Cambios en la financiación municipal, de X. Álvarez Corbacho en La Voz de Galicia
EN EL MINISTERIO de Economía y Hacienda se trabaja para reformar los ingresos de las haciendas locales, cambios que afectan más al municipio que a la provincia. Las fuentes que se analizan y exploran son básicamente tres: el espacio fiscal propio, los ingresos por transferencias, así como la financiación de servicios prestados por los ayuntamiento cuya competencia pertenece a otras administraciones. La reforma gira sobre una idea explicita: los ingresos adicionales que obtendrán los municipios en un futuro próximo procederán, básicamente, de tributos propios o de mayores recursos autonómicos, no de aumentar las transferencias estatales.
Así, en lo que atañe a las tasas, se revisa el concepto de coste del servicio, definiendo mejor los elementos a cuantificar e incluso los costes externos que en su caso se generen (por ejemplo, los costes ambientales). Además, se desea que las tasas tengan en general carácter obligatorio, revisando también las que gravan la telefonía. Más conflictiva resulta, sin embargo, la idea de recuperar las contribuciones especiales para financiar la inversión de ciertas obras y servicios. En materia de impuestos, se pretende actualizar las bases imponibles, así como los tipos de gravamen y tarifas, anunciándose también una posible reforma en el impuesto de actividades económicas que no se precisa.
Las transferencias procedentes del Estado se estiman suficientes, si bien podrían cambiar los criterios distributivos para favorecer la convergencia en términos de ingresos por habitante. Por otro lado, se recuerda a las comunidades autónomas que deben cumplir el mandato constitucional (artículo 142) de aportar transferencias adicionales a los municipios, a los efectos de mejorar su autonomía financiera. Estas transferencias deben ser incondicionadas, estables y distribuidas con criterios objetivos. En la actualidad, sólo siete comunidades autónomas cumplen la norma, entre ellas Galicia, aunque su generalización no debería suponer mayor gasto autonómico. Para ello basta sustituir las subvenciones afectadas y discrecionales que las comunidades entregan cada año a municipios por transferencias regladas, estables e incondicionadas.
Y por último está la financiación de gastos impropios o de suplencia que los municipios realizan en la actualidad. La reforma exige analizar la naturaleza del gasto, descontar en su caso la financiación externa (vía convenios o subvenciones), verificar si la demanda es ineludible y conseguir después un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera para su financiación.
Estas eran las cosas que decía un alto cargo del Ministerio de Economía y Hacienda en un congreso reciente. Yo hoy sólo las resumo.
