Los principales periódicos -como las agencias de noticias públicas y privadas- se inclinaban ayer, en torno a las revelaciones de EL MUNDO, por una línea interesantemente unánime en sus informaciones y sus opiniones. La noticia era que la famosa bolsa había sido «debidamente custodiada» en todo momento, no que el responsable de la custodia no reconociera ahora la supuesta bolsa de la estación de El Pozo; la opinión, que poner en tela de juicio el control de la instrucción y la fiabilidad de la principal prueba sobre la que está construido todo el edificio judicial en torno a la responsabilidad de los terribles atentados del 11-M equivale a deslegitimar nuestro Estado de Derecho.
Mientras EL MUNDO centraba su información de ayer en lo que ya el lunes había revelado -que el inspector jefe Miguel Angel Alvarez no había reconocido el pasado jueves la bolsa «que contenía el artefacto explosivo» como ninguna que él hubiera visto el 11 de marzo de 2004 en la estación madrileña de El Pozo-, que es la clave de todas estas revelaciones, otros medios se centraban en las notas oficiales sobre el nivel de control de las pruebas en el día de los atentados: «La Fiscalía de la Audiencia Nacional niega que las pruebas hayan sido manipuladas», titulaba El País; «El inspector jefe nunca llegó a ver la mochila auténtica, pues al detectarla en comisaría, él ya dormía», explicaba ABC. En esa misma línea de aparente desmentido se movía la agencia Europa Press: «La Fiscalía asegura que los objetos recogidos en el 11-M fueron custodiados por la policía judicial».

Pero nada de ello contradice lo publicado por EL MUNDO: el inspector Alvarez, máximo responsable de la recogida de material en El Pozo, recuerda todos los objetos reunidos en el lugar de una de las explosiones, y la bolsa que hoy es presentada como la que contenía explosivos sin estallar y pruebas decisivas -de apariencia idéntica, por cierto, a la que en las últimas horas se presenta como la «verdadera» bolsa- no estaba entre esos objetos, cuya recolección él controló escrupulosamente. Del tortuoso recorrido a partir de entonces de esos objetos, de su posterior estancia en la comisaría de Vallecas o del tardío descubrimiento allí de la famosa mochila nada decía, ni tenía que decir, Alvarez.La supuesta bolsa de las pruebas no estaba entre las que él controló en El Pozo: ésa es la noticia que inevitablemente resaltaba EL MUNDO, y que en otros medios queda oscurecida tras el fárrago de explicaciones exculpatorias de la Fiscalía.

En cuanto a las opiniones editoriales, destaca la inhabitual -por lo menos, hasta la fecha- coincidencia en la argumentación del periódico más próximo al Gobierno socialista, El País, con el órgano más tradicionalmente conservador, ABC. Ambos descalifican cualquier crítica a la investigación y la instrucción del caso como un ataque a la estructura misma del sistema democrático, y ambos fulminan al Partido Popular por sugerir que, si se demuestra la falsedad de una prueba tan decisiva como la que está en litigio, toda esa instrucción puede desmoronarse.

ABC titula significativamente su editorial Por la legitimidad del Estado, y asegura: «Pareciera que existe un propósito deliberado de sabotear la labor de la instrucción judicial, desacreditar a los agentes policiales que han intervenido en ella y deslegitimar la muy próxima resolución del juez (...). La consecuencia de esta endemoniada espiral no sería otra que la deslegitimación del resultado de las elecciones generales celebradas tres días después de la masacre y en un clima de máxima crispación, la demostración de que el sistema judicial no es capaz de depurar responsabilidades y la probabilidad de que una parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantuvieran connivencias inconfesables y propósitos antidemocráticos». Y remacha: «Es preciso, justamente cuando se ponen en cuestión distintas instancias del Estado, insistir en su plena legitimidad y reclamar de todos la solidaridad con los mecanismos del sistema democrático -judiciales, policiales, gubernativos, representativos- no sólo para hacer justicia, sino también para amparar todos los intereses sociales, bajo el principio de legalidad». Y fustiga el comportamiento «paradójico» del PP.En la oposición se centra El País al titular su editorial Rajoy cruza la raya: tras asegurar que las «hipótesis [de EL MUNDO] han sido investigadas y desechadas por el instructor» -cosa de la que no existe, por cierto, constancia-, truena: «Lo que no tiene parangón, ni en Estados Unidos en relación con el 11-S ni en el Reino Unido respecto al 7-J, es que la oposición (...) se apunte a la teoría conspirativa, aun a costa de poner en tela de juicio los instrumentos que tiene un sistema democrático para perseguir a los criminales».