La Constitución y la democracia nos han permitido alcanzar grandes objetivos sociales. La universalización de la Sanidad y de la Educación, el saneamiento y consolidación de la Seguridad Social, el nuevo paradigma de la vida independiente y de la plena participación ciudadana de las personas con discapacidad son logros que se computan hoy en el haber de todos. El Pacto de Toledo de 1995, y su renovación en 2003, expresan claramente ese espíritu de avance. Un avance en el que ahora -todos estábamos de acuerdo- tocaba dependencia.
Era el momento, por decirlo mejor, de empezar a construir el cuarto pilar del Estado del Bienestar -que son los servicios sociales- comenzando por la atención a la dependencia. El momento de transformar unos servicios sociales graciables, limitados, inermes para atender a la amplia clase media, en auténticos derechos subjetivos. El momento, por ende, de superar la gran desigualdad de servicios sociales que hoy existe en las distintas comunidades autónomas de España.

Y hay que empezar por reconocer que no partíamos de cero. No es posible olvidar el ingente trabajo de las personas y familias que, agrupadas en asociaciones, han impulsado las actuales redes de servicios, y siguen haciéndolo. No es justo obviar el esfuerzo de ayuntamientos y diputaciones, de los CEAS (Centros de Acción Social), de la administración más próxima a los ciudadanos. Y no es de recibo echar en saco roto la labor de las comunidades autónomas que recibieron los servicios sociales del Inserso y han mejorado mucho su calidad y cobertura.

Sin embargo, es cierto que el paso que ahora tocaba dar, el paso de la universalización y la igualdad, no podían darlo las asociaciones, ni las corporaciones locales, ni las comunidades autónomas: tenía que darlo el Estado.

Sólo el Estado puede garantizar la igualdad. Qué gran perogrullada, y qué tristes los tiempos en que es necesario explicarla. Sólo el Estado puede dictar leyes que establezcan unas bases iguales para todos. Sólo el Estado puede garantizar la obtención y redistribución de los recursos necesarios para nutrir los nuevos derechos en todas las comunidades autónomas: las más desarrolladas y las menos, en las que viven muchas personas dependientes y en las que éstas, todavía, no son tantas.

No es de extrañar por ello la ilusión con la que, tras la publicación del Libro Blanco, numerosas organizaciones sociales llevaron al Parlamento sus aportaciones a la futura ley. En la Comisión del Pacto de Toledo y en la de Políticas de Discapacidad se oyeron en los meses pasados las voces de muchas organizaciones, personas y entidades implicadas en conseguir la mejor ley de dependencia posible.

Si de todas esas comparecencias debiéramos sacar un denominador común, no cabe duda de que este sería -los diarios de sesiones no me dejarán mentir- la petición de que la ley configurase un derecho subjetivo pleno, igual para todos sin importar su lugar de residencia, y con la garantía del Estado a través de la Seguridad Social. Tan unánime fue esta postura, y tan favorable había sido su acogida en el Libro Blanco del Gobierno, que todo hacía prever una ley básica en la que el Estado invocara las bases de la Seguridad Social y de la Sanidad.

Pero la distribución de los 50 millones para dependencia correspondientes al año 2005 ya fue un mal presagio. Una sola comunidad autónoma recibió el 36% de los fondos -al BOE del 7 de noviembre y del 30 de diciembre me remito-. Eso no hacía prever nada bueno.

Y así fue. El Gobierno nos presentó el anteproyecto de una ley que no es básica, que no inserta el sistema en la Seguridad Social, que no rebasa el límite de la asistencia social. Una ley que articula un indefinido plan de inversiones que bien podría canalizarse a través de los planes ya existentes, salvo por la arbitrariedad y bilateralidad que intenta consagrarse. Una ley tan limitada y débil, que el día que se publique no derogará ni una sola norma autonómica, aunque le añadan la disposición derogatoria que ni siquiera se han atrevido a ponerle. Y hacía falta atreverse.

Hacía falta atreverse a contrariar la postura minoritaria -repito que los diarios de sesiones no me dejarán mentir- de los únicos que se han opuesto a una ley básica estatal inserta en la Seguridad Social: los grupos nacionalistas e independentistas. A ellos ha hecho caso el Gobierno, en lugar de a su propio Libro Blanco y a las numerosas entidades sociales convocadas a dar su parecer.

Ellos son quienes han logrado imponer la condición de que la ley no establezca un núcleo duro de derechos igual para todos; de que no invoque la competencia estatal sobre las bases de la Seguridad Social y de la Sanidad; de que no sea una ley básica, superior a las leyes de las comunidades autónomas, sino una ley subordinada a éstas. Y hacía falta atreverse. No porque así lo pidiera la mayoría de organizaciones consultadas, sino, sobre todo, porque ese era el salto que había que dar.

El propio Consejo Económico y Social, no muy alto pero sí muy claro, ha señalado en su dictamen la «parquedad del fundamento constitucional» de la ley, considerando que «debe acogerse a un título competencial claro y sólido», en clara alusión a las bases de la Seguridad Social y de la Sanidad.

No se trata de un capricho jurídico. La débil ley actual nos aboca a la desigualdad, a que sólo las comunidades más ricas y con mayor influencia puedan dar el salto a la universalización de los servicios sociales. Y no es una hipótesis. El pasado 17 de enero -después de conocer el anteproyecto estatal-, Cataluña presentó su proyecto de ley al respecto, y unos días más tarde lo ha anunciado también el País Vasco. Los ciudadanos que vivan en comunidades menos favorecidas se quedarán con el modelo asistencial de los últimos años.

¿Era ésta la gran ley de la legislatura, la ley que todos esperábamos? Para muchos -entre los que me encuentro-, la respuesta es no.Tensar la cuerda como se está haciendo entre el Estado y las comunidades autónomas tiene consecuencias directas sobre los derechos sociales. Porque un Estado del Bienestar sin Estado es, sencillamente, imposible.

Rosa Valdeón es consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León.