Antes de comenzar debo hacer una puntualización: escribo esta tribuna a título personal. Deseo preservar la futura opinión de la Sindicatura, a quien no represento. Esta precisión es importante porque, hasta ahora, el consejo de la Sindicatura no se ha manifestado en relación a la violenta situación en que se ha visto inmerso durante las últimas semanas. Creo que es hora de que se conozcan los hechos, según mi propia versión.

Asturias parece una región difícil para ejercer cargos públicos. El caso de la recién creada Sindicatura de Cuentas asturiana es un ejemplo de ello. ¿Cómo un problema que se decía técnico ha podido desencadenar tanta irritación? Primero, entre los grupos parlamentarios y después, de éstos con la Sindicatura, sin importarles el enorme daño institucional que se ha ocasionado a un órgano que crearon como ejemplo de «autogobierno». Curioso sarcasmo.

En aplicación de su ley de creación, la Sindicatura aprobó y público una relación de puestos de trabajo con una quincena de empleos para 2006, cuyas retribuciones fueron calificadas por algunos funcionarios de elevadas, considerando el nivel salarial de la administración autonómica. Muchos de ellos me lo hicieron saber.

Podría justificarse por ser un órgano de la Junta General, donde esta situación es la norma y no la excepción, o por tratarse de especiales funciones: la auditoría, donde muy pocos funcionarios tienen experiencia, o por tratar de aproximarse (¡nunca igualar!) a las retribuciones de muchos interventores municipales, en Asturias, o de las restantes Sindicaturas de España, donde esta polémica no pasó del café de media mañana.

Pero somos como somos. No importaba que, buscando el ahorro (del que nuestro síndico mayor ostenta un conocido récord de su paso por la vida municipal), no se incluyeran ordenanzas ni chóferes para coches oficiales; se exigiese carné de conducir a los auditores para sus ineludibles desplazamientos a la sede fiscalizada, ni que fuese una estructura «plana» donde los auditores, sin ayudantes, teclearán sus propios informes o cálculos, como se hace en todas las compañías de auditoría del mundo. Pocos auditores, pero excelentes. Esa fue la idea.

Llegados a este punto cabe preguntarse ¿el director de la fiscalización (el síndico) debe ganar más que el subdirector? La ley de la Sindicatura es clara: las retribuciones del síndico las fija la Junta General, mientras que la de los auditores, el consejo de la Sindicatura. Así las cosas, en el verano se pidió al Parlamento regional mejorarlas, en este contexto, y con toda lealtad y transparencia. Éste entendió que no procedía y se enterró el asunto. No deja de sorprender que ahora se reabra y se intoxique a la prensa con la insidia de que toda la cuestión es que los síndicos querían ganar más.

Otro «gran» problema, se dijo, era la forma de acceso de los auditores «de base» a la función pública de la Sindicatura, que había convocado seis puestos de trabajo en régimen de interinidad. Los servicios jurídicos de la Junta General objetaron esta posibilidad. Los de la Sindicatura lo defendieron. No es mi misión resolver conflictos de interpretación jurídica sobre si la Sindicatura puede o no dotarse de escalas de funcionarios propios, ya que tanto la posición de los letrados de la Junta General como la de los asesores jurídicos de la Sindicatura está fundada. Sin embargo, resulta legítima mi aspiración a que la Sindicatura a la que pertenezco ejerza la potestad de autoorganización que la ley 3/2003 le atribuye como «plena». Tampoco tengo por misión soportar que una cuestión puramente organizativa sirva de tapete (o mas bien felpudo) para las contiendas de los partidos políticos, o de las distintas facciones dentro de ellos, o de los intereses inconfesables de funcionarios.

En cambio, mi misión es colaborar para hacer efectivo el mandato de la Junta General de consolidar un órgano de control independiente, distinto y distante de la Administración autonómica, e incluso de la propia Junta General, como garantía de su función. De ahí mi sorpresa ante la decisión de los partidos políticos de implicar al supremo órgano representativo, nuestra Junta General, en la toma de decisiones puramente burocráticas, sin audiencia previa de la Sindicatura, e incluso la promoción de leyes de urgencia, cuando nuestra región tiene problemas más apremiantes y cuando tal actuación solo contribuye a echar gasolina a un fuego provocado por algunos irresponsables pirómanos de la política.

En definitiva, no me queda mas remedio que declarar en público, como dije en privado a todos y cada uno de los parlamentarios que me quisieron escuchar, primero: que mi lealtad a Asturias y a la institución parlamentaria regional es incuestionable, y por ello, acato todas las decisiones que procedan de quien representa al pueblo asturiano; segundo, que mi deseo es trabajar por nuestra región y realizar el control financiero que se nos encomendó, sin cortapisas ni zancadillas de los grupos de presión o de las redes informales de nuestra burocracia regional para convertir la Sindicatura en otra Consejería, con expectativas profesionales legítimas; y tercero, quiero hacer una llamada a la cordura de todos los implicados, políticos y funcionarios enredadores que desencadenan tanto ruido, para que renuncien a «politizar» cuestiones técnicas y para que no lastren un órgano neonato con hipotecas burocráticas que maniaten su efectividad. Seguro que el buen lector sabrá como terminan los juguetes cuando todos los niños quieren jugar a la vez y no necesito explicar las razones del título elegido para esta tribuna.

Antonio Arias Rodríguez es síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.