En Cataluña ha causado un cierto revuelo político el conocimiento de que el secretario de organización de Esquerra Republicana, Xavier Vendrell, había dirigido cartas a los empleados públicos no funcionarios de los departamentos de la Administración autonómica que controla políticamente exigiéndoles el pago de un porcentaje de su sueldo para financiar el partido. En las mismas, se les advierte de que, si no responden positivamente a la demanda, la dirección del partido podría verse obligado a instar su cese, extremo este que no se considera deseable. «Comprenderás -escribe el responsable de finanzas de los republicanos- que es una circunstancia nada agradable para mí». De acuerdo con lo que ha trascendido, los porcentajes de contribución solicitados oscilan entre el 4% de los ingresos mensuales para los que cobran 1.327 euros netos y el 24% para quienes perciben 9.266 euros, un grupo de élite que se reduce, básicamente, a los señores consejeros del Gobierno. Hasta el momento la recaudación marcha bastante bien porque sólo 37 de los contribuyentes se han resistido a pagar el impuesto solicitado, y la propia Ezquerra reconoce haber ingresado 852.000 euros por ese concepto durante el año 2005, lo que no está nada mal. Ni que decir tiene que los otros partidos han puesto el grito en el cielo y algunos responsables no han dudado en calificar los hechos de «presunta extorsión». Pero esa reacción no ha amilanado a los dirigentes republicanos, que ven la práctica como muy normal. «Cualquier persona que trabaje en un departamento de la Generalitat sin ser funcionario - razonó Vendrell- esta allí porque tiene la confianza del Consejero y, por tanto, debe pagar al partido». Y por si ese argumento no fuera bastante, añadió que este sistema le parece mucho más decente y honesto que el de las donaciones anónimas a cambio de supuestos favores políticos. O el de la percepción de comisiones ilegales por concesión de obras públicas, parques eólicos, minicentrales eléctricas o contratas de basuras, que son los métodos habituales de financiación de los partidos políticos. Vistas las cosas desde ese punto de vista, hasta es posible que tenga algo de razón. La insuficiencia en la financiación de los partidos, pese a las subvenciones del Estado, ha provocado sonados escándalos y no hay ninguna formación que no haya recurrido a prácticas irregulares para llenar sus arcas, con el peligro que eso supone de institucionalizar la corrupción política en España para siempre. Este sistema que propone Esquerra no es del todo nuevo, porque ya se sabía desde hace tiempo que los partidos exigían a sus cargos políticos una contribución con cargo a los ingresos que reciben del Estado. Ahora bien, extender la práctica a la función pública, aunque se limite a los cargos de confianza, a los contratados y a los interinos, puede resultar tan peligroso como inmoral. Urge una ley que haga transparente la financiación de los partidos políticos antes de que el parasitismo se haga crónico.