La OPA de Gas Natural se plantea en un mercado europeo en transición hacia la plena liberalización e integración, con necesidades importantes de inversión en los próximos años, es decir, un sector en trance de consolidación, lo que provoca inevitablemente la apertura de la temporada de «caza». En julio de 2004 se liberalizaron en la Unión Europea los mercados del gas y electricidad para todos los consumidores, excepción hecha de los hogares, para quienes la competencia será efectiva a partir de julio del año que viene.
El objetivo es dotar al mercado único europeo de un sector de la electricidad y del gas competitivo y dinámico, que permita mejorar la calidad del servicio, la eficiencia del sistema, la seguridad global del mismo y bajar los precios, al menos relativamente, en un entorno mundial de subida de los precios de la energía.

El reciente análisis de la Comisión Europea sobre la realidad alcanzada muestra que nos encontramos en un desarrollo asimétrico de los mercados del gas y la electricidad, donde falta integración y apertura real en algunos países y conexiones e intercambios fluidos entre la mayoría de los mismos. Sin embargo, los datos ya demuestran que aquéllos con mayor apertura del mercado y mejores interconexiones se benefician de unas tarifas más interesantes para los usuarios. El mercado beneficia al consumidor y no existe antítesis entre consumidores y mercado, máxime en un sector con una regulación como la europea que garantiza una serie de derechos básicos y de obligaciones de servicio público.

La OPA de Gas Natural a Endesa, supondría la reducción de la competencia en el mercado español y su bloqueo para una buena temporada. En efecto se trataría de sumar el dominante que controla cerca del 90% del mercado español del gas, con el que controla más del 42% del sector eléctrico, aportando respectivamente una presencia cruzada el 6% del sector eléctrico y el 5% del sector gasero a las cifras antes señaladas. Todo ello con situaciones de monopolio en distintas regiones españolas. Estos hechos, y no otros, provocaron el rechazo por parte de Competencia de la operación, después de que, en una decisión opinable, la Comisión Europea se inhibiera y dejara la responsabilidad a nivel nacional.

Esta situación de concentración se vería agravada en el caso español por el hecho de que somos una isla energética, con apenas 3% de conexión a través de Francia con la red europea, lo que reduce a cifras casi testimoniales la posible entrada en nuestro mercado por esta vía, y fragiliza nuestra seguridad de abastecimiento, en caso de cortes o picos de demanda graves en la producción eléctrica o suministro gasístico.

Por todo ello se entendía mal que el Gobierno hace unos días, haciendo caso omiso del dictamen de Competencia, autorizara la OPA, y pusiera unas condiciones absolutamente benignas, claramente orientadas a salvar la cara ante dicho informe y facilitar mediante las desinversiones correspondientes la financiación de gran parte de la aportación en metálico de la operación, que cubría tan sólo el 37% del precio ofertado.

Es obvio, para cualquier espectador neutral, que la única explicación que existe es que desde el principio ha habido una intencionalidad política, algo anunciado hace dos años en el apartado número 8 del llamado pacto del Tinell del tripartito catalán, que dice «... a) actuar desde la Generalitat, en concertación con el sector privado, para impulsar la creación o la consolidación, en su caso, de empresas y operadores catalanes, públicos o mixtos, en sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, infraestructuras)...».Zapatero lo apoya, lo que adquiere una dimensión mayor en una negociación, que a veces, más parece un chalaneo, de transferencia de poder/dinero ante las demandas nacionalistas de ciertos partidos catalanes, donde el Estatuto no es nada más que una parte.

Se puede comprender ante este panorama el enfado del presidente del Gobierno ante una Angela Merkel que le anunciaba la oferta de E.ON y le señalaba que ella iba a ser neutral en la operación, aunque por supuesto exigiría el cumplimiento de las reglas comunitarias.Para Zapatero, ésta es una cuestión de máximo calado político y no piensa ser en absoluto neutral. Algo que repitió, tomando partido a nivel personal, cuando le explicó directamente al presidente de E.ON «el calvario» que le esperaba a la compañía si persiste en su oferta.

El espectáculo que estamos dando ante la UE, a cuyo corazón Zapatero decía conducirnos, es lamentable. Mientras nos aprovechamos del mercado único y sacamos pecho ante un Santander que compra el Abbey Bank, o un Ferrovial que espera quedarse con los aeropuertos británicos, de repente nos olvidamos de Europa, nos sale el nacionalismo económico más demagógico para intentar justificar ante la opinión pública lo que no se tiene en pie.

Los responsables de Endesa aseguraban que el valor de la acción estaba un 30% o más por encima de la oferta de Gas Natural, algo que ahora ha quedado demostrado, y que por lo tanto la propuesta era lesiva para el interés de los accionistas. Los responsables de Competencia señalaban los problemas de cara a la realización del mercado interior de la energía, español y europeo. Desde distintos sectores de la universidad, de la economía y de la política se denunciaba que lo que había detrás era el interés político, para ejercer un control político y obtener un beneficio político mediante el traslado de la sede social a Barcelona, el control de un sector estratégico y la correspondiente liquidación de impuestos. El Gobierno insistía en que era una cuestión entre empresas.

Algunos han pretendido buscar un victimismo y un anticatalanismo inexistente. Si la OPA se hubiera planteado desde un grupo catalán, no controlado políticamente por el Gobierno autonómico, que no supusiera disminución de la competencia efectiva en los sectores afectados, nadie se hubiera asombrado de un traslado de sede, ni hubiera tenido nada que objetar. Sencillamente, el mercado hubiera actuado.

La situación actual parece clara salvo que haya algún grupo dispuesto a secundar a Gas Natural para poder elevar la oferta por encima de la alemana. Un grupo que tiene que ser español, ya que si no la competencia de decidir correspondería a Bruselas. Porque el Gobierno sabe ya que no puede utilizar la acción de oro. Tampoco parece factible una legislación discriminatoria contra la hipotética Endesa-E.ON, porque los servicios de Competencia europeos obligarían a respetar las reglas del mercado y dejaría malparada a la Administración española.

La realidad es que entre las dos propuestas desde el punto de vista del funcionamiento del mercado español de la industria y del consumidor, lo mismo que del accionista, la oferta de E.ON es claramente más favorable. Decir hoy que no nos podemos fiar de E.ON para garantizar la seguridad de abastecimiento eléctrico y gasístico en España es un auténtico sinsentido cuando lo que se configura es un mercado europeo. Por otro lado, la actuación de la compañía número uno a nivel mundial en Iberoamérica se vería fortalecida aunque, claro está, hablaría español con acento alemán.

Lo que sí nos afecta de manera importante y tiene bloqueado este Gobierno, de nuevo por razón de sus pactos con el tripartito catalán, son las interconexiones gasísticas y eléctricas con el resto de Europa a través de Francia.

Si este Gobierno quiere trabajar por la competitividad de la economía española, por la confianza de los inversores internacionales en nuestro país, por el respeto hacia él por parte de la Comisión Europea y de sus colegas europeos empezando por los alemanes, lo que tiene que hacer es mantenerse neutral y no ofrecer el espectáculo de un ministro Montilla convertido en auténtico broker de la operación.

Loyola de Palacio es ex vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable de Energía.