La Generalitat recaudó durante 2005 122.050 euros en multas por no rotular en catalán. Ese dinero, aunque esté al amparo de la Ley de Normalización Lingüística del 98, no es decente. Sancionar por no utilizar una lengua no es de recibo democrático. Los comerciantes tienen el derecho de rotular en el idioma que les dé la gana.El castellano es una lengua tan catalana como el propio catalán.¿Quién puede decir lo contrario? Nos encontramos en una sociedad decididamente bilingüe. La calle se siente bilingüe y esta situación debe ser respetada. Así, parece que se persiga lo contrario.Y es que una lengua obligada no es respetada de la misma forma.Y el catalán no se merece esa posición. Existen políticos que se sienten en la predisposición de hacer de controladores, dificultando el trabajo realizado durante mucho tiempo por otros a favor del catalán. Así, el dinero recaudado no es legítimo porque persigue la libertad de las empresas a decidir en qué idioma explican su negocio. Qué feo.

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