Pedro Solbes se ha quejado amargamente de la judicialización de esta OPA, como ejemplo de lo que puede ocurrir en otras ofertas hostiles, y ha admitido de ese modo las debilidades del sistema, que Pizarro y su amplio equipo de juristas han puesto en jaque.

Si cualquier otra empresa sigue sus pasos podría encontrar algo así como un “manual anti-opas hostiles”, aunque será difícil que en otras ofertas se den circunstancias similares. Es inaudita la torpeza mostrada por algunos miembros del Gobierno respecto a la OPA, así como la inocencia de los de Gas Natural y La Caixa planteando una oferta de esa cuantía, acuerdo mediante con el principal competidor.

Unos y otros metieron la mano en la jaula del tigre y el bicho está a punto de comérselos por los pies, si es que no lo ha hecho ya.

Pizarro ha elaborado una defensa impecable pero demoledora, porque está poniendo explosivos sobre todas y cada una de las decisiones del Gobierno y los suyos. Una defensa que puede tener serias repercusiones sobre su acción, en tanto en cuanto paraliza el proceso de ofertas o impide que la de E.ON llegue a su fin mientras que la de Gas Natural no esté liberada. A no ser que haya pacto entre Endesa y Gas Natural.

Pero el acuerdo es más que complicado. Para un pacto entre Endesa y Gas Natural no sólo hace falta que se retire la OPA, condición que siempre impuso Pizarro para sentarse, lo cual sería el reconocimiento del fracaso de la operación, sino que nada es posible hasta que el ejecutivo, o sus tentáculos regulatorios, digan no a la oferta de la alemana, pongan estrictas condiciones o, simplemente, la hagan imposible por considerar que va contra el interés general y que no garantiza el suministro.

Lo lógico es que se establezcan duras condiciones. En eso parece que pueden estar, aunque E.ON podría abrir otros frentes judiciales si es que antes consigue la aprobación de la oferta por parte de Bruselas, sin condicionamientos que desvirtúen en lo esencial la operación u obliguen a modificar el precio.

Pues bien, para que se retire la OPA, la CNMV debería dar luz verde a la oferta de E.ON, amén de las autoridades de la competencia y la CNE, según se colige del artículo 24 del real decreto de OPAs.

Gas Natural también podría retirarla, si “por circunstancias excepcionales a la voluntad del oferente, la oferta no pueda realizarse”, como está ocurriendo ahora mismo, aunque siempre con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tiene la llave el organismo regulador que es, no podemos olvidarlo, el que debe velar por los derechos de los pequeños accionistas, que en este caso coincide con el de los hedge funds y los grandes inversores institucionales.

El proceso judicial abierto amenaza con alargar el asunto de modo insufrible por un tiempo que podría superar los dos años, según algunas fuentes jurídicas. En una operación financiera de estas característica el tiempo es oro y el reloj de arena ha dado ya más vueltas que una peonza a favor de Pizarro, por supuesto. Tampoco los accionistas de E.ON serían capaces de soportar semejante parálisis que convertiría a nuestro país en algo así como la cuna del bananerismo de las OPAs hostiles.

Solbes debe estar preocupado por la judicialización, porque ha quedado claro que hay métodos para derrotar al sistema. Ahora, habrá que ver el daño que si el famoso pacto pasa por infligir un duro castigo a los accionistas. Sería también de juzgado de guardia.