Para asombro de los nuevos poderes fácticos hispanos, resulta que la justicia boliviana es independiente, de Jesús Cacho en El Confidencial
Es cosa difícil de entender. Resulta que el Gobierno radical de Rodríguez Zapatero tiene comprometido todo su apoyo al Gobierno del boliviano Evo Morales; resulta que Antonio Brufau acaba de girar visita relámpago a La Paz donde ha asumido el compromiso de doblar las inversiones de Repsol YPF en el país andino, y resulta que cuando unos y otros creían que el tren revolucionario del cocalero Morales había entrado en agujas, resulta entonces, digo, que un juez boliviano sale por peteneras dispuesto a poner patas arriba los intereses de la petrolera en el altiplano. Increíble, pero cierto.
El escándalo saltó el pasado jueves, cuando se supo que un fiscal boliviano había ordenado la detención de los dos máximos ejecutivos de Andina, la filial local de Repsol YPF, algo que por estos pagos se vendió como un atropello propio de país bananero. La historia viene de atrás: el fiscal Ángel Álvarez, de la fiscalía de la Aduana de Santa Cruz, había citado el pasado 24 de febrero a declarar al español Julio Gavito y al argentino Pedro Sánchez, director general y director de operaciones, respectivamente, de Andina, acusados de haber participado en el contrabando de 230.400 barriles de petróleo por un importe de 9,2 millones de dólares, pero ambos hicieron mutis por el foro, alegando haber salido de viaje, motivo por el cual el fiscal emitió orden de detención contra ambos y ordenó un registro de las oficinas que Andina tiene en Santa Cruz.
Cuando las noticias de lo ocurrido llegaron a Madrid, el susto fue morrocotudo. El presidente de la petrolera llamó de inmediato al ministro boliviano de Hidrocarburos, que resultó no saber una palabra de lo que estaba ocurriendo, e inmediatamente se puso en contacto directo con Rodríguez Zapatero, que sin dilación puso el Ministerio de Exteriores a disposición de Repsol YPF. Parece que tamaña movilización (“el asunto ha producido enorme preocupación en España”, dijo Bernardino León) tuvo una consecuencia directa: las órdenes de detención contra Gavito y Sánchez fueron revocadas por motivos fácilmente entendibles. La justicia del poderoso.
Parece, sin embargo, que la Fiscalía de Santa Cruz no da su brazo a torcer tan fácilmente, porque ha citado a declarar para hoy a otros dos directivos (el director de Relaciones Externas y la jefa de la Asesoría jurídica) de Andina, al tiempo que mantiene la orden de detención contra Gavito y Sánchez, que se encuentran en paradero desconocido y están siendo buscados por la policía boliviana. Los cuatro están acusados de haber colaborado en las operaciones de contrabando. Los problemas de Repsol no acaban aquí, ya que la Fiscalía de Santa Cruz mantiene abierta otra acta de intervención contra la planta de procesamiento de gas en el campo Margarita, por un problema de impuestos no satisfechos.
Al día siguiente de la orden de detención dictada contra Gavito y Sánchez, el pasado viernes 10 de marzo, el diario El País titulaba en portada de esta guisa: “El Gobierno expresa su enorme preocupación por el incidente de Repsol en Bolivia”. El Gobierno de marras es el español, naturalmente, y lo que el diario socialista rebaja a la categoría de “incidente” lo explicaba en el cuerpo de la noticia como la “sospecha de presunto delito de contrabando de carburantes”. Ojo al dato: “Sospecha de presunto delito”. Casi nada. No “presunto delito” o “sospecha de comisión de un delito”, sino “sospecha de presunto delito”.
Tiene razón El País cuando se rasga las vestiduras, alarmado por lo que le ocurre a Repsol YPF en Bolivia. Y es que en España sabemos bien del trato escrupuloso que don Jesús Polanco, dueño de El País, despliega cuando de la independencia de jueces y fiscales se trata. Si la cosa va personalmente con él, vulgo caso Sogecable, entonces don Jesús extrema tanto sus escrúpulos que es capaz de sacar a gorrazos de la carrera judicial al juez que tuvo la osadía de instruir el sumario. En esto del trato exquisito que los ricos españoles emplean con los jueces, los bolivianos no saben casi nada. Tendrían que venir a Madrid y hacer un cursillo acelerado con Juan Luis Cebrián. Se iban a enterar de lo que vale un peine.
Ni una línea dedicaba el viernes el diario socialista al hecho de que los dos principales imputados de Andina, es decir, de Repsol YPF, se encuentren fugados de la justicia, ni una línea cuestionando esa conducta, cuando es obvio que nada tendrían que temer de no haber cometido delito alguno. ¿Por qué no comparecer ante el juez en lugar de darse a la fuga? Esto es algo que tampoco estaría mal que aclarara Repsol YPF, más que nada para saber de qué estamos hablando, más que nada para saber si Repsol YPF, como es norma en toda multinacional que se precie, considera que la justicia sólo es aplicable a los pobres del mundo, pero no a los poderosos, y mucho menos la justicia de un país pobre de solemnidad como es Bolivia.
