La irrupción de los estados fallidos y el creciente número de víctimas que supuso, provocó el auge de la acción humanitaria en la década de los 90. Las crisis de Somalia y Kosovo son ejemplos de estados al borde del colapso como consecuencia de un conflicto armado interno en el que diferentes actores lucharon entre sí por acceder al poder, al control de una parte del territorio, de los recursos o por razones identitarias. A pesar de las intervenciones militares externas y de la masiva respuesta humanitaria, son ejemplo también de la incapacidad de la comunidad internacional para evitar el sacrificio de centenares de miles de personas atrapadas durante el conflicto.
El número de estados frágiles ha ido aumentando progresivamente desde entonces hasta alcanzar el medio centenar, concentrándose la mayoría en el continente africano. En el estudio elaborado por el Fondo para la Paz y la revista Foreign Policy, de los 10 estados en mayor situación de vulnerabilidad, siete están en Africa.

La mayoría de ellos han aparecido en las últimas ediciones del Informe sobre las crisis olvidadas que la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) publica anualmente.

Existe una clara relación entre situaciones de colapso del Estado como consecuencia de un conflicto y desinterés político por parte de la comunidad internacional. En países como la República Democrática del Congo (RDC), Somalia, Costa de Marfil, Liberia o Haití, que ocupan un lugar periférico en el sistema internacional, se evidencia tanto la falta de reacción política para afrontar las crisis como los escasos presupuestos que se destinan a la ayuda humanitaria.Si a ello le añadimos el hecho que los medios de comunicación apenas se interesan por la suerte de estos países, se entiende el calificativo de conflictos olvidados.

Hay algunas excepciones en esta relación. La más evidente es el caso de Irak, que se encuentra en el centro de las agendas políticas y mediáticas por ser uno de los escenarios en donde se libra la denominada guerra contra el terrorismo, máxima prioridad desde hace algunos años de la agenda política internacional.

En países como la República Democrática del Congo, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la asistencia sanitaria básica a su población es absoluta y las consecuencias sobre la población civil se manifiestan en forma de desplazamientos de población, crisis nutricionales, epidemias y violencia generalizada.

El conflicto, que algunos han llamado la «primera guerra mundial africana», ha provocado el peor balance desde la II Guerra Mundial; más de tres millones de muertos y centenares de miles de refugiados y desplazados internos. La mayoría de las personas que viven en la zona este del país siguen sufriendo hoy la violencia provocada por el enfrentamiento entre fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes.

Las encuestas llevadas a cabo en los últimos meses por los equipos de Médicos Sin Fronteras revelan que los índices de mortalidad triplican el umbral de la emergencia. En algunas áreas de la región de Katanga la mortalidad de los niños menores de cinco años supera la cifra de seis muertos por 10.000 habitantes al día. A pesar de ello, la respuesta internacional en forma de asistencia es prácticamente inexistente y Naciones Unidas anuncia el proceso hacia la paz, mientras la población sigue abandonada a su suerte, desplazada, sin protección ni alimentos suficientes.

El trabajo de las organizaciones humanitarias en estos países es muy limitado: contribuye a mantener la supervivencia y paliar el sufrimiento de las personas atrapadas por el hundimiento del Estado. Pero no basta. Son situaciones extremas que exigen respuestas políticas por parte de una comunidad internacional que sólo parece preocuparse de los estados fallidos cuando considera que representan una amenaza contra su propia seguridad o sus intereses económicos mientras permanece indiferente ante la amenaza a la seguridad y la supervivencia de millones de personas víctimas de la negligencia y el olvido políticos.

Una comunidad internacional que se instala confortablemente en promesas de un futuro mejor, olvidando que tenemos la responsabilidad de responder hoy para evitar tanto sufrimiento.

Rafael Vilasanjuán es director general de Médicos Sin Fronteras España.