Más responsabilidades políticas, de Cayetano González en El Mundo
La sentencia condenatoria a tres funcionarios policiales por la detención ilegal de dos militantes del PP, tras los incidentes acaecidos en la manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo el 22 de enero de 2005 en Madrid, de los que fue protagonista principal el entonces ministro de Defensa, José Bono, no puede saldarse, desde el punto de vista de la responsabilidad política, con la única dimisión del delegado del Gobierno en Madrid. Estamos ante uno de los hechos más graves de nuestra historia reciente en materia de libertades: la detención ilegal, sin pruebas, de dos militantes de un partido político. Detenciones «mirando al tendido», o de «complacencia», como las califica la propia sentencia.
Es metafísicamente imposible, conociendo el funcionamiento interno del Ministerio del Interior, que no fueran informados, antes de producirse esas detenciones, algunos o los tres siguientes cargos políticos del Ministerio: el director general de la Policía, el secretario de Estado de Seguridad y el propio ministro. Muy insensato tendría que haber sido el delegado del Gobierno para no elevar esa información a sus superiores jerárquicos, previendo, como así sucedió, el revuelo que iban a levantar esas detenciones.Por cuestiones de mucho menor calado, suena a cualquier hora del día o de la noche el teléfono del gabinete del Ministerio del Interior, que tiene localizados permanentemente a los altos cargos. Al final, por acción o por omisión, sin necesidad de haber dado la orden expresa de llevar a cabo las detenciones, sino simplemente por no haberlas evitado, resulta obvia la responsabilidad política de esos altos cargos.
La dimisión de Méndez tras conocerse la sentencia suena a medida cortafuegos para evitar que las llamas sigan hacia arriba. Ninguno de los tres altos cargos citados -ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía- deberían escudarse, como se han apresurado a hacer la vicepresidenta del Gobierno y el nuevo ministro del Interior, en que ya se ha entregado una cabeza política para no poner a disposición la suya propia. Demostrarían una actitud muy poco gallarda al permitir que el marrón se lo comieran en solitario los tres policías condenados.
Mención especial merece el protagonista central de los hechos que condujeron a las detenciones: el ex ministro de Defensa José Bono. No estuvo fino cuando, tras conocerse la sentencia, su reacción fue reiterar que había sido agredido e insultado, «como pudo ver toda España», dijo. Seguramente fue insultado -algo que tampoco es tan tremendo cuando uno acude sin avisar a una manifestación en la que se está pidiendo al Gobierno, del que uno forma parte, que no excarcele a sanguinarios terroristas-, pero lo que no sufrió fue agresiones, como la propia sentencia deja claro. Bono sobreactuó en los días posteriores a aquella manifestación, agigantó los hechos, y ése fue uno de sus grandes errores, como ha señalado un sindicato policial, el SUP, nada sospechoso de no ser afín al Gobierno. ¿Sería mucho pedir al ex ministro que tuviera el coraje de pedir perdón, tanto a la Policía como a la AVT, por los perjuicios causados por su actitud? Me temo que sí, que es pedirle demasiado.
El Estado de Derecho ha vuelto a funcionar bien, protegiendo los derechos y las libertades fundamentales de unos ciudadanos que asistieron a una manifestación y que no llevaron a cabo ninguna agresión. Los únicos agredidos, vilipendiados y pisoteados fueron ellos y la propia AVT. La depuración de responsabilidades penales de unos funcionarios policiales que se extralimitaron en sus funciones, que ejercieron un claro abuso de poder, es una buena noticia, pero no suficiente. Ahora es el momento de las responsabilidades políticas y éstas, en ningún caso, pueden quedar en un nivel intermedio como es el del delegado del Gobierno.
