No deja de llamar la atención la intensidad y dedicación con que que algunos dirigentes políticos asturianos, y especialmente los de Izquierda Unida, clave de boveda del pacto que sustenta el gobierno de Vicente Álvarez Areces, centraron su actividad pública, al principio de la legislatura, en las declaraciones políticas en contra del desarrollo urbanístico, en ciertos municipios en los que gobierna el Partido Popular, como es el caso del concejo de Gozón. Gritando "¡al ladrón!", el cleptómano se escapa con la cartera tranquilamente; así es la vida y así se hacen los negocios. Un juego de trileros que demuestra una consideración muy baja de la inteligencia colectiva. El fenómeno más siginicativo desde el punto de vista de la movilización de la sociedad civil del Principado en la actual legislatura, es el proceso de convergencia de las asociaciones que luchan contra los abusos de la administración, en la Agrupación de Colectivos Asturianos, un proyecto liderado en buena medida por la Asociación llanisca AVALL, y especialmente reforzado por los colectivos gijoneses agrupados bajo el nombre de Defensa Rural, que han conseguido catalizar el descontento de una nutrida representación de concejos asturianos que se extienden a lo largo y ancho del territorio astur, conscientes de que fiar a los políticos profesionales la defensa del interés general, es un craso error, pues cuando la vigilancia ciudadana cede, pasa lo que pasa.

Nace la Agrupación de Colectivos Asturianos como respuesta a los excesos de la administración

Desde el mismo comienzo de la existencia de la agrupación de asociaciones ACA, sus promotores detectaron el interés por controlar el movimiento, por parte de algunos dirigentes de la coalición IU, como Sisto Armán, que inmediatamente quedó fuera de la operación, por su descaro, desplazándose luego ese papel, a cierto movimiento ecologista muy localizado, e incluso el director general de la Vivienda, el propio Manuel Orviz, realizó personalmente intentos desesperados para neutralizar el crecimiento de estos grupos, acudiendo a dar charlas y a negociar con colectivos que viven este malestar, como es el caso de algunas asociaciones de Navia o las que hoy, en Muros del Nalón, convocaron una manifestación de amplia repercusión ciudadana. Ya no engañan a nadie con su doble juego. Nadie resiste ya la imágen de un capo de la droga encabezando manifestaciones contra el tráfico de estupefacientes. La izquierda española puede jugar a esos juegos en el ámbito nacional, promoviendo movilizaciones contra el urbanismo abusivo en Valencia, que es a lo que se dedica con más intensidad el PSOE, apoyado por el Grupo PRISA, pero el fuera de juego de la coalición IU resulta ya aterrador, porque cada día queda más en evidencia su tradicional afición a repicar las campanas (participar en el pastel urbanístico) y acudir a la vez a las procesiones (manifestaciones contra el pastel urbanístico), utilizando pare ello unos activistas profesionales que están perdidendo el último ápice de respeto social que les quedaba.

Desde que En España hay legislación urbanística, como tal, creada a finales de los cincuenta, se supone que con la intención de combatir la especulación inmobiliaria, éste se disparó. Algo similar ocurrió con los tipos penales relacionados con la vida pública. Desde que el llamado Código Penal de la Democracia incluyó la figura del Tráfico de Influencias, como delito perseguido por nuestro ordenamiento jurídico, encuadrado entre los delitos contra la administración pública, éste también se disparó, entre otras cosas, porque antes no estaba definido como tal, y desde que está tipificado, mira tú que pijada, los ciudadanos podemos ser plenamente conscientes de la existencia de organizaciones delictivas que actúan sistemáticamente contra la moral ciudadana que, sencillamente, no se persiguen, salvo en casos excepcionales, en los que la alarma social obliga al poder judicial a actuar de oficio, como acaba de ocurrir con la "trama eólica" de Canarias. Cuando pillan a uno, los demás se arrojan sobre él como fieras para despedazarlo. Es también una manera de disimular.

El informe de Transparency International

El problema es tan grave como universal. Es sabido que los partidos políticos no se financian por los procedimientos previstos en la legislación vigente, dado que los gastos que declaran al Tribunal de Cuentas del Reino (constituido en su mayoría, a su vez, por políticos) son una pequeña parte de lo que hay, y que a través de la accion urbanística de la administración, se privilegia, por diversos mecanismos que van desde la recalificación del suelo hasta la expropiación de la propiedad privada, la decisión de los entes planificadores, expropiatorios y tasadores, que actúan sobre ese suelo, generando dinero especulativo que se reparte entre los diferentes interlocutores del proceso -lo que explica el alza indiscriminado de los precios de la vivienda de promoción pública-, sin olvidarnos de la propia actuación como promotora de la administración, que gestiona nuevos espacios para la edificación, e incluso promueve y construye las viviendas. Quienes toman esas decisiones son afiliados, dirigentes y representantes en general, de esos partidos políticos que se financian de manera tan poco noble, pues lo hacen a costa del expolio de las personas y de la carestía de la vivienda.

