Las manifestaciones de protesta que el llamado Contrato de Primer Empleo (CPE) están produciendo en Francia no amainan. Sindicatos y organizaciones estudiantiles, crecidos por la multitudinaria movilización del pasado sábado, tomaron ayer la decisión de convocar para el próximo 28 de marzo una nueva jornada nacional de paros, la cuarta que tiene lugar contra la minireforma laboral que impulsa el primer ministro, Dominique de Villepin. La madalie française en todo su esplendor.

Como les supongo al cabo de la calle de lo que acontece en París y alrededores, tal vez sea interesante indagar, siquiera someramente, sobre algunas cuestiones de orden económico, social y cultural que pueden ayudar a explicar el porqué de una revuelta que, sin pretender explicarlo todo, no hace sino confirmar la negativa radical de la sociedad francesa a cualquier mínimo cambio que ponga en cuestión su viejo estatus de gran potencia y de país rico.

Desde este punto de vista, resulta esclarecedor reparar en las ideas que el propio Villepin expone en su libro Le Requin et la Mouette (Plon/Albin, Michel Editiones, 2004). Ahí van: "Portadora de infinitas promesas de desarrollo, la economía de mercado crea las condiciones para la aparición de crisis brutales, potencialmente globales: el crack de 1929, el shock petrolero de 1973 y la burbuja bursátil de 2000. Un suceso aparentemente local puede quebrar la unidad del comercio mundial (...) La no injerencia de la política en el mercado es del gusto de las teorías sobre el liberalismo económico, para quien el orden espontáneo aventaja siempre al orden impuesto. Pero las reglas que rigen el mercado reposan sobre un abismo carente de valores, de modo que podríamos preguntarnos si el liberalismo económico, al instrumentalizar al liberalismo político, no le acaba privando de su sustancia.
“Detrás de los ideales de igualdad ante la ley”, prosigue Villepin, “del libre acceso al empleo, de la promoción social y de los valores fraternales de 1789, avanzan el materialismo, la concurrencia, el individualismo desbocado y, sobre la bondad angélica, irrumpe el egoísmo. La mundialización no solo globaliza la economía, también la frustración, y lo hace sin freno ni reglas, pues la economía de mercado no sólo genera prosperidad, sino también miseria. La riqueza, cuando llega, hace su paseo triunfal con su Corte de Injusticias, atizando el resentimiento de quienes se sienten víctimas de ella”. De manera que para el liberal Villepin, la economía de mercado “no sólo genera prosperidad, sino también miseria”, una sentencia que hubiera hecho felices a los ideólogos de la extinta Unión Soviética, un sistema que, como demostró la historia del siglo XX, sólo “generaba prosperidad”. Se comprende que con esta clase política enferma de estatismo, Francia lleve una docena de años con su economía estancada o creciendo por debajo de la media de la UE.

Como no podía ser de otro modo en toda gran nación, y Francia lo sigue siendo, personalidades del mundo político e intelectual vienen desde hace años denunciando la situación de postración que atraviesa el país. Tal vez el aldabonazo más esclarecedor sea el contenido en el llamado 'Informe Camdessus', encargado en mayo de 2004 por el entonces ministro de Economía y Finanzas, Nicolas Sarkozy. El ex director gerente del FMI describe la Francia actual como “una paradójica mezcla de logros envidiables y de fracasos inaceptables”.

Tras describir los logros de una nación que sigue siendo “la quinta potencia económica mundial”, Camdessus denuncia, sin embargo, situaciones como esa tasa de paro estancada alrededor del 10% de la población activa en los últimos 20 años, una desgracia a la que muchos franceses parecen haberse resignado. Jóvenes y mayores son las grandes víctimas de la situación. Sólo el 24% de los chicos entre 16 y 25 años tiene un empleo, frente a una media del 44% en los países OCDE. Sólo el 34% de los franceses entre 55 y 64 años dispone de un puesto de trabajo, frente a una media del 50% en la OCDE. Muchas familias francesas se encuentran ya en la segunda o tercera generación de parados. En las últimas décadas, Francia ha venido dedicando el 30% de su PIB a gasto social, el porcentaje más alto de Europa, sin que tal dispendio haya podido evitar que más de un millón de niños vivan por debajo del nivel de pobreza.

El 'Informe Camdessus', que el Gobierno Chirac ha guardado en un cajón, pone en evidencia algunas realidades de la decadencia gala. Así, el PIB francés, que era un 25% superior al de Gran Bretaña en 1975, es hoy un 9% inferior. El estancamiento económico viene acompañado por una caída de la productividad (1.463 horas trabajadas en Francia, frente a 1.700 en Alemania, 1.850 en Gran Bretaña y 1.966 en USA), y un déficit en nuevas tecnologías, por no hablar del excesivo peso del gasto público, de una ineficacia social y económica proverbial. La situación de decadencia no es percibida, sin embargo, por una sociedad anestesiada que disfruta de tipos de interés históricamente bajos, que cree que el mal es general, y que cuenta con el paraguas del euro contra eventuales devaluaciones.

Michel Camdessus no ha sido el único en dar la voz de alarma. Ya en 2003 aparecieron varias sonoras denuncias poniendo de relieve la dimensión del problema, como la de Marcel Gauchet (La Condition Historique), la de Alain Duhamel (Le Désarroi Français), la de Jean Maria Rouart (Adieu a la France qui s’en va), o la de Gerard Mendel (Pour quoi la democratie est-elle en panne). Sin embargo, fue el historiador y economista Nicolas Baverez quien, a finales de ese año, causó sensación con La France qui tombe (de reciente traducción al castellano), en el que se interroga sobre las claves de la inexorable enfermedad francesa, analizando las dificultades galas para adaptarse a los cambios políticos, económicos y sociales de la aldea global.

En este caldo de cultivo, el Contrato de Primer Empleo (CPE) no es otra cosa que una tímida propuesta de reforma laboral que busca incentivar la contratación de jóvenes menores de 26 años por la vía de abaratar los costes del despido, costes especialmente nocivos para quienes, como ellos, cuentan con una escasa o nula experiencia laboral. Frente a los actuales contratos de larga duración, que contemplan un periodo de prueba de seis meses, el CPE permitiría un periodo máximo de dos años, durante el cual el empresario podría despedir al trabajador sin indemnización.

Pero, por paradójico que parezca, los beneficiarios del statu quo actual, los grandes sindicatos, se han apresurado a lanzar a los jóvenes contra una reforma laboral que sin duda está (¿estaba?) destinada a favorecerlos, al dinamizar sus posibilidades de contratación. Son las consecuencias de un estatismo enfermizo y de unos mal llamados “derechos sociales” que, aunque conducen al estancamiento económico y al desempleo, siguen siendo reivindicados como “un avance social”.

Un país en declive, pues, que no acepta la terapia del cambio, que no asume el divorcio existente entre la ficción que tiene de su realidad y la propia realidad. Una sociedad en cierto sentido enferma, que se sabe todavía muy rica y que es incapaz de percibir que las bases de esa riqueza han sido ya dinamitadas, incapaz, por tanto de renunciar a sus privilegios. Un país espléndidamente dotado por la madre naturaleza, que pretende seguir gozando del estatus de gran potencia y que se niega en redondo a apretarse el cinturón. Una sociedad reacia al cambio más liviano. Un país en el que se cumple aquello que decía Tocqueville de que “basta un pequeño intento de reforma en un sistema cerrado para desencadenar una revolución”.