Once millones de indocumentados son razón de peso para que Estados Unidos intente reformar su ley de inmigración antes de las elecciones legislativas de este noviembre.

George W. Bush hace años que intenta impulsar un acuerdo sobre inmigración que satisfaga tanto a su base política republicana a favor de fronteras seguras, como a los latinos, la principal minoría del país con un 13% de ciudadanos estadounidenses.

Bush marca distancias con la posición radical republicana que encarna el proyecto de ley de inmigración aprobado por la Casa de Representantes en diciembre. Esa versión propone la construcción de 1.120 kilómetros de vallas a lo largo de la frontera sur, en las zonas donde se registra un mayor número de cruces ilegales, y ninguna opción para trabajadores temporales ni regularización para los indocumentados dentro del país.

El haber crecido cerca de México dio al presidente familiaridad con el mundo latino y experiencia directa de una sola región con culturas compartidas a ambos lados de la frontera. En 2004, Bush consiguió la reelección en gran parte gracias al apoyo de un 44% de los votantes hispanos, el mayor porcentaje alcanzado jamás por un candidato republicano.

La distancia entre los dos grandes polos de opinión sobre inmigración es formidable. A grandes rasgos, la posición de la Casa de Representantes se centra sólo en seguridad fronteriza, rechaza todo lo que huela a amnistía, y trata a los indocumentados y quien les socorra como criminales. Su propuesta, mayoritaria en el Partido Demócrata, aboga por facilitar que los sin papeles se regularicen y se integren en el país, primero como residentes y luego ciudadanos.

La línea dura es una aberración impracticable que ha puesto en pie a la comunidad latina. Medio millón de personas salieron a la calle en Los Angeles el 25 de marzo, medio millón más en Dallas el 9 de abril, y centenares de miles les acompañaron estos últimos días en más de 100 ciudades norteramericanas. Son las mayores manifestaciones ciudadanas en décadas. La línea blanda tiene la virtud de reconocer al inmigrante –legal o no- como una fuerza positiva para la economía y la sociedad, pero no ofrece cómo evitar el “efecto llamada”.

Con las recientes movilizaciones masivas los latinos se han dado cuenta de su fuerza política, y Washington está reaccionando. Dos años después de la reelección de Bush, el Partido Republicano ve peligrar sus avances en el electorado latino a causa de este espinoso tema. El Senado, también dominado por los republicanos, toma nota de la indignación latina, pero de momento ha fracasado en el intento de aprobar un acuerdo antes de Semana Santa. Y todavía está por ver cómo la posición más moderada del Senado se negocia con la radical de la Casa de Representantes para llegar a producir una versión final aceptable para todos que llegue a ser ley.

El próximo primero de mayo se celebra el día del Trabajo en casi todas partes menos en Estados Unidos, donde se hace el primer lunes de septiembre. Parece más que apropiado que diversas asociaciones hayan llamado a una huelga general para recordar a los estadounidenses hasta qué punto el país necesita de los inmigrantes, legales y no legales para funcionar.

Muchos inmigrantes ahora dentro de la ley estuvieron antes en situación irregular. Por eso la demonización de la inmigración ilegal los indigna, además de que con frecuencia hay inmigrantes legales e ilegales en una misma familia. Y entre los indocumentados también hay clases: los que entran sin papeles y los que se quedan tras la expiración de un visado.

Los sin papeles –dos tercios del total- están en la absoluta indefensión. Sin documentos que les identifiquen, no pueden conducir, ni pedir un crédito, ni pagar impuestos. Quienes entraron como turistas o estudiantes pero se quedaron llevan una vida normal, pero se sienten atrapados sin poder viajar fuera de Estados Unidos porque al descubrirse su visado caducado les prohibirían volver al país durante diez años.

Ahora los 11 ó 12 millones de indocumentados confían en una solución. Si el Congreso republicano es incapaz en un año electoral de conjugar intereses contrapuestos y producir una ley humana y factible, el problema permanecerá. Esos millones de personas y sus allegados seguirán esperando, sufriendo, en la sombra.