Los más viejos del lugar no recuerdan prodigio semejante. Gente que se odia cordialmente y que jamás compartiría una vaso de agua en pleno desierto resulta que ha sido capaz de ponerse de acuerdo para firmar una dura requisitoria contra la obra magna del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, el llamado ‘Proyecto de Código Unificado sobre normas de Buen Gobierno’, más conocido como código Conthe.

Y ahí les tienen, a Emilio Botín compartiendo firma y argumentos con Francisco González, competidores a sangre y fuego por el depósito bancario, o al mismísimo Antonio Brufau y a Manuel Pizarro, enemigos a muerte por culpa de la OPA de nunca acabar. Todos juntos y en unión, contra un Proyecto de Código Unificado (PCU) que a los señores empresarios y banqueros les parece una exaltación del intervencionismo más delirante.

Hasta el viernes pasado habían firmado 22 de las 35 empresas del Ibex (más pesos pesados fuera del índice de la importancia de La Caixa, Banesto y otros), y ayer se adhirieron Metrovacesa, Altadis, Ferrovial, Cintra y Abertis. Es decir, más del 80% de la Bolsa española.

De modo que, a estas alturas, mucho más interesante que repasar la lista de los que se han atrevido a afear la vocación interventora de Conthe cuatro gatos y su Grupo Especial de Trabajo, es reparar en las siete empresas del Ibex-35 que no se han atrevido a dar el paso.

Empezando por Iberdrola y su participada Gamesa. Dicen que el amigo Sánchez Galán anda tan contento, tan encantado camina con la deriva del Gobierno Zapatero en el sector eléctrico que, de no menguar su entusiasmo, pronto le veremos en primera fila desplazando a Luis del Rivero y aplaudiendo las intervenciones de Conthe como el más incondicional de sus fans.

Han dicho ‘no’ dos constructoras de tronío: Acciona y FCC, Entrecanales y Koplowitz, que ya se sabe que es peligroso asomarse al exterior de los confortables grandes expresos estatales desde donde el Gobierno reparte la obra pública. Curiosa, sin embargo, la identidad de criterio en este caso de unos Entrecas a la greña con doña Esther en el accionariado de FCC.

Quedan fuera, en fin, dos empresas tan oficialistas como Indra (Monzón tan bien mandado) y REE. La sorpresa, en fin, entre los no firmantes se llama Inditex, lo que podría indicar que Amancio Ortega ha salido tan escaldado de su incursión eléctrica madrileña que ha decidido quedarse para siempre entre las brumas de Finisterre.

El simple enunciado de las consideraciones generales contenidas en el documento remitido el pasado viernes 24 por Antonio Zoido, presidente del Holding Bolsas y Mercados Españoles (BME), a Manuel Conthe, es sumamente explícito de por dónde van las preocupaciones de los empresarios españoles respecto a este PCU. Vale la pena recitarlas:

1. Es necesaria la plena efectividad del principio de “voluntariedad” en la aplicación de las Recomendaciones.

2. Las Recomendaciones tienen que ser “generalmente aceptadas” y estar suficientemente justificadas.

3. El excesivo nivel de detalle en las Recomendaciones redunda en una mayor ineficacia e invalida, aunque sea parcialmente, el principio “cumplir o explicar”.

4. Las Recomendaciones deben ser aplicables a todas las sociedades cotizadas.

5. Las Recomendaciones deben estar dirigidas a la consecución del interés social.

6. Las Recomendaciones deben ser proporcionadas a sus fines y no constituir un obstáculo innecesario para la eficacia de la gestión social.

Dice Zoido en la carta dirigida a Conthe el pasado viernes que, en su opinión, “la adopción del Código, en la configuración del actual Proyecto, pudiera situar a un buen número de esas sociedades cotizadas españolas en una posición de amplios incumplimientos puntuales sobrevenidos a causa del mero surgir de nuevas y muy específicas recomendaciones”. Más claro, agua.