Costaría un gran esfuerzo de imaginación ver al alcalde de Gavà o al de Calafell pasearse por su localidad a bordo de un flamante Rolls Royce, cedido por un empresario inmobiliario con quien mantuviera relaciones contractuales en su municipio, como ha hecho el alcalde de Orihuela. Sería no sólo extraño, sino llamativo, que alguno de los alcaldes catalanes tuviera una finca con la mitad de metros cuadrados que la que tienen algunos ediles del sur de España como la imputada alcaldesa de Marbella. Sin embargo, durante mucho tiempo ha dado la sensación de que la corrupción era una cosa sólo imputable al oasis catalán, donde, quien más quien menos, entre comisiones del 3% y fondos europeos, se podría hacer un buen rinconcito para la jubilación.

Cada uno tiene sus manías y a este cronista le gusta coleccionar, entre otras cosas, libros sobre casos de corrupción, y podría enseñar capítulos y más capítulos sobre casos catalanes, como Filesa, De la Rosa, el juez Estevill y hasta toda clase de literatura sobre las actividades de algunos hijos del president Pujol sin que sobre ellos pese ninguna condena judicial. Sin desmerecer a los periodistas que en los años duros del pujolismo se atrevieron a denunciar las tramas existentes en Catalunya cuando todo el mundo silbaba, he visto llegar a un amplio elenco de expertos periodistas de investigación de fuera de Catalunya que han concluido que el Principado es un paraíso de las mafias y que aquí todo el mundo suca. Sin disculpar los casos de corrupción que ha habido en Catalunya, de todas las denuncias que se han hecho nunca he visto nada que se pueda comparar con lo que estos días se ha visto en Marbella y lo que empieza a aflorar en otras localidades vecinas. Y tampoco he visto nunca en Catalunya un caso tan grave de transfuguismo político como el que vivimos en la Comunidad de Madrid con Tamayo y Sáez. De aquello, apenas ya nadie habla y, en cambio, todavía oigo a políticos que se refieren al Estatut como el del 3%.

Lo que más indigna de las tropelías de Marbella es que, pese a que todo el mundo parece conocer ahora al amigo Juan Antonio Roca, ese de las 120 sociedades instrumentales, las mansiones con tigres y grifería de oro, durante quince años nadie ha podido o sabido pararle los pies. Después de diversas causas judiciales, lo máximo que se logró fue inhabilitar a Jesús Gil en el 2003, lo que dio paso a Julián Muñoz, el novio de la Pantoja, que también acabó saltando para que entrase en su lugar la actual alcaldesa. Como si fueran marionetas en sus manos, Roca ha ido tejiendo su poder sin que nadie lo haya evitado. ¿Hasta qué punto el PSOE y el PP han dejado hacer a los restos del GIL pensando que ello restaba votos a sus adversarios políticos? ¿Hasta qué punto la Junta de Andalucía no podía haber hecho más para frenar todas estas tropelías?

Sólo hay que darse una vuelta por cualquier punto del litoral mediterráneo para ver el desmesurado ritmo de crecimiento urbanístico. Sólo en la Comunidad Valenciana se ha construido medio millón de viviendas en la última década. ¿Cuántas Marbellas ocultas están detrás de tanta fiebre urbanística?

¿Y la oficina antifraude?

Ahora que la dirección de ERC está en el ojo del huracán por las cuotas que obliga a pagar a sus cargos de confianza en el Govern, bueno está recordar qué se ha hecho de la que era su gran baza para esta legislatura: la oficina antifraude. Todo parece indicar que va a acabar durmiendo el sueño de los justos. Tras una agria polémica entre el PSC y ERC para ver quién la controlaba, ha llegado al Parlament, donde se pedirá un dictamen al Consultiu sobre su viabilidad. El retraso durará varios meses.

Incompatibilidades para algunos

Y hablando del Consell Consultiu, no deja de ser oportuno recordar que los miembros de este organismo se salvaron de formar parte de la ley de Incompatibilidades que aprobó el pasado noviembre el Parlament. Ahora que Joaquim Tornos, presidente de este consejo, ha tenido que dimitir al conocerse que había hecho informes para el Govern, sorprende que los cargos de este organismo no estén afectados por esta ley como la mayoría de los cargos públicos. ¿Por qué será?

ERC sigue en el no (de momento)

Como ya se aventuraba, la cúpula de ERC lo tiene difícil para solventar su papeleta del Estatut. La dirección quiere llegar a Semana Santa y tomarse un respiro para reflexionar a fondo la estrategia que seguir. De momento, en el Senado intentarán mantener su voto en contra sin que ello suponga que se retrase la fecha del referéndum del 18-J.

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