Cogersa: una larga vida, de Faustino Álvarez Álvarez en El Comercio
EL estilo de vida en los países desarrollados se ha basado en el consumo creciente y sostenido de los recursos naturales del planeta, y, muy especialmente de los recursos energéticos, como consecuencia de la incorporación a los sistemas productivos de los combustibles fósiles, base fundamental de la producción energética y materia prima de casi todos los productos que usamos en la vida cotidiana. Este modelo económico y productivo tiene como consecuencias directas, por una parte, el incremento porcentual sostenido del consumo de combustibles fósiles y la certeza de su agotamiento en el planeta y, por otra, la elevada producción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, también fuertemente incrementada año a año. Tiene así mismo otras dos importantes consecuencias asociadas a las primeras: insoportables desequilibrios sociales entre grandes regiones del mundo y también serios problemas ambientales por el elevado consumo de combustibles fósiles (el 'efecto invernadero' es un ejemplo de ello) y del tratamiento inadecuado de los residuos (el envenenamiento de tierra y agua es otro ejemplo).
Creemos que no es humanamente aceptable que el 20% de las personas más ricas que habitan el planeta consuman el 86% de los recursos totales y que el 20% de la población tenga que sobrevivir en torno al 1.3% de los recursos. Tampoco es admisible que la masiva producción de residuos se esté convirtiendo en un problema de los países desarrollados, pero que pone en peligro el futuro del propio planeta.
Nuestro país se encuentra en el entorno de los países desarrollados y tiene la obligación de paliar ese problema ambiental gestionando adecuadamente los residuos generados por nuestro modelo productivo, económico y social.
En España producimos unos 500 kilos anuales de residuos sólidos de media por persona o, lo que es lo mismo, casi kilo y medio de basura por persona y día, lo que arroja la cifra global de 21 millones de toneladas. Si tenemos en cuenta que en 1996 generábamos 15,3 millones de toneladas constatamos que nuestra producción de residuos, de basura se ha incrementado en un 40% en los últimos diez años.
En Asturias producimos 481.236 toneladas al año, por lo que cada asturiano genera casi kilo y medio de basura al día, lo que nos sitúa en la media nacional. Ahora bien, si tenemos en cuenta que en 1996 la producción anual era de 365.000 toneladas, comprobamos que el incremento de residuos en Asturias en los últimos 10 años es del 24 %, crecimiento inferior a la media del país este dato puede indicar que las buenas políticas seguidas en Asturias en la gestión de los residuos sólidos urbanos está dando un primer resultado muy positivo, lo cual se puede interpretar como resultado de la generalización de la recogida selectiva de la basura.
La Constitución española de 1978 establece que la gestión de la protección ambiental corresponde a las comunidades autónomas, el Principado de Asturias, en nuestro caso. Por su parte la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, de 1985, incluye como competencias de los municipios la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. La responsabilidad de la correcta gestión de los residuos es, pues, una responsabilidad compartida, y materializada en las dos últimas décadas en Asturias a través del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Asturias (Cogersa) .
Antes de la creación de Cogersa, la situación del tratamiento de los residuos en Asturias era dramática para nuestro entorno. Cada ayuntamiento resolvía como podía los residuos de su municipio, y el paisaje de la región se veía lacrado de vertederos incontrolados o de vertederos controlados, pero carentes de cualquier medida de protección y apenas sin tratamiento de los residuos. Algunos ayuntamientos además se encontraban en situación desesperada por falta de disponibilidad de terrenos adecuados para ubicar un vertedero en unos casos, como era el caso de Gijón, y en otros casos el vertedero se encontraba ya casi dentro de la ciudad, como en Oviedo. Estos vertederos, por falta de tratamiento y medidas correctoras, originaban los problemas que todos los asturianos todavía recordamos bien: problemas higiénicos y ambientales, malos olores y molestias a la población y motivo, en suma, de graves protestas y conflictos sociales.
Ante esta situación, en 1982, el Principado de Asturias y ocho ayuntamientos de la zona central de Asturias crean Cogersa. Se selecciona el valle de Zoreda para ubicar el vertedero central y se construyen las infraestructuras complementarias, incluidas las destinadas al tratamiento o almacenaje de residuos industriales, hasta completar el complejo actual. Paulatinamente se fueron incorporando el resto de los Ayuntamientos, hasta lograr la incorporación de los 78 existentes en la región.
La solución acordada para este problema ambiental y social supuso uno de los mayores aciertos políticos en Asturias, ya que, más allá de la solución concreta a un problema ciertamente acuciante en aquel momento, permitió dotar a la región de una de las infraestructuras básicas para modernizar un país, diseñando un modelo solidario (servicio público y al mismo precio para todos los ciudadanos) y vertebrador (dio solución a todos y cada uno de los concejos). Cogersa construyó uno de los complejos de tratamiento de residuos (sólidos e industriales) más importantes de España por su calidad y eficiencia económica y ambiental, con solución a la recogida y tratamiento de las basuras al coste más barato por tonelada en toda España.
