Tres policías pagan los platos rotos de la ofensiva política del PP por el `caso Bono´, de Antonio Casado en El Confidencial
La sentencia, desproporcionada. La dimisión, lógica. Eso sugiere a bote pronto el desenlace judicial del ‘caso Bono’ (agresión, al menos verbal, a un ministro en el transcurso de una manifestación) y la posterior dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez. Todo, ayer por la tarde. En Madrid no se hablaba de otra cosa.
Primero, la sentencia. Se acata, se respeta, pero se recurre. En eso está la defensa de los tres policías condenados ayer por la Audiencia Provincial por detención ilegal, falsificación de documento y coacciones.
Trece años de cárcel y dieciséis de inhabilitación profesional, en total, por detener, interrogar en una comisaría y poner inmediatamente en libertad a tres ciudadanos. Parece excesivo. No niego la improcedencia de las detenciones, pero la desproporción entre la conducta de los policías y la cuantía de su penalización es brutal.
Lo mismo que los futbolistas disparan a puerta y no siempre meten el gol, los policías practican cientos de detenciones diarias en toda España que luego no van más allá. Cientos de detenidos que después son puestos en libertad sin cargos y no acaban ante el juez. El deber del policía en la prevención del delito no le obliga a acertar siempre, aunque sí le obliga a respetar los derechos de todos los detenidos.
Naturalmente, fueron respetados los derechos de estos dos detenidos y, tras una breve estancia en la comisaría, fueron puestos en libertad. ¿Entonces qué tenían de especial estos ciudadanos, Isidro Barrios y Antonia de la Cruz? Pues que eran militantes del PP y el objeto de la supuesta agresión era un ministro del PSOE. Acabáramos.
A partir de ahí, se entiende todo. El ministro Bono demostró tener la piel muy fina y el PP se excedió en la politización del caso. Ya tiene la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, que cometió la imprudencia de anunciar unas significativas detenciones antes de que se hubieran producido, lo cual ha acabado siendo decisivo en la condena a los tres policías. Ahora ha actuado en consecuencia. Su dimisión es lógica, en tanto acepta la pelea en el terreno político propuesto por el PP desde el principio (enero de 2005).
Menos lógico es que el tribunal procese las intenciones de los policías en base a las mencionadas declaraciones de Méndez. Ojo al parche. Por un lado, el presidente del tribunal y redactor de la sentencia, Miguel Hidalgo Abia –por cierto, ex inspector de policía-, reconoce que la actuación de los policías no fue sugerida por instancias superiores. Pero por otro, tiene la “leve sospecha” de que los vaticinios del delegado del Gobierno “pudieron haber influido en el proceder de ambos acusados”, quienes “se olvidaron de que son policía judicial”, “sirvieron a fines o criterios que son contrarios a la justicia e hicieron ciertas las afirmaciones del señor delegado del Gobierno en Madrid”.
Aquí reside toda la carga acusatoria contra los tres policías. Son condenados a un total de quince años de cárcel y dieciséis de inhabilitación porque el tribunal tiene la “leve sospecha” de que unas declaraciones de Méndez “pudieron haber influido” en su comportamiento como policías, a los que acusa claramente de haber actuado por motivos políticos. No me parece razonable, aunque, lo dicho, las sentencias se acatan pero se recurren.
