El salario de sus señorías, de Xosé Luís Barreiro Rivas en La Voz de Galicia
A MÍ me parece bien que los diputados de Galicia se hayan subido sus asignaciones brutas hasta los 4.167 euros mensuales, y sólo lamento que esta corrección se haya hecho a puerta cerrada y sin la justa sensación de estar retribuyendo un trabajo bien hecho. Soy consciente de que una subida salarial del 10% puede ser pasto de todos los demagogos que pululan por el barrio mediático. Y por eso reprocho a sus señorías el inmenso error que cometen cada vez que, presos de su propia demagogia, se aplican contenciones salariales fuera de toda lógica, para después verse abocados a estos saltos que, aunque sean intachables en el fondo, castigan la imagen de las instituciones.
Contra esta subida sólo cabe invocar argumentos que, si fuesen ciertos, echarían por tierra todo el sistema de retribuciones vigente en España. En la Universidad hay profesores diligentes y vagos. En los hospitales hay médicos excelentes y otros que ¡vaya por Dios! En los equipos de fútbol hay jugadores que marcan goles y otros que se tiran a la piscina. Y en los parlamentos de todo el mundo hay diputados de preparación y rendimiento muy diverso que el sistema de retribuciones tiende a igualar de forma inadecuada. Pero nadie podrá decir que un diputado gallego debe hacer su trabajo con menos sueldo del que ahora se les asigna, o que los emolumentos que se han puesto chirrían de forma impresentable en el sistema salarial de nuestro país.
Dado que la política es un servicio público en el que van implícitos algunos valores que no son retribuibles, nunca es fácil saber cuánto se debe pagar a quien ocupa un cargo de alta responsabilidad. Por eso quiero darle una norma que puede servir de guía en tan espinosa cuestión. Lo primero que hay que decir es que, no tratándose de una verdadera profesión, ni estando sujetos a un estricto proceso de selección técnica, los cargos políticos no deben retribuirse con criterios de mercado, como si hubiésemos de encontrar conselleiros, presidentes y directores generales en dura competencia con la empresa privada, o como si el salario fuese la única motivación que tenemos para acceder a una dignidad política. Y la norma segunda es que todo responsable público tiene derecho a un salario que le permita vivir con dignidad institucional y privada y con la prestancia propia de su cargo.
En el estado actual de las cosas, mientras el sueldo de los diputados roza el mínimo imprescindible, proliferan algunos cargos vinculados a empresas públicas y organismos de control que se salen de toda lógica. Y es que, cuando se fijan las retribuciones mirando de reojo hacia los demagogos, los errores se producen, como es lógico, por exceso y por defecto.