La visión estratégica de quienes adoptaron la decisión en aquel momento permitió, por una parte, resolver durante este largo periodo la solución al problema de los residuos y, por otro, la mejora y recuperación del paisaje destrozado con vertederos dispersos por toda la región y además evitó los vertidos contaminantes e incontrolados por toda Asturias.
Desde 1985, fecha de puesta en funcionamiento de las primeras instalaciones y de inicio de los vertidos en el depósito central han trascurrido más de 20 años. La capacidad de almacenaje en el actual vertedero se acabará en nueve años, por lo que resulta imprescindible definir el desarrollo futuro del modelo actual mediante actuaciones que le permitan ser plenamente operativo más allá de 2012.
El desarrollo del modelo ha de tener en cuenta la legislación vigente de regulación del tratamiento de residuos, que tiene origen en la Unión Europea mediante varias directivas que han sido transpuestas al ordenamiento jurídico español a través de distintos reales decretos sobre vertederos, sobre incineración y sobre envases, que establecen claramente los marcos legales, los límites de emisiones, los requisitos exigibles o los controles requeridos.
En ese sentido, ha de aplaudirse la previsora iniciativa de Cogersa, que desde 2001 ha venido trabajando en la definición del modelo del tratamiento de las basuras que esta región tendrá que empezar a aplicar dentro de apenas seis años; la propuesta se plasmó en el plan de futuro de Cogersa, acordado por su junta general en 2003. A nuestro juicio el plan descansa acertadamente sobre tres aspectos fundamentales:
Continuar con la solución conjunta y centralizada de los residuos urbanos, que tan buenos resultados nos proporcionó.
Partir de la llamada política de las 3R en relación con el tratamiento de los residuos: prevenir su generación, reutilizar y aprovechar cuanto podamos, y reciclar lo no reutilizable. Para ello es importante impulsar las campañas de información para disminuir los residuos y la separación en los domicilios e intensificar los programas de reciclaje y aprovechamiento, buscando la implantación de industrias que elaboren nuevos productos.
Dar respuesta a la pregunta de qué hacer con las 475.000 toneladas anuales de residuos no reutilizables y no reciclables, que son los que actualmente están siendo depositados en el vertedero controlado.
El debate suscitado en las últimas semanas sobre el tratamiento de los residuos en la región no ha de desviar la atención de los responsables institucionales (Principado y ayuntamientos) y del conjunto de organizaciones políticas de la región sobre el problema fundamental: la ingente cantidad de residuos que ni son evitables ni son reutilizables ni son reciclables.
La solución adecuada debe adoptarse teniendo en cuenta las directivas europeas, por obligación; las condiciones del territorio, por necesidad, y las infraestructuras complementarias existentes en Cogersa, por sentido común. El modelo ha de tener una eficacia contrastada en los sistemas que proponga, ha de cumplir los requisitos ambientales definidos a partir de la evidencia científica y ha de tener un coste económico asumible.
Por lo tanto, es necesario acotar el debate político en el sitio que le corresponde; la reflexión ha de girar en torno a la decisión del modelo de gestión centralizado, la intensificación al máximo de las posibilidades de reducción y reciclaje y, usando con rigor los conocimientos que los técnicos y científicos puedan aportar, la opción por el tratamiento del resto de residuos que mejor se adapte a las distintas condiciones del lugar de ubicación. Introducir en el debate apriorismos injustificados o proponer aventuras experimentales dan lugar a un debate estéril sobre tipos de emisiones, datos epidemiológicos, etcétera, que dependen más de soluciones técnicas y científicas que de opciones políticas o valoraciones sociales.
A nuestro entender los ayuntamientos de la región y el Gobierno de Asturias han propuesto a la sociedad asturiana un plan de futuro de Cogersa serio y coherente con la trayectoria seguida por el consorcio en todos estos años desde el punto de vista ambiental. Consideramos que puede ser un buen instrumento para llevar a cabo las actuaciones que garanticen una gestión de nuestros residuos adecuada y sostenible para nuestra tierra, al tiempo que nos ofrece oportunidades de desarrollo económico con el tratamiento de nuestros residuos. El plan garantiza una larga vida a Cogersa, que a su vez garantizará a nuestra tierra esa calidad de paisaje y entorno paradisíaca que por todo el mundo nos es reconocida.
FAUSTINO ÁLVAREZ ÁLVAREZ/PORTAVOZ DE MEDIO AMBIENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO.
