El socialismo tiene un problema 'genético', de José Luis Requero en El Mundo
Parte de la gestión del poder realizada por formaciones políticas de izquierda ha vulnerado referencias éticas esenciales en el sistema democrático, con una frecuencia que va más allá de lo episódico, al punto de crear cierta subcultura de la ilegalidad».Son palabras del entonces portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, pronunciadas el 7 de noviembre de 1996. Inauguraba el IX Congreso de esa asociación y se refería, obviamente, a los escándalos de los últimos tiempos de Felipe González al frente del Gobierno.
Las actas de aquel congreso dieron fe de sus ideas: «Desde 1989, la socialdemocracia pierde fuerza, se retrocede en cuestión de libertades, se generan culturas de sublegalidad y crimen». Y concluía Alonso con dureza: «Hay que distinguir entre los que se creen los Derechos Humanos y todo ese grupo de gentes a quienes sólo les aprovechan para conquistar parcelas de poder». Es difícil no estar de acuerdo ahora con aquellas palabras del hoy ministro de Defensa -y antes del Interior-, cuando se acaban de producir las detenciones ilegales de varios militantes del Partido Popular.
Unos hechos tan graves como los juzgados y sentenciados por la Audiencia de Madrid parece que nos devuelven a esa época de «cultura de sublegalidad y crimen» a la que se refería José Antonio Alonso.Espero y confío en que no sea así, que no estemos ante el renacimiento de unos modos y maneras que parecen resurgir -ojalá esté equivocado- cuando el socialismo llega al poder. Lo preocupante es que ya hay unos síntomas que muestran una recaída, una recidiva en las mismas patologías -y otras más- que valientemente denunciaba Alonso en el ya lejano 96. Y la cuestión es simple: ¿esto es accidental, es curable o se trata de algo congénito al socialismo español?
Será o no casualidad, pero con el socialismo en el poder se condena a policías; unas veces con la duda racional de si los abusos policiales tienen inspiración política, otras se les califica como acciones «de complacencia» hacia los mandos políticos -como dice ahora la Audiencia Provincial- y otras se declara probada esa inspiración, como con los GAL. Esta implicación fue negada siempre por los mandos políticos, lo que motivó la redacción de un duro manifiesto el 14 de enero de 1995, firmado entre otros por Alonso, en el que se decía que «carecen de toda credibilidad las afirmaciones del Gobierno de que no existe constancia de ninguna responsabilidad política en la creación de los GAL y, por consiguiente, tampoco en los crímenes que cometieron Resulta inadmisible que los gobernantes no reconozcan todas las responsabilidades que les conciernen». De nuevo, no se puede estar sino de acuerdo con lo expresado entonces.
Y hay más ejemplos de esa posible recidiva porque es llegar el socialismo al poder y empezar a peligrar derechos y libertades tan elementales como la de enseñanza, y lo que fue la LODE es ahora la LOE; es llegar al poder e incumplir pactos, y si el pacto constitucional respecto de la Justicia saltó por los aires en 1985, el de 2001 para la reforma de la Justicia ha sido expresamente arrumbado.
Y es que llegar al poder los socialistas y sentirse amenazada la independencia judicial es todo uno. Ahí está la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y ahí está la primera medida de política judicial de Zapatero: la llamada ley de los 3/5, obra de ingeniería jurídica -expresión que no es mía, sino del secretario de Estado de Justicia- para que una minoría próxima a sus postulados ideológicos -el 9% de la judicatura- cope el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. Ahí están la creación de los Consejos de Justicia autonómicos -el desastroso modelo de 1985 multiplicado por 17- o la futura Justicia de Proximidad. Seguro que un juez de proximidad como los que se proyectan jamás habría condenado a esos policías, no sólo porque van a ser jueces de confianza, sino porque, tal y como se prevén, dudo que vayan a saber algo de Derecho.
No la convicción, pero sí al menos tengo el temor de que sentencias como la de la Audiencia Provincial de Madrid o autos como el de la suspensión cautelar de la OPA sobre Endesa no le van a salir gratis al Poder Judicial. Y de nuevo, no lo digo yo, lo dijo en su día Alfonso Guerra. En 1984 el Tribunal Supremo anuló las órdenes del Ministerio de Educación que anticipaban para las subvenciones a centros privados, lo que luego fue el sistema de conciertos de la LODE. Guerra sentenció: Con este Tribunal Supremo no podemos gobernar y así vino la Ley Orgánica del Poder Judicial».
Traslademos esto al momento presente. Quizás haya quien piense que con unos jueces como los de la Audiencia de Madrid no se puede gobernar, pero sí con jueces como los futuros de proximidad o con los que se seleccionarán en los años venideros si se ejecutan los planes ya elaborados para la nueva selección de jueces y magistrados, tema sobre el que habrá que volver. Tampoco se puede gobernar con un juez de instrucción como el que instruyó la causa contra los policías condenados o como el que se empeña en hacerle la vida imposible a Otegi y Batasuna; de ahí que la centenaria figura del juez de instrucción se cuestione para que el Ministerio Fiscal asuma la instrucción y diga qué se investiga y qué no.
A diferencia del laborismo inglés o de la socialdemocracia alemana, da la impresión de que el socialismo español tiene un problema que nos afecta a todos. Parece que no sabe ejercer el poder sin que el Estado de Derecho se resienta, sin alterar las reglas del juego con reinterpretaciones que le permitan fijar unilateralmente las suyas, sin cuestionar libertades, sin incumplir pactos o sin que haya policías condenados.
Lo peor sería, generalizando las palabras de José Antonio Alonso en 1996, que esa «vulneración de referencias éticas esenciales en el sistema democrático», no sea algo aislado, luego sanable, sino que se dé con «una frecuencia que va más allá de lo episódico», lo que ya haría pensar en cierta anomalía genética del socialismo hispano.
José Luis Requero es magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial.
