Extradición militar y soberanía nacional

Una semana atrás, luego de que la Suprema Corte de Justicia dictara una histórica sentencia de extradición contra tres militares uruguayos involucrados en el secuestro y asesinato del ex agente de la dina chilena Eugenio Berríos, pocos podían suponer que ese fallo levantara tanta resistencia de parte de algunos sectores allegados al gobierno. Esperable era que sectores militares, en especial los más ligados a la dictadura, pusieran el grito en el cielo. O que lo hiciera el ex presidente Julio María Sanguinetti, que desde hace más de veinte años ha hecho del “peligro de alteración del orden social” que podría aparejar cualquier sanción a un uniformado uno de sus principales caballitos de batalla. O que el que protestara fuera el sector del diputado quincista y paloypalense Daniel García Pintos. Pero en principio se podía pensar que en la izquierda habría unanimidad en saludar la decisión de la SCJ.
Que nones. La nota la dio el senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, que en repetidas declaraciones a diversos medios de prensa dijo que la extradición dictada el miércoles contra los coroneles Tomás Casella (retirado) y Eduardo Radaelli, y el capitán Wellington Sarli, por los delitos de asociación para delinquir y secuestro, era lesiva de la soberanía nacional y peligrosa. En la interna frenteamplista Fernández Huidobro recibió muy pocos apoyos (los de sus compañeros de sector Luis Rosadilla y Julio Marenales fueron los más notorios), pero levantó polvareda.
DE “PEREJILES” Y “PRESOS POLÍTICOS”. El dirigente tupamaro había pegado fuerte: hablando el viernes 24 en el programa Primera voz, de am Libre, sostuvo nada menos que los militares que serían enviados a Santiago “son presos políticos”, y que la justicia chilena no le “merece ninguna garantía hoy en este tema, porque nuestra soberanía fue avasallada muchas veces. En realidad tendríamos que pedir la extradición de muchos chilenos para que vinieran acá a rendir cuentas de qué fue lo que hicieron en Uruguay”. Y fue más allá: “no está probado” que Berríos haya estado secuestrado en Uruguay. Agentes chilenos “amenazaron a la gente para que cambiara declaraciones, compraron declaraciones, y falsificaron documentos” que se presentaron ante la justicia, indicó.
Ayer jueves, en su entrega semanal para el diario La República, Fernández Huidobro calificó a Casella, Radaelli y Sarli como “chivos expiatorios (que) irán presos mientras que los otros salieron sonrientes rumbo a sus casas”. “Actuaron recibiendo órdenes”, y “ninguno de sus mandos, tampoco los mandos chilenos (...) han sido molestados para nada. Ni los civiles ni los militares”, subrayó. El senador emepepista apuntó así al general Mario Aguerrondo, jefe de la inteligencia militar en la época en que se produjo el asesinato de Berríos; al general Juan Modesto Rebollo, entonces comandante en jefe del Ejército; al ex presidente Luis Alberto Lacalle, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; y a su ministro de Defensa Mariano Britto. Alegó que aunque Aguerrondo reconoció “haber dado las órdenes”, su extradición hubiera sido políticamente “imposible”, al igual que las de los demás jerarcas militares y civiles. Es por ello, opinó, que se extradita a los “perejiles”: “nadie va a decir nada, porque además, si son milicos, la izquierda aplaude”.
El legislador tupamaro alertó por otra parte sobre la “inquietud” que el fallo de la Corte habría generado en los cuarteles, donde según dijo habría habido “deliberaciones” (“las asambleas son propias de los centros estudiantiles, no de los militares”, señaló). Y remató sus numerosas intervenciones de esta semana con una perla: entrevistado por el periodista Emiliano Cotelo (En Perspectiva, radio El Espectador, jueves 30), dijo que el fallo de la Corte podría indicar que se está ante “una operación Cóndor al revés”, olvidando quizá, por lo menos, que se trata de actuaciones judiciales en democracia con las garantías del debido proceso.
PRESIONES SOBRE LA PRESIDENCIA. Donde más eco encontró la línea argumental de Fernández Huidobro fue entre ciertos sectores castrenses (en particular de oficiales retirados) y en filas de la derecha y la ultraderecha de los partidos tradicionales. El diputado Daniel García Pintos, que felicitó al legislador tupamaro por su “coherencia” (Fernández Huidobro rechazó en el pasado la posibilidad de una extradición de Augusto Pinochet a Chile), se sumó a la tesis de que Radaelli, Casella y Sarli no tuvieron un papel importante en los hechos que se les reprochan, si es que tuvieron alguno. Y para que den su versión ante el Parlamento dijo que pedirá a la Comisión de Defensa de diputados que los reciba. Sanguinetti fue tajante: si se concretan las extradiciones hay peligro real de que se altere el “orden público”, lo cual a su juicio tornaría imperiosa la intervención del presidente de la República para impedirlo.
Más o menos por la misma cuerda que el dos veces presidente se movieron numerosos uniformados. En un comunicado firmado por el Centro Militar y el Círculo Militar que emanó de una asamblea realizada el martes 28 en la que participaron unos 500 oficiales retirados y en actividad, se sostiene que el fallo de la SCJ “podría inscribirse en una escalada del proceso de deterioro institucional que compromete la existencia misma de nuestras Fuerzas Armadas, exponiendo a riesgos la paz pública y la seguridad de nuestro Estado nación”. Al encuentro asistieron, entre otros, según informó ayer jueves el semanario Búsqueda, el ex dictador Gregorio Álvarez, Juan Modesto Rebollo, Raúl Mermot, Carlos Daners, Santiago Pomoli, José Nino Gavazzo y Jorge Silveira.
