o fondos navales, en este caso-, que cubran el agujero laboral y económico dejado en cada ciudad por cada astillero muerto, o que fomente industria alternativa a la desaparecida.

Dicho en plata: los sindicatos, una vez más, han amarrado el futuro individual de cada trabajador, pero han pasado olímpicamente de las consecuencias de este sacrificio industrial sobre el tejido industrial local, expresión cursi que, sin embargo, significa que por cada trabajador de un astillero hay tres o cuatro de una industria auxiliar. Y la SEPI, gracias a estos mansurrones interlocutores sindicales, podrá quitarse de encima este marrón que ella misma causó en parte. Mientras, todos los países europeos han ido salvando, mal que bien, sus astilleros. Aquí no se ha visto ni una sola medida para salvaguardar el sector, tan sólo se ha acordado el plan de la puntilla.