Los gobiernos democráticos pueden ser de distinto signo ideológico, nacionalistas o no nacionalistas, pero las Constituciones y los Estatutos de Autonomía, el bloque de la constitucionalidad, no.No pueden serlo porque su finalidad es estar por encima de los gobiernos y servir de marco para que cada uno de ellos, con independencia de su idelogía, pueda desarrollar su propio programa si así lo han querido los electores.
Si las Constituciones y los estatutos de autonomía no son fruto del consenso entre quienes tienen opciones reales de asumir el Gobierno y además no encuentran el apoyo de la mayoría de la sociedad, se convierten en normas provisionales, inestables, que duran lo que dura el Gobierno que las ha impuesto y que pueden traer consecuencias nefastas.

Quienes llevaron a cabo el proceso constituyente que condujo a la Constitución española de 1978, fueron conscientes de ello y consiguieron trasladar ese mismo espíritu de concordia a los Estatutos de Autonomía. Las reformas estatutarias que se han realizado desde entonces -excepto la catalana- han sido también pactadas entre PP y PSOE, los grandes partidos.

Pretender que un Estatuto de Autonomía, como el aprobado por el Parlamento andaluz, pactado exclusivamente entre las fuerzas políticas de izquierda, que sirve de coartada al nacionalismo catalán y vasco, sea el Estatuto de todos los andaluces, no sólo es un profundo error, sino que es, sin duda, un mal servicio al futuro de Andalucía.

Con un Estatuto sin consenso quien pierde no es el Partido Popular, quien pierde es Andalucía. Sin un Estatuto de todos, Andalucía habrá perdido lo más importante de lo que consiguió en 1981, lo fundamental: la unidad de todos los andaluces en torno a la autonomía, entendida como autogobierno constitucional.

El Partido Popular apuesta por un Estatuto de todos los andaluces para que Andalucía sea una comunidad de primera en la España Constitucional. Los andaluces no queremos ser palmeros de nadie.Lo que ahora toca a Andalucía es ser el contrapeso frente a los que quieren romper, a los que quieren que seamos desiguales, a los que nos niegan el agua de los trasvases y desean recortarnos la financiación.

El Estatuto del PSOE e IU no es el Estatuto que los andaluces merecemos. En Andalucía no teníamos ningún problema autonómico.Los andaluces en ningún momento hemos demandado la reforma de nuestro Estatuto.

De hecho, nuestro principal fracaso ha sido y es, el escaso cumplimiento de los fines del actual Estatuto, publicado en enero de 1982.Y la única responsabilidad es del PSOE, que lleva gobernando Andalucía casi un cuarto de siglo. Tras los sucesivos gobiernos socialistas, Andalucía sigue siendo Región Objetivo Uno de la Unión Europea y somos los últimos de España y Europa en renta, oportunidades y niveles de bienestar. Por eso, he dicho que para Andalucía era y es más urgente un cambio de Gobierno, un cambio de políticas, que una reforma estatutaria.

Los andaluces nos sentimos tan orgullosos de ser andaluces como de ser españoles, y nuestra mejor apuesta ha sido siempre el autogobierno constitucional. Para nosotros un Estatuto de primera en la España Constitucional no es aquel que denomina a Andalucía «realidad nacional», expresión que confunde a la mayoría de los andaluces que creen que la única realidad nacional es España, sino en hacer de Andalucía una «realidad política, económica y social» de primera, que influya en la España de todos. El señor Chaves, incumpliendo la palabra que dio a los andaluces, y a mi personalmente, ha optado por amparar las estrategias de Maragall, Carod-Rovira, Ibarretxe y, de Zapatero, quien cede ante ellos.

Un Estatuto de primera en la España Constitucional debe incluir garantías democráticas que hagan que, al menos, las elecciones autonómicas se celebren separadamente de cualesquiera otras, para que el debate político andaluz sea profundo y ocupe el protagonismo que merece. Debe reflejar también que, si los andaluces ven mermada su igualdad esencial de derechos y oportunidades en cualquier parte del territorio nacional, la Junta de Andalucía va a ampararlos y defenderlos. El PSOE e IU no lo han querido así.

Un Estatuto de primera en la España Constitucional debe contemplar que tengamos todas las competencias, siempre dentro del marco constitucional. Una Andalucía de primera no será posible en una España de segunda donde se imponga la asimetría, la insolidaridad y la desigualdad.

Un Estatuto de primera en la España Constitucional tiene que dejar claro que la financiación del Estado de las autonomías corresponde al Estado con el conjunto de las autonomías, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no a relaciones bilaterales y privilegiadas de algunas comunidades con el Gobierno de la nación que avalen que las regiones más ricas reciban más y las más pobres menos.

Para nosotros, un Estatuto de primera en la España Constitucional debe exigir también el desarrollo de la autonomía local. PSOE e IU han marginado a las corporaciones locales en la reforma.

En definitiva, lograr el consenso siempre es difícil, pero es ahí donde se demuestra la verdadera talla de un líder. Conseguir el apoyo de todas las fuerzas políticas andaluzas para la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía hubiese sido garantía de perdurabilidad para esta norma básica, prueba de un trabajo bien hecho y demostración de liderazgo. Sin embargo, esto tal vez fuera esperar demasiado de un presidente como el señor Chaves, que se ha limitado a pedir la adhesión de los demás a su pacto con Izquierda Unida.

Un Estatuto apoyado por el 100% de la Cámara andaluza hubiese sido lo deseable; un Estatuto apoyado por el 90%, fruto de un pacto PSOE-PP, hubiese sido, al menos, razonable; un Estatuto que sólo es apoyado por el 61%, como consecuencia del pacto con Izquierda Unida, y con casi el 40% de los representantes andaluces en contra, es a todas luces un fracaso, una vuelta a un pasado nada deseable -como la Historia se ha encargado de demostrar- y un profundo desconocimiento de lo que la sociedad andaluza está verdaderamente demandando.

Javier Arenas es presidente del Partido Popular de Andalucía.