“EL FALLO SE CUMPLIRÁ.” Por el momento, nada parece indicar que el Poder Ejecutivo vaya a ceder a las presiones que sobre él se ejercen para que impida las extradiciones.
“Lo que a nosotros corresponde es dar cumplimiento a ese fallo dictado dentro de las competencias del Poder Judicial”, manifestó una firme ministra de Defensa Azucena Berruti. Con respecto a las declaraciones de Fernández Huidobro, la ministra sostuvo que “la gente puede opinar porque vivimos en un Estado de derecho, pero lo importante es que el fallo se cumpla, que es lo que va a suceder en este caso”. El senador nuevoespacista Rafael Michelini no duda de ello, pero manifestó su deseo de que la medida se efectivice “cuanto antes” para evitar cualquier eventual distorsión. “Concretarlas es parte de los cambios en materia de derechos humanos que han llegado con este gobierno y de la lucha contra la impunidad en la que estamos embarcados”, comentó.
También organizaciones de defensa de los derechos humanos respaldaron la decisión de la Corte, aun si lamentan que para que se haga en cierta medida justicia en el caso Berríos haya que resignarse a que sean los tribunales de otro país los que actúen. En un comunicado difundido el miércoles 29, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos observa que se trata de una sentencia histórica que habilita a que por fin se pueda castigar un crimen cometido por agentes de las mismas fuerzas que durante las dictaduras del Cono Sur instrumentaran el Plan Cóndor. El fallo, apunta el texto, “reafirma el Estado de derecho y la cooperación internacional”. “No puede argumentarse en contra de esta colaboración jurisdiccional internacional sobre la base de la defensa de la soberanía nacional. La defensa y promoción de los derechos humanos, tal como lo reconoce la Carta de las Naciones Unidas, no es un asunto doméstico, sino que compromete a la humanidad en su conjunto. En consecuencia, esas normas serían letra muerta si no existiese una ciudadanía y un Poder Judicial dispuestos a implementarlas”.
La decisión de la Suprema Corte no debería de todas maneras ocultar las omisiones en que, también en este caso, han incurrido todos los poderes del Estado: el Judicial, que, tal como sostiene Fernández Huidobro, jamás realizó una investigación a fondo del secuestro y asesinato del ex agente de la dina, el Parlamento, que podría haber ordenado esa investigación y pedido que se rindieran cuentas del hecho, y los gobiernos que se sucedieron entre 1992 y 2005, que pusieron todas las barreras a su alcance para que nada se pudiera avanzar. El Frente Amplio intentó en su momento marchar en esa dirección, pero ante los obstáculos que se le interpusieron desde los gobiernos de turno poco insistió. n¿Perejiles?
Según la particular lectura que del caso Berríos hace el senador Eleuterio Fernández Huidobro, Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli serían “chivos expiatorios”, “perejiles” que se estarían dejando llevar presos por no “arreglar” sus declaraciones.
Lejos están de pensar lo mismo el juez de Pando Pedro Salazar o la fiscal Nancy Hagopián. Esta última, aun si solicitó el archivo de las actuaciones contra los tres militares uruguayos al considerar que no había elementos para procesarlos, se hace eco en su dictamen de las declaraciones de agentes chilenos. De ellas, dice, “se desprende la evidencia de una operación de inteligencia del Ejército chileno de la época, ordenada por el entonces director de inteligencia, general Hernán Ramírez Rurange, con el fin de evitar que Berríos prestara declaración en algunas causas judiciales de ese país. A tal fin Berríos fue ‘sacado’ del país y conducido a la Argentina y casi enseguida a Uruguay. En nuestro país estuvo permanentemente acompañado por oficiales chilenos que se iban turnando y contaron con el apoyo de algunos militares uruguayos, principalmente los tres indagados”.
En lo que seguramente tenga razón Fernández Huidobro es en que Mario Aguerrondo, el jefe de inteligencia en épocas del secuestro y asesinato de Berríos, debe haber “salido sonriendo” tanto cuando se conoció el fallo de archivo del caso en Uruguay como cuando se pronunció la sentencia de extradición, que no lo involucra. Obedeciendo quizás a su formación militar, Radaelli, Sarli y Casella jamás hicieron mención de una participación de sus superiores en el caso ni reconocieron la existencia de una operación coordinada entre ambos ejércitos.
Tomás Eherenfeld, el abogado chileno de la familia Berríos, dijo a su vez a BRECHA que “en ninguna parte del expediente” abierto en el juzgado de Santiago hay elementos para acusar a Aguerrondo, y es muy probable que allí ya no se pidan más responsabilidades de actores uruguayos ni chilenos porque, según el sistema procesal de ese país, una vez que el caso entre en etapa de plenario no se persiguen nuevos indagados.
En Chile –a diferencia de Uruguay– varios integrantes de la cúpula de la inteligencia militar están procesados por este caso. Aquí, si bien diez años después de determinada la muerte de Berríos podrían haber prescrito los delitos de asociación para delinquir e incluso el de privación de libertad, faltan por lo menos seis para que eventualmente prescriba el delito de homicidio. Y eso vale tanto para los autores materiales como intelectuales del crimen.
En su sentencia de extradición del miércoles 29 la Suprema Corte sostiene por otra parte que hasta ahora no ha habido en Uruguay una decisión firme sobre el fondo del asunto, es decir por el asesinato de Berríos. El caso fue archivado sin perjuicio de poder ser reabierto en cualquier ocasión, observa. Por ahora, es cierto, ese momento no parece cercano.