No cabe duda de que la deliberación pública de los problemas que afectan a los ciudadanos es un elemento esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Las decisiones que se tomen deben estar precedidas de un debate público que sea capaz de ofrecer una orientación útil para el Gobierno. Pero la deliberación permanente impediría la toma de decisiones, y si alguna vez se adoptara alguna mediante el mecanismo de la deliberación completa, encerraría la verdad de la cuestión, que obligaría a todos los ciudadanos, con lo que la libertad de opinión se vería limitada.
De la misma forma que la democracia exige deliberación, la deliberación exige unas reglas adoptadas de común acuerdo que permitan un debate en el que la libertad de quienes participan esté garantizada, tanto como un mínimo de igualdad y unas normas de entendimiento mutuo. En caso contrario no existe deliberación, se produce un griterío en el que sale vencedor el que más alza la voz, el que puede imponerse por la fuerza, el que está dipuesto a saltarse todas las normas de convivencia.

Es bueno que se discuta sobre la política antiterrorista. Sería bueno que se hubiera podido deliberar sobre ello a partir del consenso alcanzado hace no tantos años. Pero, aunque se haya perdido tal consenso y puesto que el debate está presente en la opinión pública, tratemos de obtener lo mejor de ello -que no es necesariamente llegar a establecer quién es el culpable de que el consenso ya no exista-.

En los debates y en las deliberaciones hay aportaciones que enriquecen, que ayudan a centrar los problemas, a ver aspectos que quizá habían pasado desapercibidos para algunos. Pero también suele haber aportaciones que enredan la cuestión, que la oscurecen, aportaciones que sólo buscan la legitimación ex post de decisiones que se han adoptado.

Por eso es necesario atender a las figuras argumentativas que van apareciendo en el debate sobre la política antiterrorista, para tratar de separar el grano de la paja, para ver en cada figura argumentativa el grano que hay en ella, y la paja que no interesa. Hasta el viejo Marx practicaba la crítica ideológica buscando el núcleo de verdad que pudiera existir en cada ideología enmascarada en las figuras impuestas por los intereses socioeconómicos; algo que hay recordar hoy, cuando no parece haber, para unos y otros, más que mentiras y falsedades en estado de pureza.

¿Ha habido cambio, o no ha habido cambio en la política antiterrorista? No, en lo que afecta a la persecución y detención de terroristas.No, en el funcionamiento de la Justicia, que sigue condenando a los terroristas hallados culpables. La ley de partidos políticos sigue en vigor. Y aunque no se diga con la claridad que muchos desean, lo que se busca es la derrota de ETA. En este sentido, la resolución aprobada por el Congreso, al afirmar que el Estado no va a pagar ningún precio político por la desaparición de ETA, está afirmando que el terrorismo no va a ganar, que va a perder, que va a ser derrotado.

Pero también ha habido cambios: se ha derrumbado el mito de la imbatibilidad de ETA; la banda terrorista está debilitada, a esa debilidad ha contribuido la ilegalización de Batasuna, y el entorno del terrorismo internacional no es propicio a la continuación del terrorismo etarra.

Ha cambiado el Gobierno de España. Pero el cambio principal radica en que de todo ello el Gobierno extrae la consecuencia de que es posible e incluso conveniente un reposicionamiento: aprovechar la situación creada para recoger los frutos y acelerar al máximo la desaparición definitiva de ETA. Ese reposicionamiento debiera haber sido consensuado, porque causa no poca inquietud. Que el Gobierno no haya buscado el consenso no es razón para que el PP no apoye la política antiterrorista del Gobierno, mientras éste no diga que va a pagar un precio político a ETA.

Del mismo modo, que el PP no sea leal con la política antiterrorista del Ejecutivo no es razón para que el Gobierno no busque la complicidad y el consenso con la oposición. Siempre se pueden buscar los mínimos a consensuar, y pactar los desacuerdos para dejar campo a la crítica necesaria y saludable.

Gran parte del debate se centra en el papel de las víctimas.Argumentan unos, con razón, que las decisiones las deben adoptar los partidos, los parlamentos y el Gobierno. Que no son las asociaciones de víctimas las que deben decidir la política antiterrorista.Aunque también en esto, quizá más que en cualquier otro tema, valga aquello de que en democracia es necesario saber escuchar la voz de la calle. Pero también es verdad que más allá de lo que opinen las asociaciones de víctimas existe el significado político de los asesinados y de los que fueron objeto directo de atentado: el significado puesto por ETA en esas víctimas primarias, la razón política y el motivo que las convirtió en víctimas, en asesinados, en objeto de atentado. Y ese significado político no está a disposición de nadie.

Lleva mucha razón el argumento que dice que es imposible que exista una cobertura plena entre la justicia personal, la debida a cada muerto, a cada familiar, a cada víctima de atentado por un lado, y la justicia colectiva, la necesidad de que no existan más víctimas. Pero no se pueden oponer los dos planos: nunca en democracia puede haber justicia colectiva, nunca se puede conseguir que no existan más víctimas a costa de enterrar su significado político. Eso no sería justicia colectiva, sino un futuro sin memoria, muy poco democrático. Construir el futuro sobre la memoria del significado político de las víctimas, no olvidar por qué fueron asesinados y objetos de atentado y hacer que ese significado informe la definición jurídico-institucional de Euskadi y de España no termina con el dolor de las víctimas, pero les permite trabajar su duelo de forma privada.

Se ha afirmado que el mejor homenaje a las víctimas es hacer que no haya más. Es verdad que la esperanza de que no haya más asesinados puede reconfortar a las víctimas y que probablemente nadie más que ellas desean que nunca haya otro asesinado. Pero tratar de evitar más víctimas es la tarea primordial del Estado, digan lo que digan las víctimas, sientan éstas lo que sientan, tengan la orientación política que tengan sus asociaciones representativas.El Estado tiene el condenado deber de proteger a sus ciudadanos, su vida, su libertad, sus derechos y sus bienes.

El homenaje a las víctimas, a los asesinados, requiere no enterrar su significado político, la razón por la que ETA las mató, en formulaciones de marcos jurídico políticos que supongan la victoria final de ETA.

También se ha dicho que no son sólo las víctimas actuales, los que han sobrevivido a algún atentado y los familiares de quienes sucumbieron, quienes pueden y deben opinar sobre las condiciones del fin de ETA. Que también debe tenerse en cuenta la voz de las víctimas potenciales. Resulta difícil entender lo que pretende este argumento: ¿quedarían fuera de él los catalanes, por lo menos los catalanes no enemigos del pueblo vasco, los diputados del PP y del PSOE, pero no los periodistas, los jueces y muchos ciudadanos normales? ¿Somos todos víctimas potenciales? ¿Quién es víctima potencial? ¿Todos y nadie? ¿O se trata simplemente de ahogar la voz de las víctimas reales en un coro de voces, en una multitud de opiniones contrapuestas, de forma que al final se pierda su sentido? Las víctimas tendrán que tomar conciencia de que cuanto menos se dejen utilizar por los partidos políticos, mejor servicio se prestarán a sí mismas, a los asesinados y a la memoria del significado político de esas muertes. Pero ETA las convirtió en protagonistas y su voz es necesaria. Aunque molesten.

Joseba Arregi es autor del ensayo La nación vasca posible y fue portavoz del Gobierno vasco con el lehendakari Ardanza.