El diario La Nueva España de hoy, publica en su sección de Gijón la segunda entrega dedicada al Caso Progea, en la que se da cuenta de la petición de la petición de comparecencia de la Consejera de Vivienda, Laura González, por parte de la diputada regional Ana Barrientos, a la vez que publica unas declaraciones de un portavoz -cuyo nombre no desvela- del Partido Comunista de España, que aclara que este partido nada tiene que ver con la gestión de este poderoso grupo inmobiliario, desde que en julio del año 2004, pocos meses después de las elecciones generales, un grupo de personajes vinculados al PSOE en el caso del presidente del grupo, y a Izquierda Unida -en otros muchos casos-, tomaron el control, tras arrebatárselo a Carlos Luján -ex secretario in illo tempore del PCE de Zaragoza-, manteniendo como delegado en Asturias a José Antonio Hevia Braña, coordinador del Área de Economía de IU en la presidencia colegiada de Gijón, fiel a la disciplina de Gaspar Llamazares, que todavía acudió como delegado al último congreso del PCA, en el que salió elegida secretaria general Noemí Martín, hija precisamente de la consejera de Laura González. Ese congreso está aún pendiente de la impugnación presentada por el PCE, una impuganación que se espera que se resuelva en las próximas semanas.
Manuel Loriente Ariza, presidente del Grupo Progea, fue el número cuatro al Congreso de los Diputados por el PSOE, en la circunscripción de Zaragoza, en las elecciones generales del año 2000. El diretor de la Fundación Progea, Pedro Olloqui Burillo, figuró en las listas electorales en el año 2004, en las candidaturas de IU, y aún hoy es miembro del consejo de administración de la Televisión Pública aragonesa, en representación de esta coalición política. Es decir, los máximos responsables de la Fundación y el Grupo Progea son personas vinculadas estrecha y activamente, al PSOE y a IU.
Los numerosos cargos políticos que ocupó y ocupa José Antonio Hevia Braña delegado de Progea en Asturias, son sobradamente conocidos para nuestros lectores, y su actividad polìtica resulta tan indiscutible, como su colaboración en el tiempo con Vicente Álvarez Areces, de cuya amistad se precia y presume públicamente, tal y como declaró a El Comentario TV, el propio Carlos Luján, el ex presidente de Progea que presentó la demanda en los tribunales, que nos confirmó que “Tony Hevia habla mucho con Areces, o al menos, eso dice”.
La expropiación de las parcelas de Poniente, es una de tantas operaciones con las que se expolío en Gijón a los legítimos propietarios del suelo, mediante una falsaria utilidad pública tramitada de manera irregular, para consguir beneficios de infarto. De momento les apuntamos unos datos para que se vayan haciendo una idea. La urbanización en Poniente la pagó Sogepsa, por lo tanto, allí todo fue para ganar. ¿Saben cuánto dinero ganó aproximadamente Progea con la promoción de los dos edificios barco de la promotora Prosein, que de las nueve promociones de Poniente lleva dos? Se lo vamos a decir con bastante exactitud: unos setecientos veinticinco millones de pesetas de cuando las pesetas eran pesetas.
Estas cifras de beneficios astronómicos, obtenidas con el urbanismo depredador, que utiliza la expropiación para asaltar la propiedad privada, en beneficio privado, con una supuesta y prevaricadora utilidad pública esgrimida como argumento para el expolio, explican la salida a la calle de millares de gijones de la zona rural, la inmensa mayoría de una gran modestia, que llevan años padeciendo el asalto de esta moderna versión de los sicarios de Luis Candelas, que disfrazados de benefactores de la humanidad, expolian lo privado, con el pretexto de lo público, para llevárselo caliente al bolsillo particular.
Progea es un grupo de empresas gestionado por gente del PSOE y de IU que en Asturias ha asaltado la caja del dinero público a fondo, utilizando para ello los mecanismos de la política más noble, con los objetivos menos confesables. La consejería que gestiona la vivienda en Asturias, que se trazó el objetivo de construir nada menos que dieciocho mil, está controlada por la consejera Laura González y Manuel Orviz, dos personajes que tienen una intensísima relación política con José Antonio Hevia Braña, y que como él, están en la órbita política de Gaspar Llamazares.
Se acaba de hacer el silencio sobre la gran polémica urbanística que abrió en Asturias la FSA con la divulgación de las cintas de Regino Canteli, con el senador Javier Sopeña y el presidente de la patronal de la construcción Serafín Abilio. La publicación en La Nueva España de las primeras entregas de un escándalo que conduce directamente a un presunto caso de financiación irregular de la política, ha obrado un auténtico milagro. Ahora todos callan.
Los mismos que se rasgaban las vestiduras ante las posibles actuaciones de Sopeña, interviniendo en la negociación de solares en el occidente de Asturias, parecen no tener nada que decir ante la presencia de un importante dirigente de IU al frente de un grupo inmobiliario controlado por políticos vinculados a IU y el PSOE, cuyo intensísimo trabajo en Asturias no se explica, salvo que ese grupo haya accedido a los solares que explota mediante algún tipo de influencia política. ¿En qué consiste el delito de tráfico de influencias? Pues precismante en eso. Si se confirmase que el señor Hevia Braña ha conseguido solares para su empresa mediante sus influencias políticas, se confirmaría la existencia de un grave delito de los contemplados en el Código Penal como "Delitos contra la Administración Pública". La derecha ya se ha pronunciado pidiendo la comparecencia de la consejera González ¿Van a permanecer en silencio las fuerzas políticas de la izquierda asturiana ante este gravísimo caso?
la nota publicada en La Nueva España de hoy, emitida por el Grupo Progea, poniendo a sus trabajadores como escudo de sus prácticas -que es lo que está en discusión, no su empleo-, resulta pateética, cuando afirma lo siguiente: "resultan personalmente dolorosas las penosas alusiones que se hacen desde su diario a un trabajador del gupo Progea, don José Antonio Hevia Braña, mezclando sus responsabiliades sociales y/o políticas con su trabajo profesional, del que todos tenemos la más alta valoración". ¿Quién mezcla el trabajo político de Hevia Braña con sus actividades inmobiliarias? ¿Él o los demás? Debe añadirse, para más datos, sobre esta mezla de funciones que podría resultar de naturaleza delictiva, que "el trabajador del grupo Progea", Hevia Braña ya superó su edad de jubilación, por lo que no es precismante para comer, por lo que se dedica a lo que se dedica, sino, siendo muy benignos, a llenar su ocio como jubilado, consiguiendo suelo para una empresa de Zaragoza, vinculada con su propio grupo político.

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