UN proyecto de ley de escasa sustancia política provoca divergencias entre los dos socios del Principado, PSOE e IU. Se trata de la norma de Coordinación de Policías Locales, que no acaba de obtener el visto bueno del Gobierno para ser remitido a la Junta General del Principado. Los sindicatos policiales temen que acabe esta legislatura sin que la citada ley sea aprobada en la Cámara e IU se suma al sentir sindical y considera que los socialistas buscan disculpas para retrasar su tramitación. Para completar la descripción, digamos que el proyecto de ley ha sido elaborado por la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, cuyo titular es Javier García Valledor.

Con independencia de quién tenga razón en esta cuestión, no deja de ser sintomático que las diferencias de PSOE e IU cristalicen, con frecuencia, en torno a cuestiones de personal, bien sean policías o veterinarios. Una de las almas o identidades de IU es la sindical, así que una norma que trata sobre vestuario, armas, vehículos, formación de los agentes, etcétera, cobra para esta fuerza política una gran importancia, y se muestran sensibles a hacer piña con los sindicatos policiales.

Las objeciones al proyecto de ley, tal como ha sido elaborado por la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, provienen de determinados ayuntamientos socialistas. El diputado de IU Aurelio Martín declaró que le gustaría ver a todos los alcaldes de Asturias apoyando el proyecto de ley, pero que no pasa nada si sólo lo respalda el 98% de los regidores. Así, como quien no quiere la cosa, acaba de dar Aurelio Martín con la clave del asunto: las leyes del Principado no progresan sin el apoyo sindical y el consenso municipal. El grupo mayoritario del Gobierno de coalición -el PSOE- es sensible a las resistencias de los alcaldes, y el socio minoritario -IU- lo es a las demandas sindicales. Lo mismo pasa cuando se trata de concretar los proyectos que financian los fondos mineros o al ubicar los fabulosos centros internacionales de cultura. El articulado del proyecto de ley debe dar satisfacción a los sindicatos, pero tampoco puede contrariar a los alcaldes. Este problema se arregla si Valledor retoma el asunto con los dos gremios.