Un grupo de agentes prepara un informe sobre el entorno familiar y vecinal de cada recluso para conocer sus posibilidades de reinserción.

El Gobierno avanza en sus planes. Quiere tener sobre la mesa todos los datos posibles relacionados con ETA y con su entorno. Por este motivo, desde La Moncloa se han dado instrucciones muy precisas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que se implique también directamente en los preparativos ante un hipotético escenario de negociación con los terroristas. Según explicaron fuentes cercanas a los servicios de Inteligencia, desde hace semanas un reducido grupo de agentes elabora un detallado informe sobre el entorno familiar de cada uno de los presos de ETA.
No se trata, según estas fuentes, de presionar al entorno de los internos o de buscar entre sus familiares a nuevos integrantes o colaboradores de la organización terrorista. No. Más bien es al contrario. El Gobierno quiere conocer cómo son las circunstancias de los presos, qué facilidades pueden tener, a nivel familiar y vecinal, de cara a una próxima rehabilitación. Y quiere un informe muy detallado y actualizado, conforme evolucione la situación penitenciaria, de todos y cada uno de los internos de ETA.

Las pesquisas que debe realizar el CNI no se cierran únicamente con los presos encarcelados en España, sino también con los que están cumpliendo condena en Francia. Lo que quiere saber el Gobierno es en qué condiciones se encontrarían los presos si fueran excarcelados.No está tomada ninguna decisión, simplemente se trata, al menos de momento, de tener encima de la mesa todos los datos.

Según las mismas fuentes, los servicios secretos están dividiendo sus estudios con respecto al grado de condena de los presos; es decir, penados y preventivos por un lado; condenados con delitos de sangre o sólo por colaboración con banda armada por otro.Los encargados de realizar estos estudios también tienen un epígrafe singular para los que han sido condenados por terrorismo callejero, por participar en episodios de kale borroka.

Estos estudios de campo se completan con otros realizados de forma periódica por la Administración penitenciaria sobre la evolución de los presos etarras. Es decir, saber cuántos son preventivos, cuántos penados, el número de hombres y de mujeres, y el número de presos en España y en Francia.

Uno de los informes más relevantes que el Ejecutivo actualiza permanentemente (casi de forma semanal) es la distribución de la población penitenciaria por centros. Es decir, Zapatero y sus colaboradores quieren saber en tiempo real cuáles son las posibilidades de «mover» a presos de un centro a otro. Y todo por si el proceso evoluciona en clave positiva, tener muy claro cómo se pueden «variar» algunas cárceles para «hacer sitio» a presos de la organización terrorista.

El Ejecutivo no tiene aún fijado un calendario para realizar cualquier tipo de modificación en política penitenciaria. Desde Moncloa recuerdan que aún se está en el periodo de «verificación» de que el alto el fuego permanente anunciado por ETA es real.No obstante, se quiere estar preparado, tener todos los datos posibles encima de la mesa por si lo que procede es realizar un acercamiento de presos importante para continuar con la política de distensión.

Las fuentes consultadas por este periódico aclararon que no hay decisiones tomadas sino estudios de campo, con todos los datos lo más actualizados posibles.

En la actualidad hay cerca de medio centenar de presos de ETA repartidos por los diferentes centros penitenciarios españoles.Otros 150 internos etarras están cumpliendo condena en cárceles francesas. A finales del pasado mes de marzo, tan sólo nueve terroristas de ETA estaban internados en prisiones del País Vasco.

Además de estos informes penitenciarios, el Ejecutivo ha encargado también un seguimiento muy preciso a las instituciones judiciales sobre la situación judicial de los presuntos miembros de ETA: cuántos están pendientes de ser juzgados, cuántos se encuentran en busca y captura...

Por último, las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y los servicios de Inteligencia continúan tratando de «verificar» si el alto el fuego permanente decretado por ETA es veraz y si se está cumpliendo fielmente.

Hasta ahora, los expertos en la lucha antiterrorista han enviado ya al Ministerio del Interior y al de Defensa al menos dos informes que sostienen que la evolución es positiva. Esos informes, también están sobre la mesa del presidente del Gobierno.