¿Quién gobierna en Francia: la calle o Matignon?, de Roberto L. Blanco Valdés en La Voz de Galicia
ESO DEBEN estar preguntándose desde hace dos semanas millones de franceses: si su país acabará siendo gobernado desde el Palais de Matignon -sede de la Presidencia del Gobierno- o desde el Barrio Latino de París, cabeza de la revuelta popular contra uno de los proyectos estrella del primer ministro, Dominique de Villepin.
Porque, más allá de las bondades o maldades de ese contrato de primer empleo que ha provocado el abierto enfrentamiento entre el Gobierno y cientos de miles de jóvenes franceses, apoyados ahora ya por importantes sectores sindicales y políticos, las cuestiones que el actual conflicto pone en primer plano son centrales, desde hace mucho, en todos los sistemas representativos: las de quién gobierna en democracia y la de cómo debe gobernar quien tiene conferida por el pueblo esa responsabilidad importantísima.
El asunto no resultaría demasiado complicado si los partidos se situasen ante él en función de su posición institucional objetiva en el funcionamiento del Estado y no de su posición política subjetiva en la marcha del Gobierno.
De darse lo primero, todos los partidos (en la oposición o en el Gobierno) defenderían que las legítimas decisiones de la mayoría no pueden abandonarse a golpe de manifestación pacífica o de algarada callejera, pues de aceptar, en su extremo, tal dinámica, la democracia resultaría sencillamente ingobernable. Pero lo que ocurre en realidad es lo segundo: que los partidos juzgan en todas partes las movilizaciones populares contra las políticas decididas por la mayoría parlamentario-gubernamental según formen o no parte de ella.
Las manifestaciones contra el envío de tropas a Irak le parecieron en su día al PP una injerencia injustificable en el ámbito de decisiones constitucionales del Gobierno, mientras que el PSOE las jaleó como la voz de la calle que ningún presidente demócrata osaría desoír. Las manifestaciones contra la política antiterrorista que dirige Rodríguez Zapatero le parecen hoy al PSOE una injerencia injustificable en el ámbito de decisiones constitucionales del Gobierno, mientras que el PP las jalea como la voz de la calle que ningún presidente demócrata osaría desoír. Así se escribe la historia.
Por eso, De Villepin se enfrenta a una grave decisión, que supera con mucho la de si debe mantener o retirar ese contrato de primer empleo que considera necesario para mejorar el mercado laboral. Pues el asunto de fondo al que, quiéralo o no, De Villepin responderá, es el de cómo y quién gobierna: con su decisión, sea la que fuere, enviará un claro mensaje a sus compatriotas sobre qué tipo de democracia rige en Francia.
