En los últimos días se ha debatido en los periódicos catalanes las ventajas y los inconvenientes de establecer cuotas para la programación de cine catalán. Aclaremos de entrada que el contexto en el cual se habla de cine catalán puede favorecer ciertas confusiones, dado que es de común aceptación que cine catalán es el que se produce en Cataluña y cine en catalán es el que se programa en este idioma. Dicho de manera clara una cosa es la emisión de una película producida y dirigida por catalanes aunque esté realizada en castellano o inglés y otra, una película americana doblada al catalán.
Planteo esta distinción porque ambos elementos pertenecen a dos políticas distintas, en muchos aspectos complementarias, pero conceptualmente distintas. La primera hace referencia a la promoción de nuestro sistema cinematográfico y en consecuencia obedece a criterios industriales y culturales y la segunda pertenece al desarrollo de las políticas de normalización lingüística.

Cataluña tiene un sector audiovisual sólido, dotado del conjunto de los elementos que establecen su cadena de valor: productores, directores, artistas, distribuidores, exhibidores, infraestructuras, tecnologías, localizaciones, etc, que produce el 35% del cine que se hace en el Estado Español y que tiene un potencial de crecimiento indiscutible. No debe extrañarnos que en tal situación, el sector audiovisual catalán se debata en una doble pulsión.Por un lado, la necesidad de desarrollarse industrialmente, lo cual comporta esfuerzos notorios para impulsar la capitalización de sus empresas, su comercialización global y la creación de contenidos marcadamente universales que a menudo exigen la utilización de directores, actores o medios internacionales. Por otro lado, existe un vector centrado esencialmente en la necesidad de construir contenidos dotados de una autoría creativa mucho más cercana a las dinámicas propias de los sectores culturales.

Opino que ambas dinámicas son las dos caras de una misma moneda y por tanto son compatibles, aunque supongan el ejercicio de prácticas políticas aparentemente contrarias. La utilización del catalán como lengua vehicular en la exhibición de las producciones cinematográficas es una variable que debe ser impulsada y en cualquier caso, le corresponde al Govern evitar que su puesta en práctica sea imposible por defectos del mercado. Este criterio comporta una evidente y necesaria discriminación positiva hacia aquellos agentes que quieran actuar en catalán, aunque no pueda, ni deba, imponerse en una actividad que no es puramente comercial, sino que tiene un marcado componente creativo.

La consecuencia de una política de estímulo y de soporte activo a la producción cinematográfica en catalán debe suponer, igualmente, la existencia de espacios de exhibición dispuestos a programarla.Parece lógico suponer que tiene poco sentido producir para no vender y de ello se deduce que el pacto con los exhibidores es imprescindible para que tal política tenga sentido. Seguramente que un acuerdo de este tipo deberá ir acompañado de medidas variadas para tecnificar y digitalizar los cines catalanes con el objetivo de abaratar los costes de distribución de nuestras películas.

Hablar de cuotas quizá es legalmente discutible, pero no lo es política ni moralmente y obviamente es una necesidad cultural incuestionable.