El Gobierno e Izquierda Unida han llegado a un acuerdo por el que serán las Universidades las únicas que podrán ofrecer los cursos de formación para los abogados y procuradores que quieran acceder a la profesión.

En una nota de prensa, corroborada por el Ministerio de Justicia, el grupo parlamentario IU-ICV informó que ha retirado su enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Acceso a la abogacía y la procura tras “arrancar el compromiso” del Gobierno para realizar una modificación “fundamental” en la próxima tramitación del texto legislativo, de modo que restrinja quién puede organizar e impartir los cursos de formación para abogados y procuradores.

En opinión de la diputada de IU, Isaura Navarro, “logramos así cerrar la puerta al intento de convertir la formación de los abogados y procuradores en un claro negocio de formación privada, dirigido por centros de dudosa capacitación académica y que sólo aplicarían criterios empresariales. También quedan excluidos los grandes bufetes de abogados, que en algunos casos podrían tratar de aplicar criterios endogámicos o restrictivos para acceder a los centros que ya habían anunciado que estaban dispuestos a crear”.

La abogacía ha mostrado en numerosas ocasiones su rechazo al texto presentado por el Gobierno. Desde el primer momento, el Consejo General de la Abogacía Española expresó su oposición al protagonismo otorgado a las universidades en el papel de formadores de los futuros abogados.

Respecto al pacto entre IU y el Gobierno, fuentes de la abogacía reconocían que, mientras se reconozca el protagonismo de las Escuelas de Práctica Jurídica de los Colegios profesionales, no habría problema. Sin embargo, mostraban su extrañeza por la obsesión por parte de algunos de que ciertos sectores no formasen parte de este proceso. “Lo importante es que la formación sea buena”, aseguraban las mismas fuentes. Además añadían que un despacho de abogados -“grande o pequeño”- puede ser mejor formador que una universidad.

En el centro de la polémica

De nuevo, los despachos grandes aparecen soterradamente en el centro de la polémica. Después de la batalla presentada entre la Seguridad Social y la profesión de abogado sobre la laboralización de los profesionales, parece que el mundo político sigue teniendo a las firmas grandes en el punto de mira.

La pregunta que queda en el aire parece clara: ¿Quién puede formar mejor a los abogados, las universidades o los propios abogados?