La ruptura del acuerdo PP-PSOE en el Estatuto andaluz permite al PP cambiar su estrategia territorial - El texto catalán inspira las posiciones de todos los partidos enfrentados en Andalucía - El PSOE pretende convencer de que el PP es antiandaluz y el PP confía en el españolismo de los andaluces.

La dirección nacional del Partido Popular ha decidido poner punto final a su participación en los debates de reformas estatutarias promovidas por el PSOE porque va a hacer del debate territorial el argumento estrella de las confrontaciones electorales venideras.Las razones básicas de ese cambio de posición son dos. La primera, que el PP ha llegado a la conclusión de que en cualquier debate de reformas estatutarias va a tener que jugar inexorablemente el papel de perdedor. «Es evidente» dice uno de los dirigentes del partido, «que siempre vamos a ir por detrás del que más lejos apueste y una situación así corre el riesgo de invalidar lo que a nuestro juicio debe ser el objeto esencial de la futura confrontación electoral: la elección de dos modelos constitucionales». En definitiva, de aquí en adelante el mensaje del PP a los electores va a ser el que sigue: «Aquí hay unos señores que apuestan por una España que no sabemos cómo es ni en qué va a resultar, pero que no es la España que conocemos. Y frente a eso nosotros oponemos la idea de la España constitucional que conocemos, que es viable y es segura. A partir de ahí, se puede discutir todo lo que se quiera sobre descentralizaciones, transferencias y pactos. Pero una vez que hayan quedado muy claras las competencias que son del Estado».
La fijación de esta nueva estrategia, que aún no ha sido formalmente respaldada por los órganos correspondientes, que va a ser el eje de su campaña y que va a imponerse a todos sus barones, se ha acelerado en las últimas semanas tras los enfrentamientos habidos entre el PSOE y el PP a cuenta del proyecto de Estatuto que se está elaborando en Andalucía. «Hasta ahora nos había parecido que Chaves iba a estar en posiciones más sensatas» asegura la misma fuente, «pero, después de lo sucedido en Cataluña, nos encontramos con que el PSOE de Andalucía opta por cambiar el acuerdo alcanzado con el PP y pone el acento en esto de la realidad nacional con el único propósito de tapar planteamientos tan graves como el que se hace en el texto andaluz sobre financiación».

La conclusión de los dirigentes populares es ya irreversible: «Todos los estatutos van a ir a un techo de máximos. En las comunidades donde gobernamos, la oposición nos va a intentar forzar. Y en las que no gobernamos, vamos a tener que ir detrás del Gobierno mientras se nos acusa de ser contrarios a los intereses de la comunidad».

Y una última conclusión que es más bien un veredicto que convierte en inútil cualquier esperanza de futuros pactos: «El consenso constitucional está roto. Dejémonos ya de ficciones: está muerto».

Andalucía ha sido el catalizador de esta crisis que se anuncia con perfiles muy claros y sin posibilidad de retroceso. En Andalucía se ha roto en los últimos días el juego de los pactos entre partidos que, sin embargo, parecía estar marchando por buen camino hace muy pocas semanas. Las consecuencias inmediatas están tomando ya forma de acusaciones políticas de gran calado y a dos bandas: por un lado el enfrentamiento es entre el PSOE y el PP. Y por otro, entre el PSOE y el Partido Andalucista.

Y eso es así porque ambos partidos, PP y PA, con posiciones muy diferentes, han estado hasta hace pocas semanas en la creencia de que el partido de Manuel Chaves iba a acordar con cada uno de ellos los términos de un Estatuto que satisficiera sus respectivas filosofías políticas. No ha sido así, sino todo lo contrario, y ahora cada uno de ellos va a vender muy cara su piel. Puede decirse más: su piel ha sido retirada de la venta.

«A nosotros» cuenta un dirigente del Partido Andalucista «se nos dijo desde el PSOE que les mandáramos fórmulas por escrito, que las iban a estudiar. Entonces nos fijamos en el protagonismo que, a pesar de estar en la oposición, ha adquirido CiU [atención, porque todo lo referido a Cataluña está omnipresente en esta historia] y nos hicimos la ilusión de que podíamos arrancar lo mismo que ellos y, además, adquirir un protagonismo importante».

En vista de eso, la propuesta que el PA hace al PSOE es ésta: que en el Parlamento andaluz los socialistas apoyen una proposición de ley del PA diciendo que Andalucía es una nación. De ese modo, los andalucistas conseguían que un reconocimiento de ese tipo quedara en el Parlamento y, a cambio, ellos no exigirían que se incluyera en el Estatuto. Porque desean aclararlo desde el principio: «Nosotros nos movemos desde el primer momento en no admitir ni un solo agravio comparativo con Cataluña [de nuevo Cataluña]. Y cuando Chaves dijo que era constitucional que Cataluña fuera nación, dijimos: ah... pues si es constitucional para Cataluña, también lo es para Andalucía».

