“Ningún problema se arregla cuando los que tienen que arreglarlo viven de la existencia de ese problema”. La cita corresponde al profesor Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago, un hombre próximo a las posiciones de izquierda, y puede encontrarse en su libro Nacionalidades históricas y naciones sin historia. No sé si le hará gracia a Mariano Rajoy que desvele la procedencia de la cita, porque ayer la empleó él pero no quiso descubrir la fuente. Lo cierto es que la afirmación del profesor Blanco da de lleno en la diana de lo que de verdad ocurre en este país desde que gobierna Rodríguez: los nacionalistas han elevado a categoría de asunto de Estado su victimismo y, por defecto, su independentismo.

¿Por qué ha sido esto posible? Por una razón que el propio Rajoy exponía ayer sin cortapisas en su intervención en la Comisión Constitucional del Congreso: Rodríguez tiene una idea ambigua del Estado. Probablemente, diría yo, lo que tiene es una idea viciada en origen del Estado, viciada porque para el presidente del Gobierno nada de lo edificado durante los treinta años de Transición democrática sirve para continuar en el camino de la construcción nacional y, por lo tanto, hay que volver a levantar el edificio desde los cimientos, y hacerlo a espaldas de más de la mitad de los españoles y sin consultarlo con ellos. Puedo comprender que incluso entre socialistas de bien y probada inteligencia haya quienes para deshacerse de alguna clase de sentimiento de culpabilidad busquen ésta en las filas del centro-derecha, pero nadie puede negar que en la búsqueda del consenso el plus fundamental de responsabilidad lo tiene quien ostenta el ejercicio del poder.

Lo que ayer se empezó a debatir en la Comisión Constitucional, con una intervención de Rajoy que debería estudiarse en las aulas de cualquier curso de Derecho Político, es sin duda la mayor de las afrentas al Estado de Derecho, llevada a cabo precisamente por el Parlamento en el que reside la soberanía nacional, es decir, el primer y único poder del que, en virtud de la más estricta ortodoxia de la democracia liberal, emanan todos los demás, incluida la propia Constitución, como muy acertadamente se encargó de dejar bien claro Mariano Rajoy. ¿Por qué lo es? No por los pactos que le han permitido ver la luz, ni por un sistema de financiación del que nadie ayer era capaz de dar cuenta. Lo es porque el texto del Estatuto es perfectamente equiparable a la Constitución; es, en sí mismo, una forma constitucional de estructurar una Comunidad Autónoma con las prerrogativas de un Estado, al que ya se le da categoría de nación en el preámbulo pactado en la Ponencia del Estatuto.

En cualquier otra situación y en condiciones políticas diferentes, lo que ahora se plantea como un conflicto entre Cataluña y el resto de España se hubiera reducido a la negociación de la mejora de las condiciones económicas y del sistema de financiación. Probablemente sea cierto que una buena parte de la sociedad catalana tenga la sensación de que contribuye a España por encima de lo que España contribuye a Cataluña. Pero, incluso aunque esta percepción se fundamente sobre una falsedad, la política exige tener en cuenta no solo las realidades, sino también los sentimientos, y eso hubiese sido posible de acotar y negociar sensatamente.

No es el caso. La exigencia se ha excedido hasta el punto de que en virtud de unos pactos inconfesos con el nacionalismo más radical y con el nacionalismo que pervierte la liberalidad del sistema y atenta contra los derechos individuales de las personas, lo que se plantea es la definición de un nuevo Estado con relaciones de bilateralidad con el Estado español. Esto, curiosamente, lo reconoce una parte de los que han pactado el Estatuto –los nacionalistas- y lo niega la otra –los socialistas-. A quien hacemos caso, ¿a los que se lavan las manos como si todo esto formara parte de la más estricta normalidad, o a quienes lo van a gestionar sobre la base de que Cataluña es una nación?

Esto implica la ruptura de todos aquellos principios constitucionales que habían convertido a nuestro país en una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes que ostentan la soberanía nacional, como le gusta decir a Rajoy. Es decir, se pervierten principios de igualdad, solidaridad y libertad. Y digo bien cuando afirmo que se pervierte el principio de libertad, porque si hay algo inconcebible en el Estatuto no es sólo la afrenta al Estado de Derecho en la medida que deslegitima el principio constitucional de unidad nacional, sino que, además, se convierte en un arma devastadora para las libertades individuales en manos de un nacionalismo extremista y autárquico, cuya concepción de la democracia pasa porque todos deben pensar igual que ellos y aceptar sus condiciones, o están fuera del sistema.

De ahí que los llamamientos de ayer por parte de Rajoy a los diputados de CiU, tradicionalmente democristianos y liberales a la par que nacionalistas, tuvieran una especial relevancia, porque lo que Artur Mas ha pactado con Rodríguez es un Estatuto que en su fundamento ideológico abandona cualquier defensa del liberalismo democrático y lo que pretende es subyugar a la sociedad catalana a una forma de autarquía marxista propia del peor de los estalinismos. Escuchando ayer a Joan Tardá –ERC- uno tenía la sensación de que las tropas bolcheviques podían estar esperando a la puerta de la Sala Internacional para llevarse prisioneros a los gulags siberianos a todos los disidentes. Si Tardá, Carod y Puigcercós mandaran de verdad, algunos ya podríamos ir pensando en el exilio. ¿Y este concepto colectivista y socialista de la sociedad lo apoya CiU? ¿Lo apoya el ala más liberal del PSOE, que existe aunque parezca dormida?

Lo que se ha aprobado en la Ponencia y se va a probar, sin duda alguna, en la Comisión Constitucional, implica una perversión de nuestro sistema de valores, su sustitución por otro que acepta la colectividad como principio armonizador frente al individuo como sujeto de derechos y deberes, y que pone en manos de la Generalitat la capacidad de ordenar, influir, intervenir y controlar la actividad privada hasta un punto casi asfixiante. Si hay una norma que implica en sí misma un ataque frontal a la libertad individual, ésta es el Estatuto Catalán, tal y como va a salir del Congreso de los Diputados camino del Senado a finales de este mes. Y lo hará con el impulso del presidente Rodríguez, su máximo valedor y principal inspirador. Ése si es un peligro que los ciudadanos de Cataluña deben tener en cuenta, porque se trata de su libertad.