En los últimos cuatro días han recalado ilegalmente en Canarias, a bordo de los llamados ‘cayucos’, más de un millar de personas procedentes del Africa negra. Ante la mirada perpleja de los españoles, se repite una secuencia cuyo desenlace evoca siempre la misma socorrida metáfora de los palos de ciego. Y así seguirá siendo mientras nos empeñemos en aplicar recetas coyunturales para resolver un problema estructural (la miel y las moscas).

Frente a cada nueva avalancha migratoria el Gobierno se pone de los nervios, el PP aprovecha para arremeter de nuevo contra el ‘efecto llamada’ del ministro Caldera y los telediarios nos recolocan la imagen del africano agradecido por las atenciones del voluntario o el guardia civil. Se cubre el hueco correspondiente en el debate político y mediático, se anuncian nuevas medidas tras una reunión de urgencia en Moncloa y hasta la próxima.

En el epicentro del último clarinazo, el presidente canario, Adán Martín, queda a la espera de que Zapatero le reciba en Moncloa, el Ministerio de Defensa moviliza a tres patrulleras para vigilar la frontera en destino y una cuarta en origen –la frontera de Mauritania, en este caso-, amén de otras medidas económicas y diplomáticas.

Y en cuanto al principal partido de la oposición, el PP, en cuya etapa de Gobierno se disparó la general avalancha migratoria sobre España (como elogio de la prosperidad que irradiaba, y aún irradia, nuestro país, todo sea dicho), nos cumple levantar acta de que, por una vez, y ojalá siente un precedente, no se limita a reprobar todo lo que hace el Gobierno ni se queda en reprocharle el famoso proceso de regularización del año pasado.

Rajoy anunció ayer que la inmigración ilegal será uno de los ejes básicos de su discurso en el debate sobre el Estado de la Nación (30-31 mayo), en el que propondrá medidas concretas y varias líneas de actuación urgente. A saber: aplicación efectiva de los convenios de repatriación, lograr la implicación de la Unión Europea, reforzar las medios materiales tanto para la vigilancia como para el salvamento y la atención humanitaria, dotar de recursos suplementarios a policías y jueces para conseguir lo antes posible que todos los inmigrantes sean “legales”, extender a todas las islas del archipiélago canario, etcétera.

Es una pena que Rajoy y Zapatero no remen juntos en aplicación de esas medidas, de cuyo sentido común jamás renegaría el propio Gobierno. Pero así estamos. Según la doctrina oficial del PP, el Gobierno socialista ha convertido la inmigración ilegal en el principal problema de España a causa de su política de “papeles para todos”. Y según Moncloa, el Gobierno socialista lleva dos años tratando de arreglar el caos que heredó de los tiempos de Aznar.

Así no hay forma de avanzar hacia la reconducción de un problema común.