NADIE duda en estos momentos de que Arnaldo Otegi sea o vaya a ser un personaje relevante en las negociaciones entre el Gobierno y ETA -de momento lo ha sido en las conversaciones de Batasuna con el PSE/PSOE-, pero en ningún sitio está escrito que esa condición tan sui generis faculte a nadie para incumplir la ley. Tampoco está escrito en ninguna parte que en un diálogo entre un Gobierno democrático y una banda terrorista los delegados de esta última hayan de estar necesariamente en libertad. Es más, en otros casos similares, como el tan admirado ejemplo irlandés, los emisarios gubernamentales han tenido que ir a veces a la cárcel a despachar con interlocutores presos, lo que tiene la ventaja de dejar muy claro quién pone las condiciones. De modo que no se entiende bien esa exigencia de impunidad con que los batasunos quieren amparar a su dirigente. Por la misma regla de tres, si se trata de negociar de tú a tú, que venga Josu Ternera a Madrid con un pasaporte diplomático, y acabamos antes. Por lo menos Ternera parece que de verdad manda en la ETA.

Porque otra falacia derivada de la ya cargante similitud con el Ulster es la que trata de representar a Otegi como el Gerry Adams español. Dejando aparte la diferencia nada insustancial de que míster Adams posee mucha más envergadura política que don Arnaldo, lo cierto es que existe un factor de desemejanza esencial, y es que el líder del Sinn Fein controlaba al mismo tiempo al brazo armado del IRA, mientras el vasco parece más bien un títere sin capucha de la dirección etarra. Cuando Blair, o Trimble, o los que fueran, llegaban a un acuerdo con Gerry Adams, sabían que ese pacto se iba a convertir en una orden en cuanto el de las barbas descolgara un teléfono. Otegi, en cambio, viene a ser más bien una especie de recadero cuyo criterio carece de validez hasta que alguien le da el visto bueno al otro lado de la muga. Es un etarra en comisión de servicios.

De ahí que no resulte comprensible tanta deferencia con un tipo que interpreta el «alto el fuego» como un salvoconducto de inmunidad. Otegi está desafiando abiertamente la legalidad porque pretende hacer de su desafío una cuestión de fuerza, y fuerza por fuerza acaso sea menester que el Estado recuerde quién tiene la sartén por el mango. Entre otras cosas, porque si no lo hace los ciudadanos acabaremos por pensar que los que la tienen son ellos, o sea, la ETA. Y eso igual no le conviene a Zapatero.

Claro que toda esta confusión no se produciría si el Gobierno no estuviese dando la impresión de que ya conoce el final de la película. Si cada legítimo paso de prospección y acercamiento en busca del final de ETA fuese acompañado de una defensa sin ambigüedades del orden legal vigente. Si nadie estuviese abriendo desde las filas socialistas perspectivas mucho más abiertas de lo que aconseja la prudencia y marca la ley. Si el Estado, en fin, no ofreciera la sensación de haber puesto la carreta del pragmatismo político delante de los bueyes del Derecho Penal.