Una lectura atenta del nuevo Estatuto de Autonomía, que se someterá a referéndum próximamente, indica que se ha puesto más atención en las cuestiones socioeconómicas que en el texto todavía vigente.Según algunas opiniones ello le confiere un carácter detallista y excesivamente prolijo. Pero yo entiendo que, así las cosas, es un intento de abordar una serie de problemas concretos que afectan directamente a la condición de las personas. Esta es una novedad con relación al Estatuto de 1979 que fundamentalmente se refería a las cuestiones institucionales y políticas en su más pura expresión. Lógicamente esta problemática (institucional y política) tiene su acomodo en la nueva sintaxis estatutaria, pero parece evidente su mayor vinculación con las cosas materiales.En ese sentido, vale la pena citar un ejemplo: el marco catalán de relaciones laborales como conjunto de las prácticas contractuales, disposiciones sociolaborales e institutos que regulan y gestionan las actividades del movimiento de los trabajadores, los sindicatos y las asociaciones empresariales. Es claro que el mencionado marco es, desde hace no poco tiempo, una realidad. Pero, dada su importancia, el hecho de que haya sido recogida en el texto le da un rango de notable relevancia.
Hasta donde yo tengo sabido, la posición que tomaron los agentes sociales (empresarios y sindicatos), y los buenos oficios que hicieron entre bastidores, fue importante para que CiU iniciara el camino de rectificación de su postura inicial con relación a la renovación estatutaria que, en un principio, era un tanto confusa. Naturalmente ni los sindicalistas ni los dirigentes empresariales alardearon de tales gestiones porque importaba que el Estatuto se encarrilara. En todo caso, en lo que se refiere a las organizaciones empresariales, esta actitud fue bien diferente con relación a 1979 donde se mezclaron el desinterés y el ponerse en contra. De manera que parece lógico, que Foment y Pimec, ahora, rematen la labor participando activamente en la campaña del referéndum.Tal vez un argumento que deban esgrimir los empresarios sea que, a partir de la presente, Cataluña cuenta con más instrumentos concretos, materiales, para su propia auto organización. En ese sentido, el pragmatismo (siguiendo la acepción que le da Rorty) no estaría en comparar el actual texto con el que aprobara el Parlament de Catalunya sino con la versión de 1979. Y, desde esa interpretación pragmatista, parece evidente el desencuentro entre los intereses concretos del mundo económico y aquellos que, desde la política, preparan sus bíceps contra la propuesta estatutaria.

Cuando el nuevo texto reconoce el papel que corresponde a los agentes sociales en la definición de las políticas públicas; cuando la Generalitat amplía sus funciones en el ámbito socioeconómico; cuando se fortalecen los instrumentos para la mejora de la competitividad y modernización de la economía catalana... ¿no estamos ante utilidades tangibles? ¿O es que se prefiere el empacho de las chucherías del esencialismo identitario? Y cuando el nuevo Estatuto sitúa un capítulo de derechos y deberes sociales, complementarios a los reconocidos por la Constitución, ¿se trata de pura farfolla? Que la derecha (en nuestro caso, poco ilustrada y disfrazada de noviembre para no infundir sospechas) le ponga la proa es algo que entra en la lógica. Pero que algunos no reconozcan los «valores republicanos» del nuevo texto es algo que o bien indica inmadurez o un torpe cálculo de futuro.