Ese pacto verbal se rompe cuando, inmediatamente después, un periódico de Sevilla publica a gran despliegue: «El PA renuncia al término nación». La reacción de los andalucistas, según su propio relato, es considerar que han sido traicionados y deciden enrocarse y apostar de frente por lo que ellos llaman «la fórmula catalana»: nación, competencias blindadas y exclusivas, financiación y bilateralidad. Con un argumento, además, que tiene raíces ya históricas y que es de resultado seguro: «A nosotros no nos van a dejar en el corte como quisieron hacernos en 1979. Nos oponemos a que nos hagan lo que quisieron hacernos entonces».

Es decir, constituir una España de las Autonomías de dos categorías: la primera para las tres llamadas nacionalidades históricas, Cataluña, País Vasco y, ya con muchas mas dificultades, Galicia.Y la segunda para Andalucía y todas las demás. Lo que pasó entonces fue que Andalucía logró romper esa baraja y, al conquistar para sí un trato igual a las tres históricas, abrió de par en par el portón para que detrás de los andaluces pasaran el corte todas las demás comunidades.

Y en esas estamos de nuevo, sólo que con un listón infinitamente más alto una vez que el Estatuto catalán ha consagrado unos niveles de autogobierno que, sin son generalizados, tendrán como efecto el debilitamiento extremo del Estado. Y en ese caso, no es que España acabara por romperse, es que acabaría por morirse de debilidad.

Y aquí es donde entra la posición del Partido Popular, con el que el PSOE andaluz también quiso pactar simultáneamente al PA.«A nosotros nos llaman del PSOE», cuenta un dirigente del PP andaluz, «y nos dicen que podrían pactar con nosotros poner en el articulado que Andalucía es una nacionalidad histórica en el marco de la indisoluble unidad de la nación española. Y naturalmente, aceptamos el acuerdo».

Y no es que el PP estuviera en esos momentos de acuerdo con el contenido de un articulado que, en su opinión, es una imitación del Estatuto catalán [Cataluña otra vez] en aspectos determinantes: la financiación, que en el proyecto andaluz también se pretende bilateral, aunque basada en criterios de población y no de renta; la existencia de un capítulo de derechos y deberes similar al catalán; la capacidad de Andalucía para participar en los organismos de las altas instituciones del Estado, o la enumeración de competencias exclusivas y blindadas frente a la Administración general. «El PSOE ha optado por imitar el Estatuto catalán» advierten los populares andaluces. Y añaden algo que seguramente se convertirá en su mensaje estrella durante los próximos dos años: «cuanto más antiespañol sea un estatuto, más antiandaluz será».

Todas estas posiciones tan abiertamente enfrentadas habrían podido evitarse, quizá, si en el último momento, cuando parecía que, aun a regañadientes, el acuerdo era posible bajo el paraguas del reconocimiento de Andalucía como nacionalidad histórica en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, y con la garantía añadida de su profesión de fe en que esa nación española es patria común e indivisible de todos los españoles, el PSOE hubiera cogido ese pájaro al vuelo y hubiera llevado al PP a apoyar el texto de la Ponencia, lo cual le habría atado en el futuro. Incomprensiblemente, no lo ha hecho, a pesar de que lo acordado con Arenas era pura Constitución, puro Estatuto andaluz de 1980, pura sintonía con una opinión pública que durante todos estos meses ha estado haciendo saber, sondeo tras sondeo, que creen que Andalucía es España, que España es su nación y que aquí no hay otra nación que no sea España.

Hubiera sido relativamente fácil hasta que, no hace ni 20 días, el PSOE andaluz cambia lo acordado verbalmente -todo aquí ha sido verbal- y lo sustituye sin previo aviso por un hallazgo semántico del profesor Clavero Arévalo, casi un mito en la historia del autonomismo andaluz. El hallazgo que ha tenido la virtud de romper definitivamente un acuerdo ya de por sí muy frágil y que, además, ha animado a la dirección del PP a tomar la decisión que estaba deseando tomar -«hasta aquí hemos llegado»- pero no encontraba el pretexto para hacerlo, ha sido la expresión realidad nacional.

