Tras largas negociaciones sobre la transferencia de competencias de Justicia parece que el traspaso, del Gobierno central al Principado, está en punto muerto por culpa del dinero. El Gobierno regional, gracias al buen hacer del consejero Francisco Javier García Valledor, planteó la negociación con gran rigor, incluyendo en la misma la renovación de infraestructuras de todo tipo, desde edificios hasta programas informáticos. Esas demandas elevaban el coste del servicio, cosa que fue mal recibida por los responsables del Ministerio de Justicia. Valledor encaró el asunto como se debe hacer: si aceptan nuestras demandas nos hacemos cargo de las competencias de Justicia, en caso contrario que siga el Gobierno ejerciendo la titularidad. A ningún gobierno autonómico le pueden obligar a asumir una parcela administrativa sin estar bien dotada económicamente.

En un momento determinado el Ministerio de Justicia comprendió dos cosas: que con Valledor no servía de nada apelar a la típica camaradería de dos gobiernos de izquierda para ablandar sus exigencias y que el cálculo del coste de la transferencia, tal como se había hecho desde el Principado, era el correcto. A partir de ahí las cosas discurrieron con fluidez y se pasó la información al Ministerio de Economía para que diera luz verde al envío de los 40 millones de euros que cuesta gestionar los servicios de Justicia en Asturias.

Cuando todo parecía ya solucionado, llegó Pedro Solbes y mostró la cara antipática de todo responsable de Economía al rechazar el compromiso asumido por el ministro de Justicia. A Solbes le parece bien el acuerdo siempre que lo afronte el Ministerio de Justicia con sus presupuestos ordinarios. De dinero extra no quiere saber nada. Hay que entender a Solbes, que lleva una temporada terrible con las exigencias de financiación sanitaria de todas las comunidades, más la cesión de la recaudación de impuestos a Cataluña y los beneficios económicos de la Ley de Dependencia de su colega Jesús Caldera. Alguna vez tenía que negarse al crecimiento del gasto y le ha tocado a Asturias por culpa de un asunto de muy poca monta. Ahora quiere el Ministerio de Justicia renegociar el acuerdo a la baja, pero por ahí no va a pasar Valledor, que tiene las ideas muy claras.