Mariano Rajoy es plenamente consciente de que el escenario abierto tras la declaración de alto el fuego por parte la pandilla de canallas de ETA la pasada semana no ha hecho variar ni un ápice, no ha influido nada, sino más bien al contrario, en la corrección del esquema antinacional que preside la acción política del presidente Rodríguez. Lo diré de otro modo, Rajoy sabe que Rodríguez ha urdido un embuste con el que pretende atraerle al camastro para que participe con él en la orgía nocturna de la claudicación. Pero el equilibrio es difícil. Lo explicaba muy acertadamente esta semana Ignacio Camacho en el ABC: “Como depositario de casi un 40 por 100 de la voluntad ciudadana, el PP tiene que vigilar este proceso –Ignacio, el lenguaje, que esto no es ninguna guerra- sin dejarse llevar al huerto, pero sin que su desconfianza parezca un obstáculo. Para eso ha de hilar muy fino porque no controla ni la iniciativa ni la inercia; sólo puede colaborar en el establecimiento de unas fronteras de dignidad colectiva, marcar las líneas que no se pueden traspasar, y hacer de fedatario y de fiscal para que no sean traspasadas”.

Esas líneas Rodríguez ya las ha pactado con la pandilla de canallas y sus secuaces de Batasuna, por eso Rajoy sabe, también, que su promesa de que no hay compromiso alguno con la banda de asesinos es tan falsa como todo lo que rodea a Rodríguez, cuyo relativismo político llega al punto inmoral de mentir sin que eso le provoque ninguna clase de desazón, porque conviene a sus intereses hacerlo así. Pero esta vez el líder del PP ya estaba sobreaviso, y aunque pudiera parecer lo contrario, lo cierto es que su encuentro con Rodríguez del martes pasado tuvo tanto de escepticismo como de desconfianza. Lo que ocurre es que Rajoy hila fino hoy, para evitar que un descosido mañana le arranque un siete en la costura de este complicado traje de oposición que quiere ser alternativa.

De modo que, en el momento en que Rodríguez desnude las vergüenzas de sus pactos con ETA, Mariano Rajoy estará legitimado para acudir al Parlamento y exigirle cuentas ante la soberanía nacional, utilizando la vía parlamentaria que considere oportuna, incluida la de la moción de censura. Y es que lo que está en juego a partir de ahora, sobre todo desde que ayer el Congreso aprobara el Estatuto catalán, es el futuro de España como nación. ETA ha tutelado el proceso soberanista catalán desde el primer momento, desde que pactó en Perpignan con Carod los pasos a dar, y ahora que Cataluña ya es nación reconocida por las Cortes Generales, caminan juntos contra la idea de España cogidos de la mano de Rodríguez Zapatero para provocar la mayor revolución de nuestra reciente historia: el cambio de régimen, el nacimiento de un nuevo absolutismo.

¿Exceso? Ninguno. Échenle un vistazo a lo que ayer aprobaron las Cortes Generales y que supone la mayor traición que pudiéramos imaginar al consenso de la Transición. “Estamos en el principio del fin del Estado”, clamaba un magistral Rajoy, que dejó bien claro que de entente cordiale con el PSOE y el Gobierno, nada. Lo sabía Rodríguez que, cobardemente, eludió ese debate. El PP actúa en su labor fiscalizadora. Por eso Rajoy no va a desprenderse de nadie en su partido. Por eso necesita de todas sus fuerzas: sabe que en algún momento de esta legislatura tendrá que poner a Rodríguez contra la pared.

El centrismo no se predica agachando la cabeza, sino cargándose de razón en la defensa de lo que hemos construido como espacio de convivencia, y de la dignidad de los demócratas y de las víctimas frente al chantaje terrorista. No fue ninguna casualidad que Rajoy utilizara la expresión “principio del fin” para alertar de lo que se nos viene encima. Es la expresión que utilizó Rodríguez para hablar del ‘alto el fuego permanente’. Y aunque ayer Rajoy no vinculó expresamente Estatuto y tregua –es el estrecho margen que le concede a Rodríguez-, estaba implícito en su advertencia que lo que ayer aprobaron las Cortes forma parte del diseño de una nueva configuración del Estado en el que participa activamente la pandilla de canallas y sus secuaces en la medida que quieren para el País Vasco lo mismo que para Cataluña: reconocimiento como nación, fórmula de bilateralidad, soberanía nacional. Lo cual, unido a su ya manifiesta autonomía fiscal, es lo mismo que decir independencia.

El serio trabajo de una de las manos derechas de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, pone de relieve las incoherencias del Estatuto pero, sobre todo, la filosofía nacional-marxista que empaña todo su discurso intervencionista y antiliberal. Ese es el camino que quiere seguir la muchachada chulesca de la izquierda radical vasca, el que incomprensiblemente han permitido despejar las huestes de Artur Mas traicionando su tradición democristiana en favor de sus expectativas nacionalistas.

Un Estatuto que da cobertura legal a la eutanasia, al laicismo, al intervencionismo económico y social... Un Estatuto que desnuda de competencias al Estado, que se erige en Constitución de derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña, que desarma la estructura institucional para crear una estructura propia y diseña un nuevo centralismo autonómico... Un Estatuto que crea un nuevo poder judicial en Cataluña dependiente del poder ejecutivo y sentencia la muerte de la separación de poderes, cimiento de la democracia moderna... Un Estatuto que blinda las competencias de la Generalitat frente al Estado, que consagra el principio de bilateralidad, rompe la idea de solidaridad y defenestra el principio de igualdad entre los españoles... Un Estatuto que, en definitiva, no es sino un fraude a la democracia y al Estado de Derecho.

ETA y el Estatuto caminan de la mano de Rodríguez hacia la configuración confederal del Estado. Ese es el marco jurídico-político que el presidente ha diseñado para el futuro, y que incluye el pago de peajes a nacionalistas y terroristas por haber facilitado su acceso al poder. Peajes en forma de humillación de la memoria colectiva, de la dignidad social que un país como el nuestro debe tener siempre presente, porque nuestro marco de convivencia ha exigido sacrificios muy superiores a los que en otros lugares ha supuesto la construcción nacional. Lograr sus objetivos va a implicar, de ahora en adelante, concesiones que no deberíamos aceptar en ningún caso, porque suponen regalar a la pandilla de canallas aquellos fines por los que durante cuarenta años han matado, sin que la Justicia actúe sobre ellos.

El encarcelamiento de Otegi era la prueba del algodón de la voluntad de Rodríguez de llevar adelante este nuevo escenario tendiendo la mano a la dignidad nacional o burlándose de ella. Y ha elegido lo segundo. Somos, hoy más que nunca, una nación en peligro de extinción, y ya no lo sufro por razones históricas, sino por el simple hecho de que eso implica, también, extinguir nuestra convivencia en libertad. Rodríguez se merece el juicio de la Historia y de los Tribunales, y espero que la sentencia sea más justa que la de Otegi.