De manera que los pactos en Andalucía no se han roto porque la estrategia del PP fuera la que va a ser de ahora en adelante, sino que esa estrategia electoral, que estaba creciendo dentro del PP como una auténtica necesidad, ha encontrado la ocasión prerfecta para empezar a ponerse en marcha en cuanto sus dirigentes han visto que los pactos con el PSOE en Andalucía habían quedado rotos sin previo aviso con la irrupción de esa realidad nacional y con la desaparición, tampoco explicada, de la indisoluble unidad de España, patria etc, etc. Con ese par de cambios, todo ha saltado por los aires, tan frágil era el acuerdo.

Por eso resulta imposible dar por bueno el argumento esgrimido por los dirigentes socialistas andaluces ante la Ejecutiva del PSOE, según el cual «con esta fórmula [la de realidad nacional] contentamos al PA y al PP». No habría estado de más que lo hubieran comprobado previamente. Quizá entonces no habrían impuesto tan insensatamente el cambio. Imposible entender, también, por qué si el PSOE había decidido romper con el PP cambiándole precisamente la única percha que le servía para apoyar un Estatuto que no le gustaba, no ha optado a continuación por tratar de contentar a un Partido Andalucista que, aunque pequeño en número, tiene grandes posibilidades de movilizar a la opinión pública por lo que luego se dirá. Porque, si lo que de verdad busca el PSOE es dejar aislado al PP para poder acusarle de los errores de 1979 y de ir, de nuevo, contra Andalucía, lo propio habría sido aceptar cualquiera de las fórmulas defendidas por el PA que sugiriera que Andalucía, si no es una nación, sí tiene «símbolos nacionales».

Pero en el seno del PA la desconfianza hacia el PSOE y sus motivaciones es ya tal, que la única explicación que sus dirigentes encuentran a esa jugada socialista a dos bandas que ha acabado en fracaso, es que «está claro que el PSOE ha pactado una especificidad para Cataluña que no le pueden dar a nadie más salvo al País Vasco o a Galicia. La foto [martes 18 de abril] de Chaves con Duran LLeida [líder de CiU] es tremenda porque vino a agradecerle el no haberse opuesto a lo de Cataluña. ¡Eso es tanto como darle las gracias por no haber defendido a Andalucía!», dicen.

En Andalucía, el debate político en torno a la necesidad urgente de un nuevo Estatuto sencillamente no existe ahora mismo en la calle, esta es la verdad. Pero existirá muy pronto y será un debate a la sombra de lo sucedido en el Estatuto catalán, que va a extender de nuevo su influencia sobre el país, aunque esta vez está por ver en qué términos.

Y eso es así porque ese viejo juego que practican los políticos del mundo entero está ahora mismo en auge en nuestro país. El juego consiste en que los partidos estudian sus necesidades; en función de ellas diseñan sus estrategias; elaboran a partir de ahí los mensajes que trasmiten a la ciudadanía; luego se aplican a masajear con tenacidad a esa ciudadanía hasta que logran que interiorice el mensaje lanzado y, cuando ya está eso conseguido, se lanzan al Parlamento a decir que sus posiciones políticas no hacen sino recoger el clamor social de la calle. Y la calle asiente e incluso aplaude porque, para entonces, los políticos interesados en lograr determinados cambios, sobre todos si son de carácter territorial, han alentado el sentimiento más agradecido para obtener de forma rápida una respuesta positiva de los ciudadanos: el sentimiento de agravio.

Nada mejor para lograr un apoyo masivo que explicarles a cientos de miles de individuos que alguien está abusando de ellos, que les están sometiendo o que les están discriminando en favor de terceros bien conocidos. El caso catalán ha sido paradigmático y el andaluz lo va a ser dentro de muy poco. Y aquí es donde entra el PA, que acaba de poner en marcha una campaña con el lema «A Andalucía 'nación' le interesa». Sus dirigentes lo explican diciendo que ese mensaje sugiere que «detrás de la consideración de nación hay siempre un trato específico y privilegiado. Hay un cheque».

Y, mientras el PP considera que, con este Estatuto aprobado con ese contenido y además sin su apoyo, «podemos colocar al PSOE en una posición muy difícil ante los andaluces», los dirigentes del PA advierten que si el texto es respaldado en el Congreso como está, ellos esperan tomarse la revancha a la hora del referéndum.«Ojo, que nosotros estamos dispuestos a representar entonces el sentimiento de agravio», dicen. «Y ese sentimiento mueve montañas.Los andaluces están empezando a decir en las encuestas que, si Cataluña es nación, Andalucía también. Y no es porque sean nacionalistas, que no lo son. Es porque se están cabreando». En el PA se añade esta reflexión : «El haber reconocido a la nación catalana va a tener un claro efecto dominó que va a ser muy grave para la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque el sistema sería de imposible aplicación y ya ningún estatuto valdría para nada. El catalán tampoco.

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