Han pasado sólo 15 días desde que Zapatero y Rajoy se reunieran en La Moncloa para intentar recomponer el entendimiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición a raíz del «alto el fuego permanente» declarado por ETA, y ya son varios los hechos que apuntan en la mala dirección para que ese entendimiento pueda ser duradero.
En dos semanas, Zapatero le ha metido los siguientes goles a Rajoy: el fiscal general del Estado cambia a última hora su criterio sobre la petición de ingreso en prisión sin fianza del líder batasuno, Arnaldo Otegi; el PSOE se niega a votar en el Parlamento de Navarra una iniciativa presentada por UPN en la que se solicitaba que la Comunidad Foral nunca sea moneda de cambio en el proceso de negociación con ETA; el presidente del Gobierno nombra como ministro de Interior a la persona que más puede molestar al PP, el mismo que en la noche de la jornada de reflexión, el 13 de marzo de 2004, dijo aquello de que «España no se merece un Gobierno que mienta»; parlamentarias del PSE firman muy sonrientes ellas un documento con dirigentes de Batasuna en la que se defiende el derecho a decidir del pueblo vasco, y se empiezan a conocer los planes del Gobierno para que Batasuna pueda presentarse a las próximas elecciones municipales.

Todo esto sin tener en cuenta que, durante los dos últimos años, el presidente del Gobierno y sus portavoces han estado mintiendo sistemáticamente al Congreso de los Diputados, a la opinión pública y al propio líder de la oposición, al negar que hubiera algún tipo de contacto con ETA o con su entorno.

En la entrevista del pasado 28 de marzo en La Moncloa, Rajoy marcó a Zapatero las denominadas líneas rojas que, en su opinión, no deberían traspasarse en el proceso de negociación con ETA y que, en cualquier caso, el PP no estaría dispuesto a tolerar.Pues bien, conviene que nadie se haga trampas en el solitario y menos que nadie el líder de un partido que tiene el respaldo de 10 millones de votos.

Tal y como está diseñado por Zapatero, el mal llamado proceso de paz conduce irremisiblemente a que se pague un precio político a ETA. Mejor dicho, a que se siga pagando, porque algunas facturas ya han sido abonadas por el presidente y por el PSOE en estos últimos meses. La diferencia con el Estatuto de Cataluña es que el margen de maniobra de Zapatero para satisfacer las aspiraciones, tanto de ETA como del nacionalismo vasco en su conjunto, se reduce a dos cuestiones claves: el derecho de autodeterminación y el cambio de estatus jurídico de Navarra. El primero será planteado por los nacionalistas en la mesa de partidos y el PSE adoptará, como mínimo, una posición ambigua. El segundo va a depender en gran parte del resultado de las elecciones del próximo año. Si UPN no obtiene la mayoría absoluta, en Navarra habrá un Gobierno de los socialistas con el resto de fuerzas políticas, incluida Batasuna, que impulsarán la integración de la actual Comunidad Foral en la Comunidad Autónoma Vasca.

Ante este panorama, como Rajoy y el resto de dirigentes del PP sigan poniendo más el acento en el apoyo al presidente del Gobierno que en oponerse -no sólo con palabras sino con hechos- a que se pague un precio político por el final de ETA, podría darse la paradoja de que fueran los propios populares los que traspasasen esas líneas rojas que ellos mismos dibujaron y que el sentido común y el respeto a la democracia y a la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo señalan como infranqueables.