En el "Informe Global de la Corrupción 2006, Transparency International España", elaborado por el catedrático de la Universidad Juan Carlos I, Manuel Villoria, se da buena cuenta del proceso general de la corrupción política, y de la total o casi total pasividad del poder judicial ante este problema, que reviste muchas formas de actuación, entre las que destacan especialmente los convenios urbanísticos, la generación de dinero negro mediante la compraventa de solares e inmuebles, y la expropiación, como supuesta manera de fomentar una política social de vivienda. Textualmente: "se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos". ¿Les suena?

Un presunto caso de corrupción en Asturias, a la vista de todo el mundo

La corrupción urbanística en Asturias no podrá ser atajada, hasta que no se tomen las medidas judiciales adecuadas con la persecución de casos concretos, como los que pueden estar protagonizados por personajes concretos, como es el caso del dirigente de IU José Antonio Hevia Braña, delegado en Asturias del Grupo de empresas inmobiliarias Progea, uno de los principales responsables intelectuales de la sucísima operación especulativa de Poniente en Gijón, que hoy alcanza su esplendor con la destrucción definitiva de los astilleros gijoneses. Un caso así, no puede ser depurado, hasta que no pase por los tribunales. Hevia Braña, coordinador del Área de Economía de la Presidencia Colegiada de IU en Gijón, era el director de la oficina municipal "Gijón una Ciudad para Todos", cuando en 1987, Areces concurrió a las elecciones y se proclamó Alcalde. Es decir, Hevia estaba colocado en el Ayuntamiento, por cuenta de esa ONG. Dos años después, el PERI de Poniente y el convenio de la Costa Este, ponían las bases de la liquidación de los astilleros. Dos iniciativas urbanísticas, apoyadas por la ONG "Gijón una Ciudad para Todos", a través de la iniciativa "Reordenación urbana e inserción social: Abriendo la ciudad al mar", ponían la letra "social" de tan deleznable operación, con la cobertura de un "Plan para la erradicación del chabolismo", que daba la nota "de izquierdas"

En ese momento, cuando comenzó la gestión de los convenios de Poniente, cerró sus puertas la oficina de "Gijón una Ciudad para Todos", y Hevia dejó el mundo de las ONG´s, para dedicarse de lleno a los negocios y la política, pues montó una empresa dedicada a la promoción de naves industriales, después fue nombrado consejero de Cajastur (en los tiempos peores de la entidad; cuando Areces hizo y deshizo) en representación del Ayuntamiento gijonés gobernado por el hoy presidente, fue concejal, presidente de Cruz Roja, y hoy, sigue encargado oficialmente las finanzas de IU (pinchar en donde dice "estructura orgánica") en la Villa de Jovellanos, cargo que compatibiliza -lleva muchos años compatibilizando cargos, al menos desde el 96-, con la delegación de Progea en Asturias. José Antonio Hevia Braña estuvo presente, en la notaría de Ángel Aznárez (presidente del Jurado Asturiano de Expropiación), firmando con los compradores, las escrituras de compraventa de los pisos de los edificios-barco de Poniente. Hemos comprobado que su firma como apoderado de Proseín (sociedad del Grupo Progea) está en esas escrituras. ¿Puede darse un presunto caso de tráfico de influencias que resulte aparentemente más evidente?

¿Quien protege a Hevia Braña?

El caso de Poniente, y del intermediario Hevia Braña, sería incomprensible sin la protección de su partido político, y especialmente del dirigente regional Jesús Iglesias, que era el portavoz municipal de IU en el ayuntamiento, y de Francisco Javier García Valledor, a la sazón máximo responsable político de la coalición, ambos a la cabeza de las instituciones que controlaban IU en el Gijón de la época. Hoy Jesús Iglesisas pugna por sustituir a Valledor como número uno para la lista de la coalición en las elecciones autonómicas, mientras que el propio Valledor es, ni más ni menos, que el máximo responsable de la justicia en Asturias, como consejero del ramo. ¿Podemos esperar que la justicia aplique las leyes en estos casos de presunto "tráfico de incluencias", cuando sus máximos responsables políticos se ven obligados a conocer estas tramas (y no cumplen con su obligación de denunciarlas en los tribunales), tal y como se demuestra con el "caso Progea", con la propia denuncia de su ex presidente Carlos Luján? ¿Puede decir Valledor, el máximo responsable político de la justicia asturiana, que no ha leído lo que estamos publicando aquí? No, no puede decirlo, pues los miembros de su gabinete se lo dicen y se lo fotocopian, y reconocen por ahí que han leído nuestros editoriales. Es evidente que no podemos esperar que el consejero Valledor anime a la justicia a esclarecer los posibles delitos cometidos por los responsables políticos de su coalición que se dedican a tales negocios; ésa será sin duda una tarea ciudadana, pues no hay otro camino para acabar con el urbanismo especulativo que asola nuestro territorio.

Se trata de dejar de tirarse de los pelos con las consecuencias del fenómeno, e ir directamente a las causas. Protestando contra el crecimiento de las urbanizaciones no hacemos nada. Hay que dirigir los cañones, directamente hacia la causa: la financiación irregular de la política, tal y como propone Transparency International. ¿Alguien pretende acabar con el tráfico de drogas, persiguiendo a los consumidores? ¡Sólo los cínicos!