El president de la Generalitat anunció hace unos días que a partir de ahora el Consell Executiu podría utilizar el mecanismo de votación para tomar aquellas decisiones en las que no se pueda llegar a un consenso entre los miembros del Govern. Se estaba refiriendo al método establecido en el artículo 73 de la ley 3/1982, del Parlament, del president y del Consell Executiu, donde se indica que los acuerdos se adoptan por mayoría, y donde el voto del president dirime en caso de empate. Las reacciones políticas ante este anuncio han abierto una polémica en torno a este asunto. Las consecuencias políticas no serían menores en un Gobierno de coalición en el que los socios no están necesariamente de acuerdo en todo.

De inmediato se ha suscitado un interrogante: ¿es propio de un Gobierno tomar las decisiones a través del voto entre sus ministros? ¿Cómo deciden los gobiernos parlamentarios cuando no hay unanimidad entre sus miembros? ¿Qué papel tienen los primeros ministros (denominación que, en el caso catalán, corresponde al president de la Generalitat y no al conseller primer, como se atribuye en algunas ocasiones erróneamente) en el ámbito de la decisión gubernamental? Una mirada sobre los países europeos, que comparten un modelo similar al de la Generalitat, puede aportar algunos criterios interesantes.

Como pauta general, los gobiernos procuran tomar las decisiones de forma consensuada, con el acuerdo tácito de todos los ministros. Existe un sentimiento fuertemente arraigado de que los ejecutivos divididos e incapaces de llegar a acuerdos en materias importantes son políticamente débiles y acaban siendo castigados por el electorado.

PERO NO SIEMPRE es posible llegar a un acuerdo de consenso. En realidad, resulta normal que las cuestiones más relevantes y de mayor impacto político y social generen división dentro del Gobierno. Si se trata de un Gobierno de coalición, es probable que los partidos que forman parte de él pongan de manifiesto sus divergencias de acuerdo con los diferentes intereses políticos en juego. Pero también aparecen opiniones contrapuestas en gobiernos unitarios de un solo partido. En este caso, el conflicto entre facciones del partido o entre sectores del Gobierno tiene más posibilidades de quedar oculto, aunque a veces emerge de forma abrupta.

Cuando no existe consenso, la práctica política seguida muestra otras vías. La primera de ellas es someter la decisión a votación entre los ministros. Este mecanismo es común a varios países europeos y se practica con mucha frecuencia en los ejecutivos de países como Finlandia, Irlanda o Países Bajos, entre otros.
En realidad, son escasos los ejecutivos que nunca han utilizado la votación dentro del Gabinete. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el Gabinete en realidad no se encarga de aprobar formalmente los decretos, sino que se dedica a acordar decisiones políticas más genéricas, a poner en marcha el policy-making. En caso de no consenso, es el primer ministro quien tiene la última palabra. En Francia tampoco se vota internamente. Su régimen semipresidencial da preeminencia al presidente de la República, que la ejerce claramente en caso de controversia.

La mayoría de los otros países sí votan, incluso allí donde existen coaliciones fuertes que reducen el margen de maniobra del jefe de Gobierno, como ha sucedido en Bélgica, Italia o Austria. Precisamente, es en gobiernos de coalición donde el recurso a la votación es más frecuente, porque salvaguarda la figura del primer ministro por encima de los partidos. En cambio, donde los gobiernos están formados por un solo partido, se impone la voluntad del jefe de Gobierno, aunque esto implique dejar en minoría a una parte de su propio Gabinete.

EXISTE UNA tercera vía, que consiste en traspasar la decisión a un órgano más reducido, una comisión inferior o una instancia técnica. Pero este recurso sólo sirve para postergar el asunto o para reconstruir el consenso: al final, la decisión tendrá que tomarse en el órgano colectivo.

La votación interna entre ministros es políticamente útil en el caso de orientaciones políticas, propuestas reglamentarias, nombramientos, planes de actuación, campañas de gobierno u otros acuerdos de carácter estrictamente ejecutivo. Otra cuestión es la viabilidad política de someter a votación determinadas iniciativas, como los proyectos de ley, cuya aprobación dependerá finalmente del juego entre mayorías parlamentarias.

La posibilidad de que en próximos consells executius decisiones capitales del Gobierno sean tomadas por la mayoría de sus consellers, sin unanimidad, parece, por tanto, entrar en la lógica de funcionamiento propia de los sistemas políticos con gobiernos de coalición parlamentarios. Un indicador más de que en Catalunya empieza a consolidarse una verdadera cultura de Gobierno en coalición.

JOAN Rodríguez. Profesor de Ciencia Política de la UAB.