Soraya Sáenz de Santamaría acudió ayer al foro Tribuna Barcelona para defender el rechazo del PP al proyecto de Estatut que deberá ser ratificado por los catalanes el próximo 18 de junio. La secretaria de política autonómica de los populares abominó del texto prescindiendo, a un tiempo, del lenguaje agresivo con el que algunos de sus compañeros de dirección han hecho lo propio.

Al margen del Estatut, y en cuanto a las relaciones entre los diferentes niveles de poder institucional, Sáenz de Santamaría consideró que, si bien las comunidades autónomas deben ser tenidas en cuenta como parte integrante del Estado, hay que recordar que a estas les "ha faltado lealtad institucional" hacia el Estado en algunos casos. La diputada en el Congreso, que fue elogiosamente presentada por el presidente del PPC, Josep Piqué, pidió que se erradique la "desconfianza" autonómica en el Gobierno, que dijo haber apreciado en la ponencia del Estatut en el Congreso, donde --relató-- políticos catalanes pusieron el énfasis en que las competencias quedasen en manos de la Generalitat, pese a admitir que eso no implicaría siempre una mejor gestión.

LA TESIS DEL CONSTITUCIONAL

En la línea de la argumentación del PP, Sáenz de Santamaría criticó el texto del Estatut por intervencionista, farragoso y de dudosa constitucionalidad. En este punto, subrayó la conveniencia de que los catalanes puedan acudir a las urnas sabiendo si el proyecto, en caso de ser aprobado, se podrá aplicar sin problemas. En consecuencia, abogó por regresar al sistema del recurso previo, que permitiría que el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la naturaleza del Estatut antes del referendo.

En todo caso, vaticinó, el Estatut sólo puede traer decepciones. Para empezar, en el apartado de la financiación. Para la dirigente del PP "no está nada claro" que el nuevo sistema acabe aportando más dinero a las arcas autonómicas. Destacó que los máximos rectores del Ministerio de Economía, con su titular, Pedro Solbes, a la cabeza, no se sienten vinculados al nuevo sistema, por lo que, advirtió, "alguien está engañando a los ciudadanos".

LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS

Sáenz de Santamaría esgrimió su condición de liberal para rechazar el Estatut por lo que, denunció, considera a las personas en tanto que comunidad y no de forma individual. Como "ejemplo ridículo" de lo que tildó de "inflación de derechos superflua", la parlamentaria criticó que en el Estatut haya un artículo que destaca el "derecho al libre desarrollo de su personalidad" de "todas las personas" y que este coexista con otro artículo que atribuye la misma facultad a las mujeres. "Ergo, las mujeres no somos personas", concluyó irónica. En otro punto, agregó, el texto "concede la gracia" a las mujeres de participar en igualdad con los hombres en todos los ámbitos. "Eso es feminismo retro de salón", zanjó.

En contraposición a todo lo que denunció, Sáenz de Santamaría defendió la gestión autonómica de los gobiernos del PP. Desde 1996, recordó, el presupuesto de la Generalitat casi se ha triplicado, pasando de 1,7 millones de euros a los cinco millones de este año.

ANTICATALANISMO

"Catalunya no es este Estatuto", concluyó Sáenz de Santamaría, que lamentó la "pobreza intelectual" del argumento de que quienes atacan el proyecto lo hacen por su condición de anticatalanes. "Ya basta de tomar el nombre de Catalunya en vano. Ya basta de envolverse en su buen nombre para ocultar la ausencia de capacidad de gestión", reclamó, antes de defender un derecho "que no cita el Estatut": el derecho a discrepar.