La polémica surgida a raíz de la propuesta por parte del PSOE de M.ª Antonia Felgueroso para ocupar el cargo de Procurador General (Defensor del Pueblo) de Asturias, encubre un déficit de origen que, según creemos, lastra todo el proceso posterior, el cual culmina en este desaguisado partidista, sin que nos cuestionemos por ello los valores personales que la concejala socialista sin duda posee. No es un problema de personas, sino de instituciones. Por tanto, la elección del Procurador General debería responder a lo que de esa institución «de Estado» se debe esperar y exigir: independencia y competencia.

Ahora bien, el enfrentamiento entre IU y PSOE, como decíamos, pese a que nos obliga a elegir y sin duda decantarnos hacia las posiciones del consejero Valledor, que la respuesta del señor Lastra aún vuelve más patente en su crítica, no hacen sino mostrar, paradójicamente, ese mal parto con el que se inició la andadura que ahora se pretende culminar. Y una prueba de lo que estamos intentando mostrar es precisamente la nula repercusión que este asunto, uno de los más transcendentales para una Asturias adormecida pese a todo, ha tenido en los medios de comunicación, así pues en la sociedad asturiana, que sospechamos asiste a esta toma de posiciones y de presiones como a un «asunto interno», una pelea de familia, una lucha más por un espacio de poder, cuando no por una sinecura vacía de contenido.

Y es aquí a donde queríamos llegar. Tanto de las posiciones de IU como de las del PSOE, podría desprenderse esta sensación de que el Procurador del Pueblo es innecesario, una inútil «institución» que sirve de excusa para premiar o colocar a un político profesional. Valledor hace una defensa compartida por nosotros del Defensor del Pueblo, pero esta defensa debería haberse llevado a cabo en su día mediante un debate en el plano de la sociedad, no de los partidos. La información, la confrontación, la encuesta, el estudio pormenorizado, el diálogo con profesionales de la jurisprudencia, de las organizaciones sociales y sindicales, etcétera, debiera haber propiciado una verdadera decisión acerca de la oportunidad y necesidad de esa figura «jurídico-política», pues no podemos olvidar las dimensiones sociales, demográficas, y políticas de Asturias. Acaso la figura del Procurador General convenga a una autonomía que, como apunta el próximo futuro, someta su «Estatuto de autonomía» a un cambio, a una transformación, sobrevenida por la dinámica autonómico-nacionalista en todo el Estado.

No dudamos que existen realidades sociales que requieren una mirada profesional, independiente, crítica y reconocible en sus juicios, como pueda ser la «inmigración», «las mujeres maltratadas» o los problemas relativos a la enfermedad y la muerte, al envejecimiento y otras situaciones de marginalidad y desamparo, donde los derechos humanos suelen ser más necesarios que nunca como amparo de unos ciudadanos desprotegidos por esas u otras causas.

Llegados aquí, y admitiendo la ya oficial figura del «Defensor del Pueblo» de Asturias, entonces no podemos consentir que los partidos políticos desvíen y perviertan esa «institución» a punto de nacer con ese vaciamiento de su función en aras del «partidismo», el reducir la vida pública, social y política, a la maquinaria burocrática de los partidos. No hace falta dudar de las buenas intenciones del PSOE ni sospechar de la defensa de la «inmaculada concepción» que propugna para el caso IU. Es que ningún partido político debería proponer a nadie vinculado a su aparato, a ellos mismos. Ése sería el primer compromiso, el gesto positivo con el cual se dota de independencia política a un cargo que ha sido aprobado por el Parlamento de Asturias para ejercer precisamente la independencia, la crítica, la autoridad que la legitimidad ciudadana le otorga y que cualquier partidismo o sombra de canonjía desvirtuaría hasta la perversión.

Si se legisla y se crea una institución como el «Procurador General», hay que actuar en consecuencia. Uno de los peores efectos de la maquinaria de los partidos políticos es que éstos se crean los únicos detentadores de la política, cuando suelen ser su mayor obstáculo. La figura del Defensor del Pueblo nació precisamente para contrarrestar esa tendencia centrífuga de los partidos políticos y es una gran oportunidad ciudadana para que la política se ejerza más allá de ellos, generando espacios de legitimidad, de contraste y revitalización de la vida política, a la cual polémicas como las que comentamos contribuyen no sólo a mermar, sino a desprestigiar. Justamente, ésa es la función del Procurador General, frenar la maquinaria partidista, equilibrar y sanear la vida social y política. No debería entonces haber polémica alguna y si la hay, es que algo se está haciendo mal, muy mal.