SIN DUDA, el urbanismo está de moda. El urbanismo malo, claro, porque el bueno o excelente nunca es noticia. La palabra urbanismo es ya sinónimo de escándalo, de corrupción, de suspicacia o de eterna maldad. Y eso es grave. Porque existen gobiernos y profesionales competentes y porque sólo a través del urbanismo se puede establecer un diálogo inteligente con el territorio, ordenar la ciudad, respetar el medio ambiente, aflorar los beneficios y costes asociados al proceso urbanizador y recuperar para la comunidad una parte de las plusvalías generadas. Pero estamos ante un problema de incultura y de falta de pedagogía política, de transparencia, control y justicia rápida, de entender bien su racionalidad, de considerar que el interés general es aquí superior al caos, a la especulación, a la ignorancia o a la suma inconexa de beneficios privados. O de subvalorar incluso los costes sociales del no urbanismo y de la corrupción.

El caso Marbella constituye una magnífica oportunidad para que todos o casi todos reflexionemos sobre nuestro atraso urbanístico. Porque las alarmas suenan ya en cada rincón. Por ejemplo, ¿qué partidos políticos consideran el urbanismo materia sustantiva, básica, para explicarla y debatirla internamente, formando así a sus diputados, alcaldes y concejales? ¿Dónde está el discurso complejo y multidisciplinar que el urbanismo exige? ¿Cuándo cesará la indiferencia, inanición o claudicación política al respecto? ¿Cuántos interventores locales conocen y fiscalizan los importantes efectos económicos y patrimoniales que genera la actividad urbanística? ¿Cuántos gobiernos municipales defienden y explican el planeamiento desde el interés general, sus formas de desarrollo, así como sus posibilidades, costes y limitaciones?

Pero aquí triunfa la ocurrencia y el despropósito. Decir ahora que el municipio no debería tener competencias urbanísticas es afirmación apresurada e injusta. Apresurada, porque el urbanismo es una competencia compartida entre las administraciones central, autonómica y municipal, circunstancia que genera normas y compromisos para la coordinación y la corrección. Culpar sólo al municipio cuando existen fallos que a todos incumben y responsabilizan es más injusto que pintoresco. Las comunidades autónomas supervisan y aprueban definitivamente los planes generales, disponiendo además de amplia capacidad para ejercer la disciplina urbanística. Pero si la subvención doblega y subordina al municipio, reduciéndolo en la práctica a poca cosa, no se le puede exigir después lo que ya no sabe hacer. Por eso urgen políticas públicas potentes que dignifiquen, fortalezcan y responsabilicen a la institución municipal. La subvención no puede ser principio y fin de todas las cosas.