Se veía venir. Lo que reza en el preámbulo del Estatuto de Cataluña iba a tener un seguimiento casi unánime. Estaba cantado que daría pie a que algo muy similar se incluyese en la mayor parte de los estatutos que a partir de entonces serían reformados. Hemos pasado del famoso café para todos a la nación para todos. El fenómeno no ha hecho más que empezar.

En los primeros años de la transición hubo unas declaraciones de Tarradellas que soliviantaron a la nación de naciones, cuando el Honorable dijo que Cataluña, en materia autonómica, no podría ser tratada del mismo modo que Castilla-La Mancha. El escándalo fue mayúsculo. Y el asunto de fondo sigue estando ahí, entre otras cosas, porque por parte de los políticos y de la mayor parte de la opinión publicada no se quiere entrar en el fondo de la cuestión. Parece obvio que se convenga en que todos los ciudadanos de este país llamado España debemos tener los mismos derechos, esos que en democracia convergen en el concepto de ciudadanía. Habría que preguntarse si esos derechos inalienables del pueblo soberano sufren merma o, por el contrario, experimentan amplitudes por el hecho de que las instituciones garantes de tales derechos se ubiquen en Madrid o en la comunidad autónoma de turno.

Parece innegable que un ciudadano francés, Estado indiscutiblemente centralista, no goza de menores derechos por el hecho de que su región tenga menos competencias en materia autonómica que la inmensa mayoría de las regiones o pueblos de España.

Si la mayor parte de las CC AA son naciones, el despropósito, hiperbólico, podría llegar hasta el extremo de que la llamada Comunidad de Madrid también se declarase nación. El hecho diferencial básico sería -imagino- que doña Esperanza Aguirre, la muy docta presidenta, considerase como principal seña de identidad lo castizo, convirtiendo «La verbena de la Paloma» en el himno de esa nueva nación emergente.

Se vino hablando, errónea y demagógicamente, de los llamados «territorios históricos». Es erróneo porque -perdón por la insultante obviedad- todos los territorios de esta piel de toro tienen historia, hasta intrahistoria, que diría don Miguel de Unamuno. De entrada, no fue más que un eufemismo para designar a aquellos territorios que contaban con una tradición nacionalista y que, como tales, fueron tratados en la II República, si bien sólo el Estatuto de Cataluña llegó a entrar en vigor.

Nos encontramos lejos de haber alcanzado una democracia plena, entre otras cosas, porque el poder de los partidos cada vez es más abrumador. Y, además, el llamado Estado de bienestar no está ni mucho menos en su mejor momento. Que nos den listas abiertas, que se reforme la ley electoral, que dista mucho de reflejar la verdadera voluntad ciudadana desde el momento en que, ni mucho menos, todos los votos tienen el mismo valor traducidos a presencia parlamentaria, y que el ciudadano tenga una referencia clara de quiénes son sus representantes políticos.

Hágase memoria de la transición a esta parte. Parece irrefutable que en todos los lugares no hubo los mismos clamores pidiendo y exigiendo cuotas de autogobierno.

Una cosa es el conjunto de aspiraciones de un pueblo a poder sentirse y expresarse tal como es. Y otra muy diferente es, sería, convertir cada autonomía en una especie de reino taifa en poder de unos politiquillos mediocres y parásitos que encuentran ahí la ocasión de su vida como redentores de unas esencias patrias cuyo discurso, además de otras cosas, es inequívocamente advenedizo.

Van a permitirme que reproduzca un testimonio del que da cuenta Armas Marcelo en su libro «Los años que fuimos Marilyn»:
«Recuerdo cómo Adolfo Suárez fue explicando, mecanismo a mecanismo, error a error y pieza a pieza, a un Benet absorto y curioso ante la magia verbal de Suárez, las razones de alta política que hicieron necesario ese camino de las autonomías por donde al final se han colado las más excelsas mediocridades de la vida española en la actividad política contemporánea. (...) Clavero Arévalo no había sido más que un instrumento sintáctico de Suárez para cerrar el puzle sorprendente de las autonomías. Suárez dijo que los socialistas mantuvieron la teoría contraria de las autonomías antes del año 80. Eran, recuérdese, federalistas y, por tanto, todo lo contrario de lo que fueron después: autonomistas. Dijo que el centralismo español era, como todos sabíamos, el responsable máximo de los desequilibrios constantes entre las regiones y las reivindicaciones históricas de los distintos territorios de España. Dijo que todo se había cerrado mal, que España era una gran cicatriz a la que había que intervenir con una cirugía de guantes de seda. Y dijo que la autonomía, en todo caso, era un artefacto que iba a funcionar algunos años, quizá más de lo que pensábamos, pero que tal vez habría que "refundar" en futuro a España como Estado federal. "Depende de las circunstancias y de cómo vayan funcionando las autonomías, no sólo en la política, sino en la mentalidad de la gente", dijo Suárez».

Hay que preguntarse si, al emular el preámbulo del Estatuto catalán, vamos camino de un Estado federal o si estamos asistiendo a un nuevo «café para todos».

Lo primero tendría que tomarse muy en serio y sin excesivas prisas. Lo segundo sería un parche más, que no sólo dejaría de resolver el llamado problema territorial, sino que tampoco serviría para su objetivo en teoría más importante, es decir, para garantizar más y mejor los derechos ciudadanos, y no para más pasteleos entre profesionales de la política.