La antítesis de la política es su frecuente compañera de viaje: la bronca. Si aquélla parte del respeto entre ideas distintas, ésta arranca del desprecio hacia los diferentes; en lugar de alentar el debate cabal entre las diversas propuestas, lo dinamita con la descalificación apriorística de cuanto se proponga; lejos de conjugar voluntades inicialmente distantes para sintetizarlas en avances compartidos, retuerce las diferencias hasta mudarlas en antagonismos, engendrando enfrentamientos que casi siempre aherrojaron los anhelos de progreso de los españoles. Puede afirmarse por tanto que la antipolítica es la bronca convertida en estrategia. Por esos derroteros anda la troika dirigente del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, desde el inicio de la presente legislatura.

Algunas de las múltiples y negativas consecuencias del griterío permanente son, entre otras, que distorsiona asuntos capitales para el funcionamiento del Estado y silencia los que más inciden en las condiciones de vida de la gente con independencia de los credos. Ejemplos de los primeros ahora mismo son la política antiterrorista y el Estatut.

No hay precedentes en todo el periodo democrático de la instrumentalización partidista del combate contra el terrorismo que está haciendo la dirección del PP (aunque sí un anticipo en los primeros meses de 1996 a cargo del mismo partido, cuando lo presidía Aznar) y por suerte para la democracia tampoco servirá de precedente para el otro gran partido de Gobierno, el PSOE, si volviera a verse en la oposición y siguiéramos padeciendo la lacra terrorista. Es una iniquidad exclusiva de la derecha española.

Tampoco dejan de alarmar con la ruptura de la unidad de España que según ellos entraña la reforma del Estatut de Catalunya. Pero son los dirigentes populares quienes con más contumacia azuzan la división entre españoles en todos los ámbitos de convivencia, en las instituciones y en la calle. Su quimera tal vez derive de que no asumieron el título VIII de la Constitución, que afortunadamente vino a encauzar con inteligencia el tratamiento de la delicada cuestión de la unidad en un Estado de diversa composición nacional y regional. Siguen sin entender que por fin, la unidad de España dejó de ser una condición impuesta por la fuerza del poder absoluto del Estado o peor aún, por los vencedores de la Guerra Civil, para ser la consecuencia pactada simultáneamente en el texto constitucional del reconocimiento del derecho al autogobierno de sus comunidades autónomas.

Aunque deba señalarse que los nacionalismos periféricos y el tripartito catalán han facilitado en no pocas ocasiones la ceremonia de la confusión inducida por los conservadores con sus pretensiones iniciales que igualmente desbordaban el marco constitucional y sus salidas de tono en torno a la solidaridad interregional. A fin de cuentas, la equidad y la solidaridad entre los ciudadanos dependen menos de las discutibles balanzas fiscales autonómicas y bastante más de las políticas que distribuyen las cargas JOAN CASAS tributarias y de las sociales que redistribuyen la riqueza. Y de éstas es de las que menos se habla.

Sin embargo, las políticas sociales ha acaparado algo más de la mitad del gasto en los dos presupuestos generales del Estado elaborados por el Gobierno socialista. Más de tres millones de personas que perciben la pensión mínima han tenido subidas de entre un 13,4% y el 16% en los primeros dieciocho meses de legislatura y para este año las verán incrementarse entre el 5% y el 8%. También se ha satisfecho la reivindicación de las asociaciones de viudas para compatibilizar las antiguas y muy escasas pensiones del SOVI con las de viudedad, que por cierto tienen la mayor parte de sus potenciales beneficiarios en Catalunya. En la misma línea de atender a colectivos con necesidades pendientes de atender desde hace demasiado tiempo, este Gobierno ha incrementado en un 78% respecto del 2005 los recursos de los programas destinados a la asistencia de personas discapacitadas y sobre todo se han puesto los cimientos del cuarto pilar del Estado de bienestar con el Sistema Nacional de Dependencia. De entrada se ha cuadruplicado el presupuesto con relación al año pasado, disponiendo ya de doscientos millones de euros.

En estos momentos se está desarrollando ya el proceso negociador con los agentes sociales y los gobiernos autonómicos sobre la futura ley de Autonomía Personal. La envergadura de esta nueva dimensión del Estado social no se medirá solamente por los más de seis mil millones de euros que moverá, sino por la enorme trascendencia que también tendrá en otros muchos terrenos, como la creación de empleo o la incorporación de mujeres al mercado laboral puesto que son ellas las que mayoritariamente se dedican al cuidado de personas dependientes en el seno de las familias.

Si fuese cierta la preocupación de algunos por la mejor vertebración de la España democrática, lo demostrarían abriéndole mayores espacios en el debate político a estos avances sociales.

ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA, presidente de la comisión de Economía y Hacienda del Congreso.