La zapatiesta organizada en torno a las OPAs de Gas Natural y E.ON sobre Endesa tiene una lectura positiva. Ha puesto de manifiesto las debilidades del entramado jurídico-institucional en el que se mueven las relaciones mercantiles en este país llamado España. La octava potencia industrial del mundo, como les gusta decir a nuestros gobernantes.

Habrá quien piense los dos últimos reveses legales sufridos por Gas Natural -y por ende el Gobierno- son una mala noticia para la credibilidad de nuestras instituciones. Pero creo que sucede justamente lo contrario. No hay mal que por bien no venga.

Este país se ha acostumbrado durante años a aceptar sin rechistar grandes operaciones financieras tuteladas desde el Gobierno de turno. Felipe González, primero, y luego José María Aznar, hicieron de su capa un sayo y se implicaron de hoz y coz en la marcha de la gran empresa: haciendo fusiones por decreto o impidiendo concentraciones con el mismo argumento.

Los grandes ejecutivos de las empresas tenían un pecado original, no podían protestar porque en la mayoría de los casos habían sido elegidos, sugeridos o propuestos por el poder político. Y en todos los casos aceptados. Lo que unido al tradicional miedo del empresariado español respecto a la clase gobernante, ha permitido todo tipo de tropelías. En casi 30 años de democracia, España nunca ha gozado de una clase empresarial independiente, capaz de defenderse de los zarpazos del Gobierno de turno.

Los empresarios se han convertido en una especie de felpudos del Ejecutivo, al que tradicionalmente han dicho “sí señor” sin contemplaciones. No en vano, la mayoría suele tener a gala sus buenas relaciones con la clase política. Con el poder siempre hay que llevarse bien, suelen decir muchos de ellos. No es para menos. Las prebendas del Ejecutivo son numerosas en forma de concesiones administrativas o contratos de prestación de servicios.

Es evidente que Manuel Pizarro no pertenece a esa clase de empresarios independientes del poder político. Ha ocupado puestos relevantes en los últimos años gracias a sus magníficas relaciones con el Partido Popular. Desconozco si tiene o ha tenido carné del PP, pero sin duda buena parte de su carrera empresarial está vinculada a José María Aznar. Tiene, por lo tanto, el mismo pecado original que otros presidentes de grandes empresas.

Pero dicho esto, parece fuera de toda duda que su defensa numantina de Endesa frente a Gan Natural ha tenido una virtud. Ha demostrado que el camino correcto es defender a los accionistas y no lo que digan los gobernantes. Si Endesa se hubiera plegado a los intereses del gobierno, sus accionistas habrían sido claramente perjudicados.

Por otro lado, hay quien sostiene que la judicialización de la estrategia defensiva de Endesa es una mala noticia. Pero creo que sucede todo lo contrario. El entramado mercantil español está pensado para operaciones amistosas, pero se deshace como una azucarillo cuando se trata de ofertas hostiles en el que aparecen implicadas grandes empresas, capaces de gastarse cientos de millones de euros en abogados y asesores.

Esta es la virtud que ha traído -sin quererlo- la OPA de Gas Natural. Por un lado, se ha puesto de relieve que es posible y hasta sano en términos democráticos oponerse a los designios del poder político, aunque sólo sea por higiene democrática. Pero también ha demostrado que muchas de las actuales leyes que regulan las adquisiciones de empresas son manifiestamente mejorables.