El chocolate del loro: la gestora del BBVA `asaltada´ por Evo tiene un valor en libros de 2,8 millones de euros, de Jesús Cacho en El Confidencial
La última iniciativa adoptada por huracán Evo contra el BBVA ha levantado en España una tormenta muy superior a la importancia del envite, evidencia del alto grado de sensibilización de la opinión pública española con todo lo que hoy llega de Bolivia. Hay que decir enseguida que, si bien nos hallamos ante un problema de indudable resonancia política, cuantitativamente no significa casi nada para el BBVA. AFP Previsión, la sociedad sometida al asedio de Morales, está valorada en libros en 2,8 millones de euros. El chocolate del loro. Y, además, las acciones que reclama no son propiedad del banco español.
Un poco de historia. El Gobierno boliviano, mediante la llamada Ley de Capitalización de 1997, decidió privatizar el 51% de las empresas públicas, incluidas las pensiones, que sacó a concurso tras dividirlas en dos mitades. Una fue adjudicada al entonces BBV, mientras la otra lo fue al también español Argentaria. Los adjudicatarios crearon a continuación dos gestoras de fondos (Administradoras de Fondos de Pensiones –AFP-), dando inicio al proceso privatizador. La fusión de ambas entidades en 2000 llevó a la autoridad de la Competencia de Bolivia a exigir que el nuevo BBVA se desprendiera de una de ellas, lo que hizo a favor del Grupo Zurich, a cambio de 19 millones de euros. El BBVA se quedó con AFP Previsión (54% del mercado).
La sociedad gestiona dos tipos de pensiones. La que podría llamarse ‘pensión libre’, por un lado, del boliviano que decide pagar una cuota mensual para poder cobrar una pensión cuando se jubile, dentro del esquema tradicional de un fondo de pensiones, y la de un Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) que el mismo Gobierno que privatizó en 1997 maquinó para poder asegurar, a su jubilación, un mínimo vital a los cientos de miles de bolivianos pobres de solemnidad que no podían costearse fondo de pensiones de ningún tipo.
El Gobierno encargó la gestión de dicho Fondo a las AFP, y para garantizar que el mismo iba a ser capaz de pagar regularmente un Bono Solidario (el llamado Bonosol) a los bolivianos que tenían más de 20 años en 1997, cuando se jubilen, adscribió el 49% de las acciones de las petroleras que a la sazón estaba privatizando al FCC, de modo que con la garantía de esas acciones, y con los dividendos producidos, tanto AFP Previsión como Servicios Financieros Zurich pudieran pagar religiosamente el Bonosol. Conviene aclarar que esas acciones no son una propiedad de la que los bolivianos puedan disponer libremente, sino de un patrimonio adscrito por ley al cumplimiento de un fin: cubrir la pensión y los gastos funerarios de sus beneficiarios, patrimonio administrado por las AFP, a las que se les ha encomendado esa tarea.
Y en esto llega el 1 de mayo, y Evo Morales sorprende al personal con el Decreto de nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, en el que ya se avanza que las gestoras de fondos de pensiones, AFP Previsión y Zurich, tendrán que devolver al Gobierno las acciones que gestionan y que, como se ha dicho, son propiedad del Estado boliviano. De inmediato, la gente del BBVA en Latinoamérica empieza a negociar (tarea que ha recaído en Ignacio Sánchez Asiaín, responsable del banco para América del Sur, ya instalado en La Paz) con el Gobierno Evo. En ello estaban, cuando el vicepresidente boliviano ha decidido cortar por lo sano, sin duda buscando un nuevo golpe de efecto capaz de aureolar entre la izquierda europea el viaje que actualmente realiza el propio Evo por distintas plazas de la vieja Europa.
Lo que hace ahora el Gobierno de La Paz es obligar a las AFP a transferir gratuitamente y en el plazo de tres días las acciones de las sociedades petroleras, y sólo de las petroleras, las más valiosas, que están en el FCC, a la recreada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPBF). Con ello priva a las AFP del respaldo que debe garantizar el pago del Bonosol. Tanto BBVA como Zurich arguyen que si esa transmisión no se hace con las garantías debidas, los perjudicados no serían tanto las AFP cuanto los bolivianos que tenían la expectativa de seguir percibiendo el Bonosol. Porque lo lógico sería adscribir al receptor de las acciones –YPFB- las obligaciones que la ley impuso a las AFP, es decir, el pago del Bonosol.
Las AFP no se oponen a la nacionalización de las empresas petroleras y a la entrega de las acciones, sino que piden que se haga de forma que no se perjudiquen las expectativas de los beneficiarios del Bonosol ni se exija luego el cumplimiento de obligaciones a las AFP que ya no pueden cumplir por carecer de los medios para ello. “La postura del BBVA es que estamos de acuerdo en entregar esas acciones, pero queremos garantías suficientes para no tropezar luego con problemas legales o fiduciarios. No vaya a ser que dentro de nada nos digan que tenemos que seguir haciendo frente al pago del Bonosol”, aseguró ayer una fuente del banco español. Y así están las cosas con el compañero Morales: calentitas.
