Irán constituye uno de los últimos escollos en la estrategia de EE.UU. y del G-8 en la región, que promueve la transformación de las relaciones políticas, sociales y económicas de un espacio geopolítico que abarca todo el norte de África hasta Pakistán. El proceso de reformas en torno a elementos como democracia, gobernabilidad, sociedad civil, etcétera, persigue implantar las condiciones favorables para la acumulación del capital global a través de la ampliación de los mercados y el control de los recursos energéticos. Esto consolidaría su hegemonía mundial frente a la emergencia de otras potencias como China o Rusia, que en los últimos años pretende recuperar su protagonismo en la escena internacional. Para ello, EE.UU. ha activado el apoyo financiero y político-militar a ciertos regímenes (Egipto, Jordania o Arabia Saudí), la penetración económica en el Cáucaso y las intervenciones militares directas (Afganistán e Iraq). En este último caso se han utilizado argumentos parejos para justificar estas operaciones: apoyo al terrorismo internacional y/o posesión de armas de ción masiva. La Administración Bush ha esgrimido la misma argumentación para integrar a Irán en el llamado eje del mal. Se le acusa de apoyar a grupos considerados terroristas, como Hezbollah o Hamas, y de acoger a miembros de Al Qaeda. También se le culpa de instigar contra el proceso de reconstrucción institucional en Iraq, puesto en marcha tras la invasión estadounidense. Por otra parte, se le acusa de estar desarrollando un programa de energía nuclear con fines militares, aunque Irán asegura que el enriquecimiento de uranio sólo persigue su uso civil.

LA REPÚBLICA ISLÁMICA de Irán es parte signataria del tratado de No Proliferación nuclear (TNP), que restringe la posesión de armas nucleares a sólo cinco países, precisamente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EE.UU., Rusia, Francia, Gran Bretaña y China). Pese a ello, hay otros tres países no firmantes del TNP y que disponen de armamento nuclear (India, Pakistán e Israel). Además, Irán también ha firmado (aunque sin ratificarlo) el protocolo adicional al acuerdo de salvaguardas, que otorga mayores poderes al OIEA para acceder a información sobre los planes e instalaciones nucleares. El descubrimiento por parte de los inspectores del OIEA de materiales para actividades de enriquecimiento de uranio no declarados ha sido el desencadenante de la crisis nuclear iraní. La iniciativa para la resolución del conflicto en estos últimos años ha sido liderada por el UE-3 (Francia, Gran Bretaña y Alemania), que ha apostado por la vía de la negociación: compromiso a una mayor cooperación europea en el ámbito económico (incluido su apoyo a la integración en la OMC) y en la transferencia de tecnología, a cambio de articular alternativas al programa de enriquecimiento de uranio iraní. Ante los escasos frutos obtenidos, la llegada a la presidencia de la república del populista Mahmud Ahmadineyad ha contribuido a disipar temporalmente una posible solución negociada al conflicto. Uno de los últimos capítulos de esta serie de desencuentros ha sido la decisión del OIEA de remitir al Consejo de Seguridad de la ONU el debate sobre el programa nuclear iraní, postura defendida por EE. UU. y también ahora por la UE. La respuesta de Irán ha sido reclamar al OIEA que retire sus precintos y le permita seguir con el desarrollo de su plan nuclear que reclama como sujeto a la legalidad por destinarse, según Irán, a generar energía para uso civil.

Las dinámicas en los últimos años marcan una fuerte penetración (militar y económica) en la región por parte de EE. UU. y la eliminación de los obstáculos que podían resultar hostiles a su estrategia de configur un nuevo gran Oriente Medio. Aunque de esta situación podría intuirse un cierto aislamiento de Irán en la escena internacional y, por tanto, de un sometimiento a los postulados estadounidenses, la reacción de las autoridades iraníes ha sido adoptar una postura de fuerza. Y ello no sólo obedece al populismo de su presidente, sino que tiene sus razones en otros elementos que han ido entrando en escena.

En primer lugar, la experiencia de la invasión de Iraq y sus elevados costes ha hecho que la estrategia del intervencionismo militar haya sido sustituida por la de la presión política. Otro factor es la creciente influencia de Irán sobre las sociedades civiles de algunos países de la región, descontentas con unos gobiernos que consideran sometidos a los intereses de Occidente, y que puede verse reforzada por la victoria de Hamas en Palestina, la fuerza de Hezbollah en Líbano y la reacción de Siria ante la presión internacional.

POR OTRO LADO, RUSIA Y CHINA han ido adquiriendo un mayor protagonismo en la definición de posibles vías de resolución al conflicto. Pese a las presiones de EE. UU. para que dejen de colaborar con Irán en el desarrollo de su programa nuclear, estos países han optado por una posición de equilibrio que les permita compaginar sus intereses geoestratégicos con el necesario mantenimiento de sus buenas relaciones con EE. UU. China y Rusia ocupan el 3. º y 5. º lugar respectivamente de las importaciones iraníes y, en el caso de China, constituye un destino muy significativo de sus exportaciones de petróleo. Además, ambos países son los grandes proveedores de tecnología y materiales para el desarrollo de su programa nuclear. De ahí que las reacciones de estos países ante la crisis haya sido de apostar por la vía de la negociación. Como el reciente acuerdo entre Irán y Rusia para el enriquecimiento de uranio en territorio ruso con destino a las centrales nucleares iraníes.

Las diferentes alternativas para dar salida a este contencioso vendrán determinadas por la combinación y ponderación de todos estos intereses y factores, a los que hay que añadir el complejo panorama político interno iraní y la importancia estratégica de la industria petrolera de Irán, cuarto productor mundial y uno de los países que disponen de más reservas de petróleo.

X. MARTÍ, Departamento de Política Económica y Estructura Económica Mundial de la UB